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Pocos temas económicos, quizá ningún otro durante esta gestión presidencial e inclusive tomando algunas anteriores, deben de haber merecido más debate que la creación de Enarsa. Desde que en abril pasado la cartera de Planificación lanzó la idea, en medio de una batería de medidas para contrarrestar la crisis energética en cierne, se ha sucedido un intenso intercambio de ideas en foros, a través de documentos, opiniones en medios de comunicación y otros espacios públicos, como no se tenía registro desde largo tiempo atrás. Pero algunos datos del punto de arribo, ahora que la creación de Enarsa es ley, indican que tanta discusión no fue muy eficaz para cambiar el criterio propio del Gobierno, más allá de modificaciones practicadas en el camino del proyecto entre ambas cámaras legislativas, con el sentido de dar garantías de que no terminará privatizada.
El abanico de críticas supera ampliamente al del consenso. Desde izquierda se propuso una intervención más activa y se reclamó por una política energética ausente. Desde derecha, cuestionando que el flamante engendro rompa un modelo –el heredado de las privatizaciones– sin llegar a formular uno nuevo. Al poner sobre la mesa el tema de la participación estatal en el sector energético, el Gobierno les abrió el juego a todos ellos, pero desatendió los reclamos. Aunque muchas definiciones, quizás intencionalmente, permanezcan ausentes.
De todas las críticas planteadas, la que goza de mayor validez es la ausencia de política sectorial. Las intrigas cuentan con datos que las alimentan. Por ejemplo, el extraño silencio de las propias petroleras privadas en todo este debate, lo que algunos interpretaron como una “oculta complicidad” con un proyecto que suponen condenado al fracaso desde su concepción. La permanencia de Daniel Cameron al frente de la Secretaría de Energía, cuya postura es mucho más cercana a los intereses privados que a las buenas intenciones de Enarsa, dando pasto a las especulaciones. Las expresiones de Luis Corsiglia, “el hombre de la Bolsa” en el directorio de Enarsa, llevando tranquilidad al sector privado pero preocupación a los que se ilusionan con una intervención estatal más activa. Finalmente, Exequiel Espinosa, designado al frente de la nueva empresa, es un ingeniero bien conocido en el sector privado, en el que se desempeñó hasta hace menos de un año. La presencia de Aldo Ferrer, adscripto al Plan Fénix, quizá compense en parte esas preocupaciones.
Los nombres no lo definen todo, pero ayudan. La política de Enarsa todavía está por verse. El Gobierno ya cuenta con el arma, ahora falta ver hacia dónde apunta.