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La puesta en marcha del nuevo Código Contravencional porteño trajo una consecuencia inesperada: la persecución policial a los chicos que están en la calle. Los operativos contra los niños están amparados por los fiscales del fuero, que avalan la situación. Así lo denunciaron a Página/12 diversas organizaciones que trabajan en el área de la niñez. Según estiman, en los últimos dos meses hubo al menos 40 casos de chicos llevados por la policía. El hecho paradigmático ocurrió hace un mes: tres hermanitos fueron levantados en Florida y Córdoba por pedir limosna. Todos quedaron involucrados en un acta contravencional, cuyo facsímil se publica aquí. Y terminaron en una comisaría, incluido el menor, de dos años. El último episodio sucedió hace una semana en Retiro: 15 chicos, todos menores de 18 años, fueron golpeados, detenidos y derivados a la Justicia penal por “resistencia a la autoridad”. Su delito fue estar durmiendo en la calle y pretender escapar cuando llegó la policía. El Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del gobierno porteño ya alertó sobre la situación al Ministerio de Interior, de quien depende la Federal.
Según cálculos oficiales, unos 300 chicos viven en la calle en la ciudad de Buenos Aires. Y unos 3500 deambulan y realizan diversas tareas (de mendicidad, cartoneo o limpiavidrios) durante el día y regresan a sus casas a la madrugada. La mayoría pertenece al primer y segundo cordón del conurbano.
La embestida contra los llamados “chicos de la calle” o, como manda decir la corrección política, “chicos en situación de calle” se suma a otras recientes decisiones polémicas por parte de los fiscales contravencionales, encargados de velar por las normas establecidas en el Código de Convivencia: las instrucciones para limitar las protestas de los piqueteros y las filmaciones de prostitutas y travestis.
En el caso de los chicos, las organizaciones dedicadas a la protección de la niñez coinciden en que la Justicia contravencional y la policía renuevan con su accionar un debate que ya debería estar superado: el de la judicialización de la pobreza y el desamparo infantil, espíritu fundador de la cuestionada y perimida ley de Patronato.

Por favor, ayúdeme:

Con esa inscripción en una caja de cartón, los hermanos N.C., D.C. y R.C. estaban el 17 de febrero en Florida y Córdoba mendigando algún centavo. El primero tiene 9 años, la segunda 6 y el tercero, 2. El principal Carlos Rodríguez, de la comisaría 10, se topó con ellos y decidió actuar. Labró el “acta circunstanciada de comprobación contravencional” que se reproduce en esta misma página. Según consta allí, el artículo violado en esa oportunidad fue el 59 del Código. En el ítem “descripción de dicha falta”, el policía anotó: “Inducir a menores a mendigar en la vía pública calle Florida y Av. Córdoba con una caja de cartón totalmente solos y alejado de sus progenitores” (sic). Luego dio cuenta del secuestro de elementos: “Una (1) caja de cartón con la inscripción AKIRA y en la tapa ‘Por favor ayúdeme a comprarle pañales a mis hermanitos, mi mamá no puede trabajar porque está recién operada. Dios los va a ayudar. Gracias’ y la suma de $6,10 en billetes y monedas”. El principal da cuenta de que informó a la fiscalía 30, a cargo de Adrián Martín, y anotó los nombres de los pequeños. Como imputado inscribió a “NN - padre/madre de los nombrados”. Aunque ni el padre ni la madre (a quienes el principal acusó de inducir a los chicos a la mendicidad) estaban en el lugar, el policía anotó que “consultado el imputado si desea firmar el acta, manifiesta que no”. Terminada el acta, cargó a los tres niños en el patrullero y los llevó a la seccional. Hasta allí llegó preocupado, momentos después, el hermano mayor, de 15 años. Pero no sólo no consiguió que le dieran a sus hermanitos como pretendía, sino que también quedó detenido, como consta en una observación al final de la planilla: “En el acta –dice el texto– no está incluido A.C., de 15 años, al que no se le permitió retirar de la comisaría a sus familiares y fue también detenido”.
Después de tenerlos en la comisaría, la policía decidió llevar a los cuatro al Centro de Atención Ciudadana, una oficina en Combate de los Pozos 155 que depende de la Fiscalía Contravencional. Pero los responsables del lugar se espantaron cuando descubrieron a los “infractores” que traía el patrullero y se negaron a recibirlos. Los policías continuaron su periplo infantil hacia el Centro de Atención Transitoria del Consejo de los Derechos de los Niños. Allí finalmente quedaron a cargo del gobierno porteño.
En el Consejo aseguran que en ese momento fue la primera noticia que tuvieron de la situación de los cuatro niños. En la Fiscalía sostienen, en cambio, que la policía consultó con la guardia permanente del Consejo, pero que allí “daban vueltas”, por lo que decidieron actuar por su cuenta. También aseguran que la observación final sobre la detención del hermano mayor no figura en el acta original, aunque así llegó el fax a la guardia del Consejo. En la Fiscalía sostienen que el chico de 15 fue “invitado” a acompañar a sus hermanitos al destino final.
La diferencia de criterios entre la Justicia contravencional y la policía por un lado, y el Consejo por otro refleja la concepción distinta sobre cómo encarar el problema de los chicos en la calle.
–¿Le parece adecuado que un chico de 2 años vaya a parar a una comisaría? –le preguntó este diario a Luis Cevasco, el fiscal general adjunto a cargo de los temas contravencionales de la ciudad.
–¿Acaso fue golpeado? –respondió.

