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Entre 1991 y 1999 un reducido grupo de obispos de la Iglesia Católica Apostólica Romana recibió por lo menos 29 millones de pesos “por debajo de la mesa”, según la expresiva calificación del único prelado que rechazó esa dádiva arguyendo que no era transparente. Esta cifra surge del registro de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que se conserva en el ministerio del Interior, lo cual no excluye otros aportes, del mismo ministerio, de la SIDE y de la secretaría general de la Presidencia, que eran los demás organismos que en aquellos años manejaron las cadenas de la felicidad con las que el gobierno del presidente Carlos Menem aseguró la gobernabilidad mientras sacaba a remate a precio vil el patrimonio social acumulado por generaciones de argentinos. Estas cuentas de fondos reservados se computan aparte de los 12 millones anuales que en forma legal transfirió a la Iglesia Católica el ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, como parte de la obligación constitucional de sostener esa religión, y de los casi mil millones anuales que los ministerios de Educación de la Capital y las provincias aportan para el funcionamiento de 2200 colegios católicos en todo el país. La cuestión fue suscitada esta semana por el responsable de asuntos sociales de la Iglesia, Carmelo Giaquinta, cuando dijo que “nos duele saber hoy que se pagaban sobresueldos en vez de generar empleos”. Giaquinta no puede ser acusado de doble mensaje. Durante su desempeño como presidente del Consejo de Asuntos Económicos del Episcopado pidió que se transparentaran los aportes estatales y que todos se canalizaran a través de la Secretaría de Culto. No encontró eco entre sus pares cuando propuso que la Iglesia renunciara al aporte estatal. Pero esta semana Giaquinta también dijo que poco había cambiado desde el derrumbe de 2001 y que la “pasividad ciudadana” era peor que la deuda pública, “que se puede renegociar, o las secuelas del terror de Estado de la dictadura, que se pueden llorar”.

El ranking:

Las transferencias legales fueron (y siguen siendo) de sumas fijas iguales para cada obispo. Cuando Menem dejó el gobierno eran de 2500 pesos, ahora de 4200 pesos mensuales. En noviembre de 2000 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se refirió al “trato preferencial, incluidas subvenciones financieras, que recibe la Iglesia Católica en comparación con otras confesiones, lo que constituye discriminación por razones religiosas en virtud del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Pero el relator de la ONU para la libertad religiosa, el tunecino Abdelfattah Amor, también consignó que durante su visita de inspección a la Argentina le explicaron que el sostenimiento del culto fue incluido en la Constitución para compensar la expropiación de propiedades eclesiásticas por el presidente Bernardino Rivadavia hace dieciocho décadas.
En cambio las transferencias que se pagaron con Aportes del Tesoro Nacional beneficiaron sólo a algunos prelados y sus sumas fueron variando según las conveniencias del gobierno nacional en cada momento. Los principales fueron los obispos Jorge Arturo Meinvielle (5,6 millones), Emilio Ogñenovich (4 millones), Antonio Baseotto y Juan Rodolfo Laise (1,5 millón cada uno), Raúl Francisco Primatesta, Rubén Héctor Di Monte y Alfredo Guillermo Disandro (1,2 millón cada uno), Italo Di Stéfano (1,1 millón), Martín de Elizalde (un millón), Norberto Martina (630.000) y Rómulo García (300.000). Estos obispos, más Antonio Quarracino y Desiderio Colino, fueron el núcleo básico de apoyo eclesiástico al gobierno de entonces, con el respaldo del ex Nuncio Vaticano, Ubaldo Calabresi, y la coordinación de Esteban Caselli, funcionario en distintos cargos en los gobiernos nacional y provincial de Menem, Eduardo Duhalde y Carlos Rückauf.

