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La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado votó ayer una serie de medidas de prueba que le ponen fecha a la probable intervención del Poder Judicial de San Luis. Para los últimos días de junio, la subcomisión que integran los senadores Marcelo Guinle, Ernesto Sanz y Vilma Ibarra llamará a testimoniar a siete testigos. Entre ellos, el ministro de la Legalidad puntano, Mario Zabala, el abogado del CELS Víctor Abrahamovich y a la ex magistrada Ana Careaga, querellante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, luego de ser destituida por un cuestionado jury de enjuiciamiento.
Los testimonios se sumarán a una serie de pruebas informativas que la subcomisión recopilará a partir de hoy cuando pida al gobierno puntano: copias certificadas de las renuncias de todos los magistrados en los últimos años, los decretos de aceptación de los nombramientos y de las dimisiones, así como los datos sobre las entidades que efectuaban el pago de las remuneraciones de los jueces federales. Con todo este material en la mano, entonces sí el cuerpo decidirá si interviene o no la Justicia de San Luis. El escándalo que comenzó con la destitución de algunos magistrados se potenció luego de que la fiscal Gretel Diamante denunciara que algunos jueces le dijeron que en el mismo acto en el que se los notificaba de su nombramiento, el poder político les pedía que firmaran su renuncia de manera anticipada. Tal como lo testimonió en la Cámara alta la ex jueza Marina Ziliotto.