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Los sótanos que están debajo de la avenida de 9 de Julio, a metros del Obelisco, no son las cavernas de Cromañón pero se le parecen. 75 de las 310 cocheras explotadas bajo el asfalto por el Estacionamiento Parking Express pertenecen a dueños fantasma. La propietaria, como la dueña del edificio gerenciado por Omar Chabán, es una sociedad extranjera, una off-shore panameña de orígenes anónimos. Tan anónimos como los dueños que se encuentran detrás de otros 16 mil edificios de la ciudad de Buenos Aires. Las propiedades suelen estar en las calles más recoletas: avenida Del Libertador, Guido o Anchorena, entre otras. A pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), el Registro de Propiedad elaboró un listado –al que accedió este diario– con direcciones, montos, titulares y orígenes de las sociedades fantasma. Para el titular de la IGJ, Ricardo Nissen, todos esos edificios son virtuales Cromañón: pantallas de propietarios que con la trasferencia de bienes eluden responsabilidades civiles, tributarias o penales.
Detrás de esta otra ciudad, la ciudad fantasma, no están sólo los grandes evasores, ni los narcolavadores provenientes de los lejanos Carteles de Medellín, de Cali o de Juárez. Según Nissen, buena parte de los verdaderos dueños anónimos de las propiedades en manos de supuestas off-shore son “los argentinos que tenían la plata en el exterior y que se compran un inmueble para traerla”. O son los que buscan insolventarse frente a un divorcio o a una quiebra. Quienes intentan desheredar a uno de sus hijos o quienes se deshacen de lo que tienen cuando los persigue la Justicia. Para hacerlo, inventan una empresa originada en exóticos paraísos fiscales, países cuyas legislaciones les permiten obtener acciones al portador para preservar el anonimato. “Y cuanto más exóticos son esos países de origen –sigue Nissen–, mejor.”

La guía off-shore

Bryce Services Corp es una supuesta compañía constituida en Tortola Islas Vírgenes, por ejemplo. Figura como propietaria de una manzana completa, ubicada entre Alvarez Thomas 114/98, Concepción Arenal 3419/99 y avenida Córdoba 6163. Babilonia Holding Inc., otro de los casos, obtuvo la misteriosa unidad funcional 88 de la avenida Libertador 766. Según la referencia del Registro de Propiedad Inmueble, esta sociedad de origen panameño habría hecho la operación ante el escribano Ignacio Allende Lenston. International Corporation, de Islas Vírgenes Británicas, en cambio, aparece como propietaria de tres unidades funcionales de la calle Florida 274/90, una operación certificada por escritura de Claudio Caputo.
Al compás de las sociedades de procedencias exóticas, en la ciudad de Buenos Aires crecieron las propiedades que según los registros están en manos de compañías fundadas del otro lado del Río de la Plata. Y tal vez la mayor parte de las que figuran en el listado son de esa procedencia, especulan en la IGJ. Los casos en los que se han detenido los inspectores no son todos, sino apenas aquellas empresas con más de una propiedad.
Altom SA es uno de los ejemplos. Esta sociedad uruguaya figura como propietaria de las unidades funcionales 1, 2, 3 y 4 de la calle Thompson 419, esquina Juan Bautista Alberdi. El acta fue avalada por el escribano Gabriel Boncenbiante. Beterson SA, otra uruguaya, aparece como propietaria de 32 unidades funcionales de la calle Cuba 1938/42 del barrio de Belgrano. El registro 127/000978 indica al escribano Diego Gutman Martini como encargado de supervisar el acta. Hellrox Investment SA habría comprado 9 unidades funcionales sobre la calle Arias 1657. Imhogar Sociedad en Comandita por Acciones, en cambio, ancló su territorio en México 1953/55. Como en el caso del Estacionamiento Parking de la 9 de Julio, en ocasiones, el objeto de la compra no es un departamento o una casa sino cocheras. El estacionamiento en cuestión está en Lavalle 1151/53. Cuenta con 310 cocheras, de las cuales 210 se comercializan. El caso resultó paradigmático para la IGJ no sólo porque se trata de una operación en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, sino por sus dimensiones. La IGJ, de momento, no investiga todas las cocheras sino sólo 75, que fueron adquiridas en un mismo acto por un valor de 700 mil dólares el 12 de octubre de 2000 por una firma de origen panameño llamada Yama International Corp.
Si algo sucediera bajo ese subsuelo y alguien decidiera iniciar una batalla penal contra los dueños de Yama International probablemente se encontrará con peores resultados que los de Cromañón. Este tipo de sociedades pantalla están doblemente protegidas: no sólo funcionan como un sello y con la garantía del anonimato de las off-shore (ver aparte). Todas ellas –de acuerdo con la IGJ– hicieron las operaciones de compra invocando la figura de “acto aislado”, un vericueto legal que les permitía a las empresas extranjeras hasta octubre de 2003 operar en el país sin inscribirse.
“En la facultad se explica así –detalla nuevamente Nissen–: el ‘acto aislado’ fue pensando originalmente como una herramienta de promoción industrial: servía, por ejemplo, para que una empresa alemana que pasaba por la Exposición Rural tuviese facilidades si decidía llevarse un toro, por ejemplo.” Compraba un toro y se iba. Y a lo mejor al año siguiente compraba otro, sigue el jefe de la IGJ. “Y como lo único que hacía en el país era eso, comprarse un toro o un tractor, no tenía sentido que se registrara como lo hacen las extranjeras que tienen filiales o se dedican a hacer operaciones regulares en el país.”
Pero de comprar toros, este tipo de sociedades pasó a comprar no sólo un edificio sino hasta una manzana completa. O “grandes inmuebles urbanos o rurales, buques, aeronaves o rodados de gran valor, ejercen la constitución o sesión de hipotecas de sociedades comerciales”, tal como lo advirtió la Resolución General del 8 de octubre de 2003 elaborada por la IGJ para ponerles freno. Compraron y crecieron fundamentalmente durante la década del 90, y –tal como lo que sucede con las que aparecen como propietarias de los 16 mil edificios de la ciudad fantasma–, ninguna está inscripta en la Inspección General de Justicia, donde lo hacen las nacionales y las extranjeras –aún las off-shore– que operan en la ciudad. Eluden así, según la IGJ, los compromisos que surgen de las relaciones jurídicas con propietarios, registros y consorcios. Relaciones que comienzan a ponerse en juego con la compra de un inmueble, por ejemplo.

