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El juez federal Jorge Torres dictó el procesamiento sin prisión preventiva y el embargo de bienes por 100 mil pesos al ex ministro de Justicia Gustavo Beliz por el delito de “desobediencia”. En su dictamen, el magistrado afirma que el ex funcionario “no acató” el reclamo de un juez federal neuquino que le solicitó, en septiembre de 2003, el envío de tropas para desalojar un piquete en la ruta nacional 22, sobre el puente que une las ciudades de Neuquén y Cipoletti, en medio de una huelga docente.
“Las excusas planteadas por el ex ministro fueron ampliamente desacreditadas, entre otros elementos, por el contundente testimonio del comandante general Juan Alberto Rossomando”, dice Torres en su fallo. La declaración del ex jefe de la Gendarmería (desplazado tras una purga en la fuerza) fue decisiva –según la resolución judicial– para establecer la responsabilidad de Beliz en el “delito de desobediencia”. Rossomando no sólo aportó los informes diarios que realizó sobre la protesta, sino que dio detalles sobre “la reunión que mantuvo con Beliz para analizar el tema”, además de especificar la tropa y los elementos represivos con que contaba para desplazar hasta el lugar de “conflicto”.
Testimonio que desbarató uno de los principales argumentos esgrimidos por la defensa del ex ministro: “la imposibilidad material” de enviar tropas por la “reorganización operativa” de la fuerza, con el traslado de personal a diversas zonas del país destinadas a operativos de prevención.
Para el juez Torres, “Beliz desobedeció la orden emanada del titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Neuquén, Antonio Guillermo Labate, en el marco del sumario Nº 235 del año 2003, caratulado NN sobre delito con la seguridad pública’”, en la que solicitaba el envío de tropas de la Gendarmería para despejar la ruta cortada por manifestantes. “La orden que se desobedece y que es presupuesto del delito debe haber sido impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones”, dice un antecedente incorporado al fallo.
Torres también intentó dejar en claro, en la “valoración de las pruebas”, que “el tema del expediente no radica en la discusión de la política estatal para dar debida respuesta a los distintos conflictos sociales que demandan su intervención, así como tampoco corresponde aquí discutir acerca de lo que ha dado en llamar la ‘criminalización de la protesta’”. El magistrado quiso demostrar que los elementos que tomó en cuenta en su fallo son “jurídicos” y que no hizo juicio de valor sobre los argumentos políticos que el ex ministro dio en su descargo.
A Beliz no le corresponde prisión efectiva porque la pena prevista para el delito de desobediencia en el código es de 14 días a un año.
Beliz había dicho que “la presencia intempestiva de Fuerzas Federales había ocasionado conflictos en la provincia (Neuquén) y el derramamiento de sangre de militantes sociales como Teresa Rodríguez”, por eso, a través de su ministerio, el gobierno nacional había “priorizado” afectar a operativos de prevención en zonas urbanas a la Gendarmería, cuyo personal “en otras épocas era empleado para la represión social”. Beliz también agregó que en esos sucesos “obró sin influencia del Presidente de la Nación”, en cuanto respetó la línea estratégica de trabajo de no reprimir las protestas sociales, “consciente de que era la mejor respuesta a la situación socio-política que se estaba enfrentando”.
El procesamiento pone a Beliz en una situación judicial complicada. Todavía tiene pendiente la causa sobre la toma de la comisaría de La Boca, por parte de militantes de la Federación de Tierras y Vivienda –que dirige Luis D’Elía– en reclamo por el asesinato de uno de sus integrantes: Martín “El Oso” Cisneros. Allí funcionarios judiciales y policiales declararon que el ex ministro tampoco acató la decisión de la Justicia de desalojar por la fuerza la comisaría.