“Debajo de la mesa”:

La Iglesia sabía que ese sistema sigiloso era incorrecto. Así lo hizo público en 1998 el obispo Rafael Rey, quien estaba a cargo de la organización de beneficencia “Caritas”. Rey dijo que el entonces ministro del Interior, Carlos Corach, le había ofrecido entregarle para sus obras de caridad 300.000 pesos por mes. Pero “no queremos dinero por debajo de la mesa”. Rey reclamó “que las donaciones sean transparentes tanto en su origen como en su aplicación”. No era el caso. El responsable de “Caritas” fue invitado por Caselli a reunirse con Corach luego de haber afirmado que eran mentirosas las cifras de pobreza citadas por Menem (quien pugnaba por forzar la interpretación constitucional para obtener una nueva rrreelección). En contestación a la protesta de Rey, Caselli dijo que “Caritas” también había recibido dinero del gobierno, por lo que no debía extrañarse por el ofrecimiento de una cuota mensual. En los registros del ministerio del Interior figura “Caritas” de Entre Ríos con 900 mil pesos recibidos en 1994 y también el Obispado de Zárate-Campana, que ocupaba Rey, con partidas por 150 mil pesos. El episodio terminó con la remoción del secretario de Culto, Angel Centeno, quien propiciaba que la relación entre el gobierno y la Iglesia fuera de autonomía y cooperación, con mutuo respeto y no manipulación.
También la revista Criterio, que desde su creación en la tercera década del siglo pasado expresó en forma extraoficial las posiciones del Episcopado, dijo que se hacían pagos por debajo de la mesa, como parte de una política “del amiguismo y de la dádiva”, de la que “el dinero no ha faltado”. Si en muchos casos el dinero se emplea “en obras encomiables, como la construcción de templos o seminarios”, la revista se preguntó “por qué no puede hacerse lo mismo abiertamente, como se espera de los hijos de la luz”. Agregó Criterio que sólo una minoría se prestaba a esa política. Es verdad que uno de cada diez obispos se beneficiaron de ese modo. Pero sólo uno declinó el ofrecimiento e hizo conocer su repudio. Dos meses después del episodio con Rey, Menem intentó congraciarse con la Iglesia por medios inmateriales, al crear por decreto un “Día del Niño por Nacer”, para lo cual atribuyó a la Constitución reformada en 1994 la condena del aborto que su gobierno promovió y los convencionales rechazaron. Entre quienes le contestaron estuvo su exposa, Zulema Yoma, quien contó que Menem la había acompañado a abortar.

Subasta de conciencias:

En 1988, la ley 23.548 de coparticipación federal creó un Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, formado con el uno por ciento de la recaudación de los impuestos nacionales. Según la ley su finalidad sería “atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales”. El Ministerio del Interior informaría “trimestralmente a las provincias sobre la distribución de los fondos, indicando los criterios seguidos para la asignación”. La obligación de rendir cuentas no provocó ningún fanatismo y el Fondo se convirtió en un instrumento político discrecional para el Poder Ejecutivo. La transferencia a los obispados no estaba autorizada por la ley. Fue concebida en agosto de 1991 por el flamante ministro del Interior José Luis Manzano, y su subsecretario y jefe político, Juan Carlos Mazzón, en respuesta a un aluvión de críticas eclesiásticas. En marzo de ese año la Conferencia Episcopal había clamado por la “corrupción generalizada”, que Quarracino ejemplificó sin rodeos: “La coima, la justicia mal administrada y los negociados”. Al mes siguiente la Asamblea Plenaria sesionó en la Catamarca de las manifestaciones masivas contra el gobierno saádico por el asesinato de María Soledad Morales y allí denunció que “la brecha entre los más ricos y los más pobres se agranda” mientras la “corrupción generalizada se manifiesta en el comercio de drogas, la coima, el soborno”.
La plegaria fue oída: en agosto Manzano reemplazó a Julio Mera Figueroa y de inmediato hizo la primera transferencia, de medio millón de pesos. En la primera semana de noviembre, Menem se presentó sin previo aviso en la sede donde sesionaba la Asamblea Plenaria en San Miguel y al retirarse negó cualquier discrepancia con la Iglesia aunque dijo que le pidieron “un poco más de acción en el campo social”. El presidente había dicho que “en la Argentina no trabaja el que no quiere”. Al recibir a Menem, Quarracino destacó que “los más humildes” lo besaban y aclamaban. No sólo ellos: el presidente también se despidió del cardenal arzobispo de Buenos Aires con ese beso en la mejilla que en la última década se ha generalizado en la Argentina y que tanto llama la atención a los extranjeros. Ogñéñovich alabó a Menem ante sus pares y cuando se fue lo despidió con un aplauso.