Las réplicas de Cromañón

En las sábanas del listado de propietarios fantasma de la IGJ no están ni todos los inmuebles, ni todos sus propietarios. En primer lugar, porque son representantes sólo de aquel grupo de fantasmas, conocidos como los exponentes de los “actos aislados”. En segundo lugar, por problemas de informática: el Registro de Propiedad Inmueble sólo les pasó el listado del archivo informático desde que existe la informatización, es decir desde el año 1993. Los inmuebles que se compraron antes aún no están contados.
La información entró a la IGJ a comienzos de 2003, desde ese momento, cada vez que el Registro recibe la información de una propiedad comprada o transferida a una sociedad extranjera o sospechosa se lo pasa a los inspectores. Así llegaron a la IGJ algunos de los casos de evasores, dueños fantasma, testaferros o aquellos de quienes se escapaban de laJusticia pero mientras lo hacían simulaban transferencias de bienes a nombre de las siempre ponderadas empresas extranjeras.
A mediados de 2003, por ejemplo, se encontraron con la historia de los negocios de Manuel Pallasá. Este abogado conocido por un escándalo en los medios había vivido tranquilamente hasta junio de 2001 sobre sus 247,37 metros cuadrados de la unidad funcional número 12, en el piso 11 de un coqueto edificio de la calle Guido 2636, valuado en 102 mil dólares. En el segundo subsuelo tenía su cochera y en la planta baja conservaba una baulera. En ese mes de junio lo vendió. Cuando el año pasado dos inspectores de la IGJ tocaron el timbre de su antigua propiedad, se encontraron con su vieja empleada doméstica. La señora Beatriz Biribin tenía 67 años y muy pocas ganas de conversar. Les dijo que “tenía prohibido hablar por orden de sus patrones”. Y que “el patrón se fue a vivir a Italia por los problemas”, según quedó escrito en la resolución 1063 de agosto de 2004.
De los problemas del abogado les habló el encargado del edificio. “Por varios medios de comunicación (se había enterado de) el propietario Pallasá, a través de una cámara oculta que efectuó el programa Telenoche Investiga, realizaba maniobras extorsivas en connivencia con un juez penal.” Para entonces, Pallasá tenía pendientes 14 causas penales en calidad de imputado. Y el Colegio Público de Abogados de la Ciudad ya le había suspendido la matrícula, según consta en la investigación.
Los inspectores no lo buscaban a él sino a una empresa semejante a las que pululan en la ciudad: Nambil SA, una sociedad de origen uruguayo que aparecía como propietaria del inmueble cuando se inició la investigación. Desandando el camino, supieron que Nambil había comprado la casa de la calle Guido el 24 de julio de 2002, por escritura 249 del protocolo de la escribana Zulema Zarza, aunque aún seguía viviendo allí “la obediente empleada doméstica”, indica el informe. Nambil no le había comprado la propiedad a Pallasá, sino a otra sociedad extranjera llamada Rawlex SA, de origen uruguayo. Los inspectores determinaron que el abogado primero habría pasado su casa a nombre de una cuñada, y luego aparentemente simuló las otras dos operaciones de transferencia en las que hizo intervenir a las off-shore. El caso terminó en agosto de 2004 con un pedido de la IGJ a la Justicia para que declare la “nulidad por simulación e inoponibilidad de la personalidad jurídica” de las dos pseudo compañías.
Las trampas jurídicas de escapes parecen esconderse detrás de cada sociedad. Detrás de la exótica Millintown Corp. SA, otra sociedad extranjera de origen uruguayo, la historia parece repetirse. Sólo que en este caso las dueñas no huyeron como lo hizo el abogado: ellas vendieron tres propiedades, dos sobre la calle Ricardo Balbín 4300 y una sobre Lugones al 4100. El representante legal de la compañía pagó 117.000 por las tres, pero las dueñas, en lugar de abandonar las fincas, se quedaron. Cuando los inspectores las interrogaron, les respondieron que permanecían “en comodato”.