El delito de dormir:

El niño de dos años efectivamente fue cuidado y salió de la comisaría sin rasguño alguno. No es el caso de otros chicos, mayores por cierto que él, pero igualmente menores de 18 años, la edad que fija el Código Contravencional como límite de la imputabilidad. El martes 15 de marzo, en la zona de Retiro, 15 chicos fueron llevados a la comisaría 46ª “a resguardo”, porque eran supuestas víctimas de explotación. La policía también detuvo al adulto que presuntamente los explotaba. Horas después, el adulto era liberado porque no había pruebas en su contra.
Los chicos, sin embargo, quedaron en la mira. Dos días después, el jueves 17, el grupo pernoctó en la vereda del ferrocarril, enfrente del Patio Bullrich. La policía cargó de nuevo contra ellos, esta vez de la comisaría 17ª. Como estaban durmiendo, los empezaron a despertar. Y la reacción instintiva fue intentar escapar. La osadía fue caratulada como “resistencia a la autoridad”. Para cumplir su misión cabalmente, los agentes a cargo del operativo sacaron a relucir sus bastones y los aplicaron puntillosamente sobre los cuerpos de quienes pretendían huir de los representantes de la ley. Los menores ya dejaban de estar involucrados en un hecho contravencional y pasaban a incurrir en un delito previsto en el Código Penal. Por lo tanto, todos terminaron con una causa abierta en el fuero penal: fueron trasladados a la comisaría y de allí, esposados, al juzgado de turno.
De las esposas no se salvó ni el menor del grupo, de apenas 9 años. Una fotógrafa de este diario testimonió el hecho: las tomas que acompañan esta nota muestran a los chicos en el momento de ser llevados a su declaración indagatoria –doce horas después de ser detenidos– ante la jueza Mercedes Sassano. Pese a que el trámite se cumplía en Tribunales, donde la seguridad está supuestamente garantizada, los chicos seguían esposados. La denuncia sobre el episodio fue publicada por Página/12 al día siguiente de ocurridos los hechos.

El método:

