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Carina Sauco estaba embarazada de tres meses y medio cuando la policía la arrestó, luego de participar de una protesta piquetera en la ciudad de Las Heras, Santa Cruz. Detenida en la comisaría local, asegura que perdió a su bebé por los golpes que le dio un oficial de policía. Esta semana, ella y su marido, Claudio Bustos, dirigente de la coordinadora de desocupados Solidaridad, estuvieron en Buenos Aires para difundir su denuncia.
–¿Cuándo la detuvieron?
–El 1o de diciembre, con otras ocho personas. La noche anterior había sido la represión (por la toma de la petrolera Oil OMS) y a la mañana siguiente nos reunimos en la casa de un compañero. Yo había ido a la reunión con Claudio, que después fue a ver al delegado de la empresa a la que le estábamos haciendo el reclamo. Un rato más tarde, la policía allanó la casa. Patearon la puerta, golpearon a los varones y nos ataron las manos en la espalda a todos con precintos de plástico.
–¿Quién hizo el allanamiento?
–La policía de la provincia con una jueza de Pico Truncado, Graciela Ruatta de Leone, que también estuvo en la comisaría donde nos llevaron. Yo era la única mujer entre los detenidos, entre los que había un chico de 16 años. Cuando ingresé, avisé que en mi casa habían quedado mis cuatro nenes solos y que estaba embarazada. Me llevaron a la cocina del destacamento con una oficial de custodia. Ahí me hacen parar contra la pared. Se escuchaban gritos. Después, un policía entró a la cocina y me empezó a agredir verbalmente. Decía que estaba contento porque iban a terminar con los piqueteros, preguntaba por Claudio: “Decime dónde está Castells, Nina, decime dónde está, que se borró y los dejó solos”. Empezó a pegarme. “Qué lindo es hacer tortilla de huevos”, y me pateó la entrepierna. Cuando me golpea, la oficial le dice “no la patees porque la señora está embarazada”. Me caí por el golpe. El me gritó que cerrara los ojos y me siguió golpeando en el estómago con el bastón de goma.
–¿Pudo verle la cara?
–Sí, es un policía de Las Heras. Sería de apellido Borquez.
Según su relato, después entró otro oficial, la hizo sentar y le desató las manos. La cambiaron de oficina y le tomaron las huellas digitales. Ella pidió que la llevaran al hospital porque había empezado a tener pérdidas. Una hora después entró al destacamento el cirujano del hospital, quien ordenó que la revisara una ginecóloga. A las cuatro y media de la tarde –tres horas después de ser golpeada, sostiene– la llevaron. En obstetricia le hicieron una ecografía que mostró que el bebé había muerto.
El viernes 3 le hicieron un legrado. Su marido, quien permanecía escondido con pedido de captura, se enteró porque un agente sanitario llamó a un conocido para contar lo que estaba pasando. Bustos consiguió que un diario de Río Gallegos publicara la denuncia. Ese día la causa cambió de jueza y liberaron a los presos. A Carina le dieron el alta el sábado. Aunque pidió un informe médico y la ecografía, se queja de que no se los entregaron. La pareja decidió alejarse del pueblo “por su seguridad”. Una semana más tarde presentaron la denuncia. La investigación quedó a cargo del juzgado federal de Comodoro Rivadavia.