Sectas y relojes:

Tras una semana de reuniones, la CEA resolvió no pronunciarse sobre la cuestión social. “No hemos tratado ese tema. Un problema que preocupa mucho a la Iglesia es la invasión de las sectas”, explicó Quarracino. En lo que quedaba del año las transferencias llegaron a los dos millones. El 16 de diciembre, el diario patronal Ambito Financiero publicó un comentario que vale la pena reproducir en su rústica textualidad, incluyendo la pintoresca grafía de algunos apellidos: “Cacho Caselli es un colaborador de Eduardo Bauzá, en apariencia, sólo de mañana (por la tarde se dedica a los negocios). Se propuso acercar la parte que domina el arzobispo Quarracino –con sus sacerdotes más devotos: Meinvielle, Ogñenovich, Biassotti, Di Monti, García– con un grupo de funcionarios: Anzorreguy, el propio Bauzá, Domingo Cavallo, Aráoz, Beliz. Todos en el departamento de Caselli. Esta línea interna de la Iglesia se preocupa por el traspaso de escuelas: teme que las provincias no le concedan los subsidios que, ahora a regañadientes, le suministra el Estado. Cavallo garantizó que no habrá problemas. Ogñenovich le obsequió un reloj a Bauzá.”
Ogñéñovich llevó esa relación al terreno de los negocios. Su hermano Danilo fue designado miembro del directorio del PAMI que encabezó la hoy injustamente olvidada Matilde Sbatetz de Menéndez. Todos ellos terminaron procesados por defraudación y violación de los deberes de los funcionarios públicos, por haber utilizado en préstamos a particulares amigos y sin garantías suficientes los excedentes por 17 millones de pesos que según la legislación deberían haber depositado en plazos fijos en bancos oficiales. Sólo se recuperó una parte de ese dinero. Cuando se volvió a reunir, en abril de 1992, la Asamblea Plenaria no emitió el documento crítico que atemorizaba al gobierno sino apenas un comunicado de prensa con genéricas expresiones de deseos sobre “honestidad, eficiencia y sensibilidad para con los más desamparados”. Durante la última plenaria de 1992, Primatesta hizo pública una llamativa reflexión. “¿Hay corrupción en la Iglesia? Depende de lo que se entienda por corrupción, porque si soy permisivo estoy alentando y aprobando la corrupción y no corrigiéndola.” Ese año fue el mejor remunerado para los obispos de confianza.

El precio de la amistad:

En sus dieciocho meses como ministro, Manzano repartió 12 millones. Otros 15 fueron distribuidos durante la gestión de Corach, desde enero de 1995 hasta la conclusión de la segunda presidencia de Carlos Menem, en diciembre de 1999. Del resto, dos millones y medio fueron repartidos por Carlos Rückauf (entre agosto de 1993 y enero de 1995) y un millón por Gustavo Beliz (entre diciembre de 1992 y agosto de 1993). Si se calcula según el tiempo de desempeño de cada funcionario, Manzano encabeza con comodidad el ranking, ya que dispuso para la Iglesia 800.000 pesos mensuales; Corach 250.000, pero durante cinco años; Rückauf 156.000 y Beliz 125.000 cada treinta días. Este método consigue milagros. En 1996 el vocero Vaticano Joaquín Navarro Vals llegó a rectificar las afirmaciones de Juan Pablo II sobre la desocupación, la corrupción y la impunidad en la Argentina, luego de una gestión del gobierno nacional ante sus obispos más próximos. La audacia de este grupo reconoció pocos límites. En junio de 1997, Menem llegó a ofrecer al abogado del Opus Dei y embajador en el Vaticano, Francisco Eduardo Trusso, la oficina de Etica Pública. Antes de que llegara a asumir estalló el escándalo de su banco, que involucró gravemente al cardenal Quarracino. Esto mermó la influencia del grupo en el Vaticano y permitió que la nueva conducción episcopal (integrada por obispos no sobornables, como Estanislao Karlic, Bergoglio y Eduardo Mirás) intentara asumir la distancia del poder que la Iglesia no tuvo durante los años de Quarracino.
Según el presbítero cordobés José Guillermo Mariani la aceptación pasiva de todo el Episcopado a los sobresueldos con fondos reservados, se debió al apoyo de Menem a las posiciones del Vaticano y de los estados teocráticos musulmanes en la Cumbre sobre los Derechos de la Mujer realizada en Beijing en 1995. “Todo fue desde entonces muestras de amistad y reconocimiento eclesiástico” a Menem, escribió esta semana. A su juicio “las reacciones (eclesiásticas de los últimos meses) no responden evidentemente a los problemas que aparecen, sino a una disimulada actitud de resentimiento por no conservarse la situación de privilegio y amistad oficial con los dignatarios eclesiásticos, cultivada en la gestión precedente”, sostiene Mariani, ahora de 77 años, quien el año pasado confesó haber caído en su juventud en la tentación del sexo.

