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Antes de elevar la causa más resonante contra Matilde Menéndez a juicio oral y público, el juez federal Jorge Urso decidió volver a interrogar a la ex titular del PAMI. Así, la ex funcionaria menemista acudió ayer a los tribunales federales de Retiro y negó cualquier responsabilidad con los supuestos “retornos” cobrados a cambio de contratos con prestadores psiquiátricos de la obra social de los jubilados. Incluso adujo que se encontraba de viaje al momento de concretarse los contratos cuestionados. Esto ocurrió porque la Cámara Federal ordenó profundizar la investigación, ocho años después de que ocurrieron los hechos.
La causa se inició el 25 de febrero de 1994, cuando varios directores de clínicas que prestaban servicios al PAMI fueron filmados en la casa central del Banco de Crédito Argentino entregando sobres que contenía presuntos “retornos”. A partir de ese procedimiento se habría detectado que el importe contenido en los sobres coincidía con el 25 por ciento de la cifra que los titulares de las clínicas prestadoras facturaban al PAMI. La denuncia había sido presentada por el entonces fiscal federal (y actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires) Aníbal Ibarra a partir de una revelación de Página/12. El sumario estuvo originariamente a cargo del juez de instrucción Juan José Madhjoubian, pero luego pasó a Bagnasco quien dictó la falta de mérito de Svatetz de Menéndez.
La Sala II de la Cámara revocó el procesamiento de otros implicados, directivos del PAMI y prestadores, debido a la “desprolija e incompleta dirección de la pesquisa”. E indicó que se adopten definiciones “evitando toda dilación que venga a demorar más el trámite de la causa”. Como los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun sugirieron que se podía elevar a juicio parte de la causa, Urso tomó la determinación de convocar a indagatoria a la ex funcionaria, para resolver sobre su situación procesal.
En la indagatoria prestada ante Urso –subrogante de Adolfo Bagnasco que tuvo la instrucción a su cargo hasta que renunció meses atrás– la ex funcionaria dijo que no estaba presente cuando se firmó la licitación 15/92, por la que se contrató a varias clínicas para la prestación de servicios. La imputada admitió que hubo una “reformulación” de esos convenios, pero argumentó que ella no incidió en la aprobación de los mismos. Constancias de la causa, en cambio, marcan presuntas irregularidades en el llamado a licitación para la cobertura de prestaciones psiquiátricas, e indican que cuando se quiso estudiar el llamado a oferentes, la imputada “reiteraba la urgencia en tratar la licitación, insistiendo en su aprobación sin más trámite”. Según el fiscal del caso Carlos Stornelli, Menéndez “ejercía discrecionalmente la dirección del organismo, restando intervención a los sistemas de control”.