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Los llamados a indagatoria de los que da cuenta la nota central de estas páginas han de haber sido recibidos de muy buen grado en la Jefatura de Gobierno porteña. Aníbal Ibarra viene insistiendo, en voz alta, acerca de la responsabilidad del cuerpo de Bomberos. En voz más queda, sus allegados se enfadaban porque “nadie” sondea la responsabilidad de algunas agencias del gobierno nacional, en especial las que penden del Ministerio del Interior. El ibarrismo anida un pensamiento muy crítico respecto del manejo de Aníbal Fernández en relación con la tragedia de Cromañón. Se lo acusa de querer granjearse el aprecio de los familiares de las víctimas enconándolos irresponsablemente contra Ibarra.
Ibarra apunta también a ir deslegitimando a la comisión legislativa que investiga el estrago, que tiene pautado su dictamen para el viernes 29 de julio. Hace ya un tiempo ordenó (o sugirió de modo enfático) a sus funcionarios no concurrir a declarar. En los últimos días cuestiona públicamente a la comisión, a la que imputa de politizada. Los nueve integrantes de la comisión, que sufrió varios desgajamientos, revistan en la oposición aunque es del caso consignar que el partido de gobierno capitalino casi no tiene diputados propios.
¿Todos para uno? Los miembros de la comisión anunciaron anteayer que habrá dictamen único, aunque aún no han terminado de acordarlo. El viernes 22 tratarán de consensuar los puntos que contendrá el informe. Si logran despacho unificado, será acusatorio, posiblemente fundado en la causal de mal desempeño y, quizá, la de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Otros cargos más severos, como abandono de personas, propuestos por los halcones de la comisión, no serían aprobados por todos. La acusación, todo lo sugiere (aunque no es forzoso legalmente), se redondearía con el pedido de juicio político.
Los familiares han conversado con candidatos a diputados para determinarlos a impulsar el juicio político. Elisa Carrió y Mauricio Macri prometieron un apoyo condicionado: sus legisladores votarán a favor, si media dictamen acusatorio de la mayoría de la comisión.
Trámites, tiempos: El dictamen sugiriendo el juicio político no es vinculante, el pleno del cuerpo debe resolver si le da curso. Eso debería ocurrir en los primeros días de agosto, en la primera quincena como máximo. El recinto debe resolver si aprueba el comienzo del juicio, lo que implica el pase a la respectiva comisión, que ya está integrada. Para garantizar el derecho a defensa y la colección de pruebas (tampoco es vinculante el material ya acopiado), el reglamento parlamentario establece un plazo de sesenta días hábiles. Son tres meses corridos si no media alguna dilación. Lo más posible sería que el dictamen se dictara poco después de las elecciones pero antes de que asuman los nuevos legisladores.
Como la Legislatura es unicameral, la Constitución de la Ciudad determina que esté dividida desde su conformación en dos sectores, “la sala acusadora” (45 diputados) y la “sala juzgadora” (15 integrantes). La sala acusadora sólo puede promover el juicio político con el voto de dos tercios de sus integrantes, esto es 30 diputados.
Si hay acusación aprobada, se suspende al jefe de gobierno mientras dure el proceso, que no puede insumir más de cuatromeses. Si se excede ese lapso sin sentencia, el acusado queda absuelto.
Escenarios: El dictamen en pos del juicio político parece cantado. Predecir los trámites ulteriores es un albur, en un Parlamento fragmentado, con bancadas unipersonales y legisladores en tránsito.
De cualquier modo, será decisivo lo que haga el numeroso bloque que responde a Macri. El del ARI tendrá un peso simbólico y alguno material. Y quizá sean los legisladores kirchneristas los que tengan la clave de sucesivas decisiones. Los vaivenes de la historia lo han engordado en tanto los otros se desmigajaban y ahora trepa a diez u once, cifra que depende de los exégetas. Se da por hecho que todos ellos reportan disciplinadamente al jefe de Gabinete, Alberto Fernández y que defenderán a Ibarra.
La mayoría de los legislaturólogos tabula que, si la votación sobre el juicio político fuera hoy, no lograría los treinta votos indispensables para poner a Ibarra en el banquillo. Pero son especulaciones en un escenario muy lábil.
Un dato de Damocles sobrevuela la cabeza de los diputados, es el peso público de los familiares. Un peso al que el propio gobierno nacional no es ajeno. Kirchner suele ponerse muy en guardia ante la posibilidad de una protesta pública de los familiares.
Dilemas: Cuando, en el remoto enero, Macri embistió contra Ibarra, sufrió un duro sosegate en términos de imagen pues “la gente” lo sospechó de oportunista. El líder de la derecha local deberá decidir qué hacer, entre ese riesgo y la presión de los familiares. Carrió también deberá tomar partido, computando que jugarse a la acusación podría convertirla en aliada objetiva del macrismo.
El candidato oficialista no la pasará más aliviado. Hasta ahora, Rafael Bielsa ha venido surfeando el tema pero seguramente los hechos lo obligarán a pronunciarse. Su posición se complejiza porque un ariete de la comisión investigadora, el diputado Milcíades Peña, milita en su diminuto partido. Peña aspiró incluso a presidir la comisión, pero el macrismo le cerró el paso. Bielsa aprecia a Peña, tanto que mocionó ante Alberto Fernández y Néstor Kirchner su incorporación a las listas de candidatos, recibiendo un rechazo enérgico. A su vez, el jefe de Gabinete está jugado del lado de Ibarra. Habrá que ver qué define el canciller y cómo juega eso en su relación con Fernández, su virtual jefe de campaña, con quien hasta ahora ha tenido unos cuantos encontronazos.
Nadie puede predecir qué va a pasar con este intríngulis legislativo. Pero es sensato vaticinar que lo que ocurra algo habrá de incidir en el resultado de la decisiva elección porteña que, en estos días de frío y de vísperas, pinta muy pareja en la puja para los tres lugares del podio.