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El paro del personal legislativo postergó, se supone que sólo hasta hoy, la aprobación del pliego de Ricardo Lorenzetti y la acusación a Antonio Boggiano. Lo de Lorenzetti en el Senado será un trámite. Lo de Boggiano es más peliagudo, ya que requiere una mayoría de dos tercios en Diputados. La Comisión de Juicio Político votó el dictamen acusatorio por unanimidad y tal parece que ésa será la decisión que se tomará en el recinto. Ayer, mientras sonaban los bombos de los empleados, Carlos Ruckauf se dedicaba a procurar votos absolutorios dentro de las huestes del PJ. Habrá que ver cuántos cosechó. Si entra Lorenzetti y Boggiano queda en preembarque hacia la sociedad civil, el lector podría suponer que el Gobierno debería prepararse para gritar “bingo”. Pero no es tan así. La Corte sigue sin tener integración definitiva y sin consolidarse como un poder autónomo y prestigioso del Estado. El verbo “conformar” tiene varias acepciones, dos vienen a cuenta en este caso. La Corte no termina de conformar. Ni de conformarse.
La regeneración avanza; la designación de Lorenzetti fue un paseo comparada con las tormentas que precedieron a la de Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay. La mejor calidad técnica del actual tribunal es indiscutible; nadie desconoce la sideral diferencia que la separa respecto de lo que fue la Corte menemista. Y, sin embargo, en el Gobierno no las tienen todas consigo. No se trata de una victoria a lo Pirro (un supuesto éxito que termina en una derrota) sino de algo menos definitivo: un proceso largo, intrincado. Un nuevo poder institucional en una república desvencijada no se logra sin costos, sin contradicciones, sin precios.

CINCO SON DEMASIADOS

Sujeta a las zozobras de los sucesivos juicios políticos, la Corte no consigue una composición estable que la habilite a decidir importantes temas de Estado que van quedando para después de la feria de enero. La batalla de los dos intendentes de San Luis es uno. El otro, de lejos el más importante, es la constitucionalidad de la pesificación.
El fallo “Bustos” reconoció, apenas con los cinco votos indispensables, la constitucionalidad de esa decisión del gobierno de Eduardo Duhalde. Pero su aplicación se circunscribe a casos de depósitos bancarios de alto monto. Zaffaroni propuso una solución distinta para ahorristas de 70.000 dólares o menos. Ese planteo nada tiene de obligatorio (no se refiere al expediente, no fue apoyado por otros jueces), pero precipitó un escenario ineludible. Un jurista del gabinete (en el que revistan varios) define así la situación: “Aunque la solución Zaffaroni no se siga al pie de la letra, está claro que impuso su criterio, que es valorar la constitucionalidad en base a valores, variables según el caso. Si no hay una regla, sino opciones valorativas, no hará falta una nueva sentencia, sino unas cuantas”. Para empezar en términos sensatos esa saga, que le pone los pelos de punta al ala económica del Gobierno, hacen falta un elenco estable de la Corte y cinco votos que tiendan a convalidar la pesificación. Pero de los cinco supremos que hicieron mayoría en “Bustos” hay dos en duda o en tránsito. Uno es Zaffaroni, a quien el Gobierno ve como un potro indómito. El otro, claro, es Antonio Boggiano.
El último “automático” fue el más sagaz, quien entendió que para sobrevivir debía “convertirse”, adecuarse a los nuevos tiempos. Su espíritu adaptativo (o camaleónico, el lector dirá) hasta le valió cierta simpatía desde el Ejecutivo. Alberto Fernández, Roberto Lavagna y Carlos Zannini observaron que Boggiano era más funcional al Gobierno que varios de los nuevos. Prosperó entonces la idea de poner su juicio político en el freezer al menos hasta los Idus de marzo de 2005. La calidad técnica de los fallos de Boggiano, su bajo perfil, su falta de look menemista le servían de atenuantes. Pero el diputado Ricardo Falú apuró los trámites, quizá sin tener luz verde del Ejecutivo. Nada hubo de incoherente en suactitud. Al contrario, era una incongruencia preservar a Boggiano de la higiene institucional. Pero en la Rosada se aspiraba a otro manejo del tiempo y el legislador tucumano, pese a ser un kirchnerista de la primera hora, sintió zumbar sus oídos. Al amigable tucumano hasta lo compararon con Maximiliano Robespierre. Empero, da la sensación de que el transcurso del tiempo jugó a su favor. En la cancha (en este caso en el recinto) se verán los pingos, pero, hoy por hoy, el juicio da la sensación de ser un tren bala institucional que puede llevarse puesto a cualquier oficialista que interfiera en su camino. Miguel Bonasso, otro diputado kirchnerista dotado de buena entrada a la Rosada, echó algo de bálsamo entre el Ejecutivo y Falú. En definitiva, aseguran integrantes de la cohesionada Comisión de Juicio Político, el Ejecutivo entendió y hasta Lavagna les hizo llegar señales de que sus objeciones a la expulsión de Boggiano (o a su oportunidad) eran cosa del pasado.
Con Boggiano desactivado, con Argibay sin sumarse hasta febrero, cuesta llegar a los famosos cinco. Tal vez Lorenzetti sume uno. Tal vez.