Lo que ahora debe agregarse a esa denuncia es que la detención de esos chicos fue apenas el último hecho –grave, por cierto– de una metodología que se instaló en la ciudad después de la entrada en vigencia del nuevo Código de Contravenciones, el 22 de enero de este año. Las comisarías más cuestionadas son la 1ª, 3ª, 8ª, 16ª, 17ª, 32ª, 34ª y las divisiones ferroviarias del Roca y el Sarmiento. El argumento esgrimido en la Justicia contravencional es un supuesto cuidado y protección de los chicos. “Si los menores están en la calle, desamparados, cometiendo alguna contravención o son ellos mismos víctimas de una contravención, ¿qué debe hacer la Justicia y la policía? ¿Dejarlos a su suerte o actuar?”, se defiende Luis Cevasco (ver aparte).
Desde las organizaciones, la interpretación es otra. “Este discurso ya lo hemos escuchado muchas veces. Es la teoría salvacionista, en la que la Justicia y la policía salen a salvar a los pibes. Pero lo que se termina haciendo es victimizarlos, se victimiza la pobreza –advierte Nora Schulman, del Comité de Seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos de Niños, un colectivo de varias ONG que preside Estela de Carlotto–. Se habla del estado de riesgo y abandono de los niños, pero no se habla de la vulneración de sus derechos: que los encierren y los esposen es casi tan extremo como que estén en la calle.” Schulman agrega que “esta supuesta protección de los niños y la judicialización de la pobreza” es inconstitucional desde la incorporación a la Carta Magna de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
La “protección” policial no sólo alcanza a los chicos explotados o desamparados, también llega para quienes cometen una infracción al Código Contravencional. Así lo entienden los fiscales, que encuadraron bajo el artículo 83º –que sanciona la “venta no autorizada en la vía pública”– la actividad de los limpiavidrios y malabaristas en la calle. “Tenemos la información de que a esos chicos, sobre todo en la 9 de Julio, los llevan policías de civil, les rompen los elementos que usan, los increpan y les pegan”, denunció Florencia Castro, de la asociación civil Matilde Vara. “En los últimos meses notamos el incremento de casos de chicos detenidos por la policía, pero también que los niños llevados son más chicos. Antes la policía se dedicaba a los de 15 para arriba; ahora el promedio de los que se llevan es de 12”, advierte Vara, que es coordinadora de “El Armadero”, una casa en Almagro que alberga a chicos en situación de calle.
En la zona de trabajo de la asociación, dos semanas atrás, cuatro chicos (de 12, 14, 16 y 17 años) fueron detenidos en la plaza Serrano por estar aspirando pegamento. Estuvieron en la 25ª desde las siete de la tarde hasta las 5 de la madrugada. A esa hora fueron liberados. No se les inició causa alguna.
Según detectaron en la entidad, en los últimos dos meses se produjeron entre 4 y 5 detenciones de chicos por semana. “En el 80 o 90 por ciento de los casos, los chicos no están haciendo nada –explica–. Pero la policía los para, los palpa y por ahí les encuentra un porro o pegamento. Y entonces se lo llevan. Si no le encuentran nada, igual los llevan a la comisaría por averiguación de antecedentes y los tienen entre 6 y 10 horas.”
–¿A qué atribuye que la policía ahora se dedique a eso?
–Lo estamos analizando, pero parecería que después de Cromañón se han ajustado también las clavijas en lo social, que el incremento de las cuestiones de inseguridad también llega a la calle. Ana Chávez, del Servicio de Paz y Justicia, coincide con el diagnóstico: “Después de Cromañón, el lugar de cuidado es la persecución de los chicos. Evidentemente la policía tuvo un guiño. Acá hay una decisión de algunos fiscales y las fuerzas de seguridad. Uno de los argumentos es que con la detención de los chicos combaten los soportes mafiosos que los explotan. Pero cuando detienen a un nene de 2 años, ese silogismo se vuelve muy penoso”.
En el Serpaj, que dirige Adolfo Pérez Esquivel, evalúan también que la reforma del Código Contravencional potenció el permiso para actuar con mayor mano dura en la ciudad. “La policía no investiga el delito vinculado a los estupefacientes porque participa de él, tampoco defiende a los chicos de la explotación, pero por eso necesita mostrar un cierto grado de acción”, dice Ana Chávez.
Y revela un caso: “Un chico de 9 años se estaba peleando con otro en la calle. Lo ve un policía y le dice que pare. Pero el chico no le da bolilla. Entonces intenta detenerlo, pero como el chico quiere escapar, lo acusa de resistencia a la autoridad y se lo lleva a los golpes. Enterados del hecho, llamamos a la División Delito contra los Menores de la Policía Federal, para contarles que un compañero de ellos le estaba pegando y se llevaba detenido sin motivo a un menor. La respuesta fue que ellos no estaban para eso”.