Mediaciones:

En septiembre de 1999, el ex ministro de Menem Roberto Dromi intervino como mediador entre el Ejército y la Iglesia, en la causa judicial iniciada luego de la quiebra del Banco de Crédito Provincial de La Plata. El Ejército había prestado 10 millones de dólares al Arzobispado, que desaparecieron en las maniobras del quebrado banquero Trusso. En el compromiso de pago, la firma de Quarracino no era suya, pero quien les entregó el contrato a los militares fue su asistente, quien además firmó dos cheques por cinco millones cada uno. Por esa causa estuvo detenido el monseñor Roberto Marcial Toledo. A la muerte de Quarracino, el cardenal Jorge Bergoglio recurrió a Dromi, quien llegó a un acuerdo por el cual el Ejército desistió de su reclamo económico y el arzobispado de una causa penal. El comunicado del Arzobispado dijo que “renace así un nuevo diálogo entre el Ejército y la Iglesia en un marco de paz judicial.” Era imprescindible saldar el litigio antes de que concluyera el mandato de Menem.
Durante la campaña electoral por la gobernación de Buenos Aires, Rückauf movilizó a los obispos amigos en su apoyo, luego de acusar a su oponente, Graciela Fernández Meijide de “atea, anticristiana y abortista”. Martina lo elogió por oponerse al aborto; Ogñéñovich apareció en un aviso de campaña de Rückauf y fustigó a Fernández Meijide; Laise emitió un documento laudatorio y Baseotto dijo que su actitud era encomiable. Rückauf distribuyó copias de todas esas declaraciones, más otras de Di Stéfano, de Elizalde y Mario Maulión, quienes, sin nombrar a Rückauf, exhortaron a votar por los candidatos que apoyaran las posiciones eclesiásticas. Maulión es el único de esa lista que no recibió ATN del ministerio del Interior. Duhalde y su esposa fueron los únicos dirigentes políticos que respaldaron a Rückauf en esa cruzada.

Sin desmentida:

Pocos días antes de dejar el gobierno, a fines de noviembre de 1999, Menem hizo una sorprendente revelación. Dijo que había consultado con Juan Pablo II el indulto a los militares procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad y que al Papa “le pareció una medida que tendía a la pacificación de la Argentina”. No reveló por qué medio se habría efectuado la consulta. También dijo que lo había analizado “con todos los jerarcas de la Iglesia”. Se sabía hasta entonces que Quarracino propuso cuando concluía la dictadura tender un manto de olvido sobre sus crímenes, lo cual motivó una dura respuesta de los organismos de derechos humanos. También era conocida la preparación de una denominada “misa de la reconciliación”, que Ogñéñovich se proponía celebrar en la basílica de Luján. Pero el involucramiento directo del Papa fue una novedad absoluta. Nadie, ni en el Vaticano ni en la Argentina lo confirmó ni lo desmintió.