UN PRESIDENTE CON POCO PODER

La Corte debe dictar sentencias, claro. Pero además es un poder del Estado que maneja presupuesto, personal, relaciones institucionales. Pero hete acá que Enrique Petracchi no se consolida como presidente del tribunal. En el Gobierno rezongan de modo cada vez más audible sobre la falta de muñeca política de quien encabeza un poder del Estado. Tres son los reproches básicos que se le formulan. El primero es haberse generado demasiados enemigos por falta de manejo. El segundo, no haber logrado articular un trabajo conjunto con los otros supremos. El tercero, no tener diálogo abierto con el Ejecutivo ni el Legislativo. Vamos por partes.
- Demasiados frentes: “Hay una cosa peor que rehuir una batalla. Es perderla”, define, conforme la bolilla uno del manual del peronismo, un integrante del Ejecutivo. A su ver, Petracchi no debió colisionar con el Consejo de Magistratura por el sueldo de los judiciales y los jueces, máxime si no tenía la fuerza necesaria para prevalecer. Petracchi viene perdiendo la pulseada política, no tiene sólidos fundamentos en el debate legal. Y, para colmo, propugnó un importante aumento para los jueces, algo que fue leído como un gesto corporativo y antipático. Era muy difícil leerlo de otro modo. También hay cuestionamientos a la falta de participación de Petracchi en el Consejo de la Magistratura, que también integra.
Por añadidura, la Corte se ganó la tirria de muchos jueces de primera y segunda instancia a partir del voto de Augusto Belluscio y Juan Carlos Maqueda en la causa Bustos. Ambos fulminaron “el festival de amparos” que sucedió a la pesificación y desencadenaron una resistencia y un odio corporativo que acaso se busca mitigar con el aumento salarial desmedido. Petracchi no votó en ese juicio, pero, claro está, paga los costos de lo que firmaron sus colegas.
- Falta de unidad: Hay consenso dentro del Gobierno en definir a la Corte como un conjunto de solistas. Zaffaroni se lleva las palmas por lo que, en el Congreso y en la Rosada, se juzga una sobreactuación de su individualismo. “Está construyendo su bronce y no trabajando como el integrante de un poder del Estado”, rezongan en más de un despacho ministerial. Juan Carlos Maqueda sigue siendo el cortesano a quien el Gobierno adjudica más sensatez y mejor visión política, lo cual es un diagnóstico de las dificultades pues Maqueda (un cuadro político trasladado sin escalas del Senado a la Corte, en una maniobra que alude al pasado que el Gobierno quiere superar) ni es el presidente del tribunal ni podrá ser una referencia fuerte para los jueces que han entrado con el aliento de la nueva institucionalidad.
- Teléfono roto: “Nadie, Kirchner menos que nadie, pretende que ésta sea una Corte adicta que resuelva lo que le ordena el Ejecutivo. Pero tampoco se puede funcionar con una Corte que no tiene intercambio con el Gobierno. Hay temas que tratar, dentro de la ley, sin violar las reglas. Los otros eran teledirigidos; éstos no atienden el teléfono. Para colmo ni Gustavo Beliz ni Horacio Rosatti se han esforzado mucho por dialogar con ellos”, describe un abogado que integra el gabinete y que no es ni Beliz ni el actual ministro de Justicia. El diálogo, no la obsecuencia, es percibido como una necesidad que, por estilo personal, Petracchi retacea.

NOVELA POR ENTREGAS

La presión sindical añadió suspenso a dos instancias determinantes de la renovación de la Corte que, por avatares de agenda, terminan en sincronía. Si hay acuerdo con los gremios (algo que al cierre de esta edición era considerado posible pero no seguro por las autoridades de ambas cámaras), un juez tendrá expedita la entrada a su despacho en el cuarto piso de Tribunales y otro estará a un tris de ser acusado. En el Gobierno se espera, filosóficamente, que Boggiano renuncie para minimizar el daño. Quedarían otra vez ocho supremos y quizá Rosatti replantee su hipótesis (por ahora muy minoritaria) de reducir a siete miembros la planta del tribunal.
En el ínterin habrá que ver si se consiguen los famosos cinco votos, si mejora la relación con los jueces inferiores, si se va zanjando el papelonero conflicto con el Consejo de la Magistratura.
Mientras se acomodan las cargas, vale una moraleja a cuenta. No es sencillo restaurar desde los despojos un poder del Estado, así exista la famosa voluntad política. La Corte Suprema mejoró su reputación, se convirtió en un protagonista con iniciativa, viene dictando fallos que alteran la inercia política. Pero, todavía, no termina de conformar ni de conformarse.