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El paseo por Tribunales lo distrajo del encierro. Domingo Cavallo abandonó ayer su celda en Gendarmería de Campo de Mayo, donde está preso por contrabando agravado de armas, para practicar su deporte favorito: defender su gestión. Sus argumentos coincidieron con los del ex presidente Fernando de la Rúa, quien sostiene que lo derrocó una confabulación. Cavallo fue más allá al asegurar que “entre el 19 y el 30 de diciembre se produjo un golpe institucional” que produjo la renuncia de De la Rúa y de Adolfo Rodríguez Saá. “El objetivo fue la cesación de los pagos del Estado argentino y la destrucción del régimen de convertibilidad monetaria que regía desde el 1º de abril de 1991”, precisó. Lo hizo al declarar como testigo en la causa sobre el supuesto complot que habría derrocado al ex mandatario aliancista. El juez del caso estudia si ocurrió algo similar con Rodríguez Saá y analiza una medida en base a los dichos de Cavallo.
El ex ministro de Economía acusó a su eterno adversario, el diputado radical Leopoldo Moreau, de ser el “autor intelectual” del quiebre institucional, y señaló que también fue promovido por el presidente de la Unión Cívica Radical, Angel Rozas, los presidentes de los bloques de diputados y senadores de ese partido Horacio Pernasetti y Carlos Maestro, respectivamente, y el diputado radical Jesús Rodríguez. Moreau rechazó enérgicamente los dichos de su archienemigo. Según Cavallo, esos políticos “creyeron que de esta forma se resolverían los problemas de endeudamiento del sector privado, porque permitiría la pesificación total de la economía y la transferencia de recursos de acreedores a deudores”. Y estimó que esa creencia “puede haber constituido la principal fuente de financiamiento del golpe”. También apuntó contra el actual canciller al referir que “los diarios daban cuenta de reuniones entre el gobernador (Carlos) Ruckauf y dirigentes del radicalismo bonaerense para conformar un supuesto gobierno de Unidad Nacional”.
En un escrito que presentó ante Oyarbide, indicó cuáles fueron los “instrumentos” de la maniobra. “La decisión de boicotear el inicio del tratamiento de la Ley de Presupuesto para 2002, la solicitud de renuncia de todo el gabinete nacional, el pedido de renuncia al propio presidente De la Rúa el 20 de diciembre, la oposición en el Congreso del llamado a elecciones en 90 días y la condición de derogación de la Ley de Convertibilidad y pesificación de la economía impuesta al presidente Eduardo Duhalde para brindarle apoyo parlamentario”, enumeró. Y concluyó que “todos estos instrumentos se utilizaron en un contexto de disturbios facilitados por la inacción de la Policía Bonaerense que ellos, como mínimo, habían contribuido a decidir a través de un juego de oposición, presión y negociación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires”.
Cavallo había llegado al despacho de Oyarbide tras compartir el viaje desde Campo de Mayo con el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos. Cuando estuvo frente al magistrado, contó que el 19 de diciembre presenció una reunión en la cual los senadores radicales Raúl Alfonsín, Carlos Maestro y Horacio Pernasetti plantearon a De la Rúa “la necesidad de que renunciara todo el gabinete”. Según el padre del corralito, los radicales acordaron darle apoyo a Duhalde a cambio del compromiso de abandonar la convertibilidad y la pesificación de la economía. “Esto me fue confirmado por el (actual) ministro de Economía Jorge Remes Lenicov durante una conversación telefónica que mantuvimos en enero”, agregó. Le habían exhibido la declaración que prestó anteayer la ex ministra de Trabajo Patricia Bullrich, quien abonó la hipótesis de un complot para sacar del poder a De la Rúa e imponer la devaluación del peso. Como no podía ser de otra manera, Cavallo coincidió “totalmente” con la ex funcionaria. El testigo, ex funcionario de la dictadura, opinó que las normas dictadas a partir de la Ley de Emergencia Económica “constituyen un alzamiento contra las garantías constitucionales de los argentinos y extranjeros, violando la libertad de usar y gozar de la propiedad”.