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El juez federal Norberto Oyarbide condenó a un año de prisión en suspenso al defensor general de la Nación, Miguel Angel Romero. El magistrado encontró al funcionario culpable del delito de calumnias. En varios artículos periodísticos publicados en el año 1999, el defensor había sostenido que el abogado Ricardo Monner Sans había incurrido en falsa denuncia cuando cuestionó, por considerar irregulares, algunos nombramientos de defensores oficiales. Entre ellos, ponía el acento en el de Luis Cayuela, un funcionario que se desempeñaba interinamente como suplente de otra defensora que estaba en uso de licencia por enfermedad, y al que Romero le habría creado un lugar en la estructura del ministerio público, cuando para esto debería haber contado con el aval del Senado de la Nación.
Luego de una audiencia pública en la que Monner Sans fue representado por su hijo Ramiro, el juez Oyarbide dio a conocer el fallo de la condena en suspenso. Los fundamentos se conocerán el próximo 20 de abril.
Después de que el defensor general publicara en La Nación, Clarín y La Prensa una nota de opinión en la que destacaba la “falsa denuncia” de Monner Sans, el abogado radicó una denuncia contra Romero por calumnias. Así fue que el 14 de octubre del 1999 se abrió el expediente 12.512/99, que terminó ayer con la condena de Romero.
Luego de muchas postergaciones e interminables trámites previos al juicio oral, finalmente Oyarbide no sólo condenó a Romero sino que dictaminó que en los medios en los que se habían difundido los dichos del riojano tendría que publicarse la sentencia. Las solicitadas correrán por cuenta y cargo del condenado.
“Creo que se ha hecho justicia. Olvidándome de que soy beneficiario del fallo. Me preocupa que en el cargo de defensor general de la Nación se encuentre un hombre que no luce mucho en el conocimiento del derecho”, dijo a Página/12 Monner Sans. Para el penalista, “si bien el delito es muy chico, detrás hay un escaso nivel jurídico”.
Uno de los elementos que se desarrollaron en el debate oral tuvo que ver con que, luego de escribir que Monner Sans había hecho una falsa denuncia, no hubo por parte de Romero ninguna presentación judicial destinada a castigar el delito que le imputaba al letrado porteño. Fue Ramiro Monner Sans quien subrayó este punto.
A pesar de contar con un grupo de personas que fueron a apoyarlo, en ningún momento del juicio oral Romero aceptó responder preguntas. Algo a lo que sí accedió Monner Sans. Pero la mayoría de ellas fueron consideradas inconducentes.
La designación de los defensores oficiales, medida que había cuestionado Monner Sans, y la discrecionalidad que esto podría implicar motivaron un pedido de juicio político en 1999. En aquella ocasión, la denuncia fue formulada por los ex frepasistas Horacio Viqueira y Nilda Garré, quienes incluso le imputaron a Romero el “desconocimiento del derecho y del rol de defensor público”.
Precisamente Romero figura como tema destacado en la agenda de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. A las denuncias formuladas en 1999 se le suman otras por supuesto abuso de poder, supuesta malversación de caudales y falta de idoneidad.