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El canciller Rafael Bielsa anunció ayer en el Senado que el Ejecutivo mantiene su voluntad política de que sea ratificado el tratado internacional más importante para combatir la discriminación hacia las mujeres. El mensaje de Bielsa se escuchó un día después de que la cúpula del Episcopado pidiera a los legisladores que frenaran la aprobación de ese instrumento jurídico de la ONU, conocido como Protocolo de la Cedaw. La jerarquía católica sostiene que abriría las puertas para la despenalización del aborto y avasallaría la soberanía nacional. Bielsa puso a disposición de los senadores un dictamen de la Consejería Legal de la Cancillería que rechaza ese argumento y lo considera una “interpretación equivocada” porque no crea nuevos derechos y el Comité de la Cedaw sólo hace recomendaciones a los países. Detrás de su ratificación se encolumnan el movimiento de mujeres y entidades de derechos humanos lideradas por Amnistía Internacional. Argentina es el único país del Mercosur y uno de los tres latinoamericanos que todavía no lo aprobó.
Bielsa no fue el único funcionario del Gobierno que ayer salió a defender la ratificación del Protocolo de la Cedaw. Graciela Rosso, viceministra de Salud, dijo que su aprobación busca resolver “un problema serio” y que su carácter es “más amplio que lo que cuestiona la Iglesia”.
El canciller dejó sentada la posición del Gobierno en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, a la que concurrió al inaugurarse las reuniones de este año, para repasar la agenda legislativa. Fue acompañado por la embajadora Juliana Di Tulio, a cargo del Area Mujer del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien se encargó de detallar el proceso que siguió el Ejecutivo hasta pedir al Senado la aprobación de este tratado internacional a fines de diciembre. “Consultamos a todas las áreas del Ejecutivo con injerencia en el tema de la mujer, a las entidades de derechos humanos y a las organizaciones no gubernamentales del movimiento de mujeres”, explicó luego Di Tulio a Página/12. Entre otros organismos, dieron su dictamen favorable el Consejo Nacional de la Mujer, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, la cartera de Desarrollo Social, la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Cancillería. Bielsa puso a disposición de los senadores el dictamen de la Consejería Legal de la Cancillería que contesta las objeciones de la Iglesia Católica y las considera como “interpretaciones equivocadas”.
“El Protocolo es el instrumento internacional más importante para proteger los derechos humanos de las mujeres”, destacó la embajadora Di Tulio, en diálogo con este diario. Nunca antes la aprobación de una herramienta de defensa de los derechos humanos generó tanta resistencia de la Iglesia Católica.
La ratificación de este tratado debe aprobarla el Congreso a solicitud del Presidente. La jerarquía eclesiástica viene presionando para cajonearla desde hace varios años. El ex presidente Fernando de la Rúa fue el primero que pidió la ratificación. Pero su tratamiento naufragó con la caída del gobierno de la Alianza y luego el proyecto fue retirado del Congreso durante la gestión de Eduardo Duhalde por el fuerte lobby eclesiástico, que recrudeció en los últimos meses. Antes del pronunciamiento del martes de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal ya había expresado su oposición el Secretariado para la Familia del Episcopado y varios obispos a título personal, entre ellos monseñor Baldomero Martini, de San Justo, y Martín de Elizalde, de 9 de Julio, con sendas cartas al titular del Senado, Daniel Scioli. Organizaciones “pro vida” están atestando las casillas de correo electrónico de los legisladores y reparten folletos con su posición en los alrededores del Congreso, donde en las últimas semanas han aparecido pintadas en contra de la ratificación del Protocolo.
“Los argumentos de la Iglesia son engañosos. El Protocolo no consagra nuevos derechos, en consecuencia no puede despenalizar el aborto. Tampoco avasalla la soberanía. Argentina ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y es un acto soberano hacerlo”, señaló a este diario Andrea Pochat, directora adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales, que junto con Amnistía Internacional y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos están batallando para que se ratifique sin objeciones.
El tratado en cuestión es un anexo de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que tiene rango constitucional desde 1994 y es un instrumento de la ONU fundamental de defensa de los derechos humanos de las mujeres. Esta convención (conocida como Cedaw, por sus siglas en inglés) exige a los estados la adopción de medidas tendientes a eliminar la discriminación de género. El Protocolo abre el camino para denunciar en un ámbito internacional, en este caso ante el Comité de la Cedaw, la violación de esos compromisos, siempre y cuando se hayan agotado las instancias legales locales, como ocurre con otros tratados de derechos humanos como la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana de DD.HH.
El martes, en la reunión de Labor Parlamentaria del Senado se acordó que el tema se debatiera en el recinto en la segunda semana de abril. A pesar de la oposición de un sector del justicialismo –en sintonía con la posición de la jerarquía católica–, el oficialismo, en alianza con radicales y partidos de izquierda, contaría con los votos suficientes para su aprobación. Después, el Protocolo deberá pasar el examen en Diputados.
“Es una asignatura pendiente. Ya llevamos varios años de retraso. Esperemos que la ratificación del Protocolo no siga siendo una deuda con las mujeres”, consideró la senadora justicialista Marita Perceval, tenaz defensora del tratado.
“Somos el único país del Mercosur que todavía no lo aprobó. Es una vergüenza”, sentenció el socialista Rubén Giustiniani, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Junto con la justicialista Sonia Escudero y los radicales Norberto Massoni, Juan Carlos Marino y Mario Losada, Giustiniani acompañó con su firma un despacho de minoría de esa comisión sobre el tema, que plantea la aprobación del Protocolo sin ninguna restricción. El de mayoría –de seis peronistas– apoya su ratificación pero con “reservas”: no reconoce al Comité de la Cedaw competencias para opinar sobre políticas internas de la Argentina, aun cuando violen los derechos de las mujeres, y establece una cláusula declarativa de defensa de la vida desde la concepción. Ese dictamen lleva la firma de Ramón Puerta y Eduardo Menem, entre otros. El senador Puerta, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, defendió ayer ante Bielsa su posición, coincidente con la del Episcopado.
“Si se aprueba con reservas se lo vacía de sentido”, objetó Soledad García Muñoz, presidenta de Amnistía Internacional Argentina. Ratificarlo en su totalidad, como impulsa el Gobierno, sería “un paso histórico de Argentina hacia el pleno reconocimiento y protección de los derechos humanos de las mujeres que la habitan”, evaluó García Muñoz.