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La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura votará hoy la imputación al juez Juan José Galeano por las irregularidades cometidas en la investigación del atentado contra la AMIA. Del total de siete miembros, cuatro deben aprobar el dictamen incriminatorio que fue redactado por los consejeros Marcela Rodríguez y Beinusz Szmuckler. Esos cuatro votos son prácticamente seguros, por lo cual el caso Galeano pasará al plenario del Consejo que sesionará el 10 o 24 de febrero. Allí se requerirán los dos tercios de los votos para enviar al juez al jury de enjuiciamiento que debe resolver si lo destituye o no. En ese caso, el mismo plenario del Consejo y en la misma sesión suspendería de sus funciones de juez a Galeano.
En forma sorpresiva, la sesión de la Comisión de Acusación fue mudada del Palacio de Tribunales a un edificio de la calle Libertad 731. La sesión de hoy, que está prevista para las 9.30, se realizará en el segundo piso, y se espera la presencia de grupos de familiares de las víctimas. Sucede que el proceso en la Comisión de Acusación se ha extendido por meses, en primer lugar porque el propio juez se tomó nada menos que siete sesiones para exponer y después porque varios consejeros fueron postergando la votación e incluso se ausentaron de las sesiones.
El pago de 400.000 dólares a Carlos Telleldín, es quizás, la principal imputación contra Galeano, ya que se realizó a espaldas de las partes, sin dejarlo para nada asentado en el expediente y se usaron fondos reservados de la SIDE. El objetivo fue que Telleldín acusara en su declaración judicial a un grupo de policías bonaerenses, que tras cartón fueron incriminados como cómplices del atentado. Según se ve en uno de los videos en los que quedó registrada la negociación del pago, a Telleldín incluso se le indicó la foto de un policía que algunos de sus allegados debían marcar como la persona que se llevó la camioneta que siete días más tarde estalló en la AMIA. En el dictamen de acusación también se le adjudican a Galeano la destrucción de pruebas –mandó a quemar videos– y el manejo arbitrario de la causa.
El magistrado fue duramente cuestionado en el fallo del juicio oral, en el que se le imputó un listado grande de delitos, algunos de ellos podrían no ser excarcelables. La resolución de los magistrados fue lapidaria, al punto que consideró que Galeano, junto con integrantes del Poder Ejecutivo en tiempos de Carlos Menem armaron una pista falsa para acusar a los policías bonaerenses y encontrar un culpable del atentado para simular una resolución del caso. Ya antes, la Cámara Federal había apartado a Galeano del expediente AMIA y ahora afronta el juicio político ante el Consejo de la Magistratura. En realidad, detrás de las irregularidades del caso AMIA hubo una estructura política y responsabilidades de quienes fueron jefes de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, esas imputaciones contra ex integrantes del gobierno de Carlos Menem están demoradas por cuanto la causa en que se investigan, por ahora a cargo del juez Claudio Bonadío, también está notoriamente demorada.
Si como se presume, hoy cuatro consejeros votan la acusación, el próximo paso estará en el plenario del Consejo de la Magistratura, integrado por 20 miembros. Allí se necesitan dos tercios de los votos de los presentes para confirmar la acusación y que el caso pase directamente al jury de enjuiciamiento, el paso final en la destitución. Habitualmente al plenario no concurren más de 18 consejeros, por lo que se necesitarán –ya sea el 10 o el 24 de febrero– 12 votos para que Galeano sea enjuiciado. En todos los casos anteriores, cuando el Consejo dispone enviar al jury a un juez, se lo suspende de sus funciones. El jury tiene 180 días para completar el proceso: en ese período debe resolver si destituye o no al magistrado. En su momento, Cristina Kirchner –integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Investigación de los Atentados– fue de las legisladoras que más cuestionó el papel de Galeano y una resolución de su marido, ya en ejercicio de la presidencia, permitió que comparezcan a declarar al juicio oral los integrantes de la SIDE que participaron de la operación del pago. De esos testimonios surgió parte de las pruebas que respaldan la acusación que se votará hoy.