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“En el debate público falta discutir para qué educar, cuál es el rol del Estado y cómo democratizar la escuela”, sostiene Pablo Imen, coordinador del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación. Imen trabaja como investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en una tesis sobre el sindicalismo docente y presentará en agosto un libro donde analiza, desde el marxismo, la reforma educativa en los ’90 y las propuestas del Banco Mundial. En ambos, toma distancia del gobierno actual: “El problema no es tanto de lo que se habla, como de lo que no se habla”, asegura.
–¿Qué análisis hizo sobre la reforma educativa de los ’90?
–A la salida de la dictadura hubo un debate importante en la Argentina acerca de la educación, y en la crisis del ’89, con el gobierno neoliberal de (Carlos) Menem se plantearon una serie de reformas de las políticas públicas, que estaban alineadas con un proceso mundial de hegemonía de la nueva derecha. El Estado redefinió su papel: dejó de ser el garante de derechos y pasó a ser un Estado evaluador. Por ello, transfirió las escuelas a las provincias, mientras que se desplegaron dispositivos de control y regulación del sistema educativo en la órbita nacional. El Ministerio de Educación pasó a evaluar los resultados de los aprendizajes. La aplicación de la reforma produce una fragmentación creciente del sistema: 24 sistemas educativos, uno por provincia, y dentro de cada provincia también hay fragmentaciones a distintos niveles. Hay colegios que tienen un turno para repetidores y otro para chicos “normales”.
–¿Qué pasó con las políticas educativas cuando asumió la Alianza?
–Bueno, la Alianza se comprometió a revisar y a redefinir cuestiones, pero el hecho es que continuó la misma política. No sólo porque siguieron con los mismos lineamientos, sino porque los mismos funcionarios que actuaron en el gobierno menemista continuaron en la Alianza. Juan Llach es el ministro de Educación que profundizó todas las políticas de la Ley Federal.
–¿Cuál es su visión de las políticas en el gobierno de Néstor Kirchner?
–No hay ningún cambio sustancial con respecto a las líneas generales de la reforma. Sí hay menos empuje y menos recursos para los dispositivos de control que instaló la reforma. Por ejemplo, antes había operativos de evaluación que se hacían con un trabajo de medios y premiando las que mejores puntajes habían sacado. ¿Cuáles son las novedades del gobierno de Kirchner? El ministro (Daniel) Filmus, que también fue funcionario del menemismo –como dato a tener en cuenta–, tiene una especie de política espectáculo, donde se promueven medidas de mucho impacto mediático. Por ejemplo, la idea de repartir libros en las estaciones de micros o de canjear deuda por educación. Mientras que quedan excluidos del debate público para qué educar, cuál es el rol del Estado, qué papel juegan los docentes en el proceso de enseñanza y cómo democratizar la escuela.
–Lo que se está discutiendo es una Ley de Financiamiento Educativo, para resolver la fragmentación en lo económico, ¿cómo analiza esto?
–Creo que, con la misma lógica de los noventa, discutir el dinero sin debatir para qué se educa es poner el carro delante del caballo. Yo creo que el problema no es sólo asegurar condiciones mínimas para que los docentes puedan trabajar, sino que queda pendiente la discusión de cómo se distribuye el conocimiento en la Argentina. El problema no es tanto de lo que se habla, como de lo que no se habla, ni se discute.
–¿Qué política educativa alternativa podría aplicarse?
–Yo plantearía cuatro puntos básicos. Primero que ningún otro: si no hay democratización de la economía, no puede haberla en el conocimiento. Una escuela democrática es una escuela que universalice el acceso en los niveles obligatorios. Aquí el papel del Estado es fundamental. Un segundo punto tendría que ver con garantizar la apropiación crítica del conocimiento: no respondiendo de memoria preguntas definidas por expertos, sino aprendiendo a usar con autonomía el conocimiento. Un tercer punto de un sistema educativo democrático es la formación para una ciudadaníaplena, que implica discutir el uso del poder dentro del sistema. No hay participación importante de los docentes y alumnos en las decisiones. En cuarto lugar, un sistema educativo democrático es aquel que contempla la diversidad cultural.
–De acuerdo, pero suponga que le toca asumir como ministro de Educación, ¿qué medidas concretas tomaría?
–Me parece que uno no puede definir políticas si no sabe el lugar donde está parado, algo que no hizo Filmus en estos dos años. Yo impulsaría un incremento inmediato del salario docente. Y haría un diagnóstico participativo para ver cuál es el estado de situación. Yo recorro las escuelas del interior y la perspectiva es desesperante: hay chicos con hambre y los docentes no tienen posibilidades de actualizarse.
–¿Qué rol están jugando los gremios docentes en la discusión actual de las políticas educativas?
–La Ctera tiene una posición de acompañamiento crítico del Gobierno. Si bien han cuestionado la Ley Federal, su reivindicación pasa por discutir el financiamiento. El gran problema nuestro es cómo acompañar estos discursos con hechos. Sí hay algunos sindicatos de base y seccionales que están haciendo un proceso de debates donde se ponen en cuestión no sólo los efectos de las políticas neoliberales, sino cómo se construye una alternativa político-educativa.
Informe: Werner Pertot.