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Tras la crisis por el cese del obispo castrense Antonio Baseotto, la Semana Santa terminó sin excomulgados, misas incendiarias e iglesias quemadas. Si la frase no hubiera quedado marcada para siempre desde 1987, cualquiera diría que hubo felices pascuas y la casa está en orden. Pero el conflicto con el Vaticano sigue latente y sólo avanzará cuando el Gobierno conozca el contenido real de la carta que supuestamente el cardenal Angelo Sodano envió o enviaría al canciller Rafael Bielsa.
En el asunto Baseotto la última jugada diplomática corrió por cuenta del Gobierno. Fue cuando el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, entregó al nuncio Adriano Bernardini una copia del decreto que el presidente Néstor Kirchner dictó para quitar el acuerdo que su antecesor Eduardo Duhalde había dado para que Baseotto fuese nombrado obispo castrense. El decreto también ordenaba no pagar más los cinco mil pesos mensuales que obtenía hasta ese momento el ordinario castrense, como se llama el cargo en la jerga oficial.
El Gobierno aguarda, aunque sin ansiedad manifiesta, la respuesta de Sodano y el nuncio. Se trata de una espera matizada por cierto terrorismo verbal según el que Kirchner vendría a ser una especie de Chou En-Lai ocupado en completar la Revolución Cultural china con la supresión, en la Argentina, de la libertad religiosa de la que goza hoy, como única forma de culto solventada por el dinero público, la Iglesia católica.
Página/12 ya informó ayer sobre los inconvenientes que tendría para el Vaticano usar la figura del canon 412 del Derecho Canónico sobre “sede impedida”, cosa que habría sucedido si Baseotto hubiera sido relegado, desterrado, declarado incapaz o hecho preso. Para eso el obispo “ni aun por carta” debe poder comunicarse “con sus diocesanos”.
En cuanto a los militares, siguen contando con sus capellanes, que no fueron relevados. Por lo demás, salvo en el caso de los marinos a quienes la necesidad de asistencia espiritual encuentre en alta mar, cualquiera puede recurrir al párroco más cercano a su casa o a su cuartel.
Sin argumentos concretos a la vista, el Vaticano podría apelar a tres variantes:

- Pedir a Kirchner precisiones sobre su decreto, lo que implicaría el absurdo de forzar a un Presidente a que se comprometa, por ejemplo, a establecer por escrito el derecho de un sacerdote a decir misa cuando ésa no es una concesión del poder político sino un derecho constitucional.

- Decir que la Argentina violó el tratado de 1957, que acordó el mecanismo de designación de los jefes de las capellanías de las Fuerzas Armadas.

- Sugerir que en el país hay una violación de la libertad religiosa.

Si la carta sigue la variante uno, de pedido de precisiones, es difícil que obtenga una respuesta satisfactoria para Bernardini. En rigor, bastaría con que el Gobierno dijera que los argentinos no decidieron en los últimos días suprimir la libertad de cultos, pero habría que ver si eso basta a los amigos vaticanos de Esteban Caselli, el embajador de la Orden de Malta en Perú y empresario gastronómico que también fue secretario de Culto de Carlos Ruckauf y Eduardo Duhalde.
La variante dos, sobre el tratado de 1957, no tiene salida evidente porque ese tratado no estipula qué hacer en caso de presunta violación de sus términos. Para el Vaticano, además, hablar de violación de tratados implicaría un riesgo: estimular a Kirchner a que denuncie el tratado y, pasado un año, reforme el obispado castrense. Reformar puede querer decir suprimirlo, como sucede en Uruguay o México. Puede significar también abrir la posibilidad de asistencia religiosa de los militares a otros cultos, cristianos y no cristianos.
La variante tres, sobre denuncia de violación de la libertad religiosa, sonaría difícil de creer en un país donde los obispos reciben el 80 por ciento del sueldo percibido por un juez nacional de primera instancia y en el que nadie prohibió a Baseotto decir misa ni a los militares, sus familias y personal doméstico, como reza el tratado correspondiente, participar de la liturgia de Semana Santa.
Lo único que podría vulnerar el sentido común es que la nota del Vaticano recogiera, por ejemplo, el mensaje dado por Juan Pablo II a los obispos españoles en enero último, que de hecho hace coincidir los conceptos de libertad religiosa y laicismo, que es sólo la separación de la Iglesia y el Estado.
Dijo el Papa sobre España: “En el ámbito social se va difundiendo también una mentalidad inspirada en el laicismo, ideología que lleva gradualmente, de forma más o menos consciente, a la restricción de la libertad religiosa hasta promover un desprecio o ignorancia de lo religioso, relegando la fe a la esfera de lo privado y oponiéndose a su expresión pública”. Y siguió: “Esto no forma parte de la tradición española más noble, pues la impronta que la fe católica ha dejado en la vida y la cultura de los españoles es muy profunda para que se ceda a la tentación de silenciarla”. Para rematar de este modo el párrafo: “Un recto concepto de libertad religiosa no es compatible con esa ideología, que a veces se presenta como la única voz de la racionalidad”. Conclusión: “No se puede cercenar la libertad religiosa sin privar al hombre de algo fundamental”.
El discurso del Papa siguió a la decisión del presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, de legalizar el matrimonio gay, en un contexto religioso donde sólo la quinta parte de los jóvenes tiene hábitos de catolicismo practicante.
El primer ministro ordenó a su Cancillería protestar ante el nuncio en Madrid por ese mensaje.