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Tiene fecha la probable suspensión del juez de la Corte Suprema Antonio Boggiano. Luego de desestimar una serie de recusaciones y chicanas planteadas por la defensa del magistrado, la Comisión de Asuntos Constitucionales determinó que la ampliación oral de su defensa se concrete el próximo 22 de junio. Luego de escucharlo, el plenario del cuerpo definiría la suspensión preventiva, tal como sucedió en el caso de Eduardo Moliné O’Connor. De esta manera comenzarán a angostarse los plazos procesales de un juicio político que parece tener un final anunciado, si es que el cortesano no se decide a seguir los pasos de su colega, Augusto Belluscio, y presentar su renuncia al máximo tribunal de Justicia.
Además de ponerle fecha a la declaración de Boggiano, la comisión también resolvió una serie de recusaciones y nulidades presentadas por el juez de la Corte. En su extensa presentación, la defensa del magistrado había reclamado la nulidad de la acusación por la ausencia en el recinto del Senado de la diputada Nilda Garré. Entre las diligencias realizadas por la Comisión de Asuntos Constitucionales, ayer se dio lectura a una resolución del titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, en la que se da cuenta de la renuncia de Garré a la comisión acusadora y la confirmación de que Ricardo Falú y Hernán Damiani serán sus dos integrantes. La medida hizo que deviniera en abstracta la recusación presentada por Boggiano. También se emplazó a la Cámara baja para que en tres días entregue el listado de pruebas que acompaña la acusación contra el supremo.
Leyes secretas
“La publicidad es la regla, el secreto es la excepción”, afirma el dictamen con el que Cristina Fernández de Kirchner sintetizó las iniciativas parlamentarias sobre las leyes secretas. La mayoría de ellas ponían el acento en la publicación de estas normas. La senadora fue un paso más allá y propuso a la comisión la derogación de las dos normas que facilitaron, entre otras cuestiones, el pago de sobresueldos durante el menemismo, tal como adelantara Página/12 la semana pasada.
A partir del decreto 53/15 de la denominada Revolución Libertadora, que vino a derogar uno anterior del gobierno peronista, se establece que los fondos vinculados con temas de defensa se hicieran a través de gastos reservados. Un posterior decreto-ley del dictador Juan Carlos Onganía, el 18.302, los amplía a todas las fuerzas de seguridad. Aunque con el retorno democrático, en 1983, los montos de estas partidas presupuestarias se reducen drásticamente, y solo se limitan a la Presidencia y a la SIDE, en el año ’89 se amplía la probable utilización de estos fondos al Ministerio del Interior.
El dictamen propuesto por Kir-chner unifica iniciativas presentadas por Mario Losada, Diana Conti y Vilma Ibarra, entre otros. La mayoría de estos proyectos tenía a la publicación de estas normas como punto central. Este dictamen llegará al recinto la semana próxima. Entre otros puntos establece pedirle al Ejecutivo que “en el plazo de 60 días se publiquen todas las leyes secretas en el Boletín Oficial”. Básicamente se está hablando de decretos-leyes dictados por las distintas dictaduras militares, ya que en democracia resulta imposible la sanción de leyes secretas, ya que, tal como señaló Jorge Yoma, “devendrían nulas por su imposibilidad de publicación”.
Cristina Kirchner resaltó que la derogación de las leyes secretas es “un aporte importante. Primero vamos a tratar estas leyes y luego la reglamentación de los decretos”, dijo. A pesar del amplio consenso, el tema llegará al recinto luego de cumplirse los plazos reglamentarios, es decir, la semana que viene.