[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

–¿Qué hizo usted el 26 de abril de 2000 después de la sesión en la que se votó la Ley de Reforma Laboral? –preguntó el juez Daniel Rafecas.
–Me fui directamente a mi casa –respondió Ricardo Branda.
–¿Alguna vez fue al departamento del ex senador Emilio Cantarero?
–No conozco la casa del ex senador. No era usual visitar las casas de otros senadores.
El diálogo entre el magistrado y el actual vicepresidente segundo del Banco Central se produjo en los tribunales de Comodoro Py durante la indagatoria del ahora procesado. Luego de avanzar en su investigación, Rafecas llegó a la conclusión de que Branda había mentido. Llamadas telefónicas del 26 y 27 de abril, la posición estratégica del ex senador en el bloque justicialista, el cambio de último momento de su postura respecto de la Ley de Flexibilización Laboral y la forma en que todos estos indicios encajan en el relato del “arrepentido” Mario Pontaquarto son parte de las pruebas que el juez evaluó para considerar que Branda fue uno de los legisladores que se benefició con las coimas que habría pagado el gobierno de Fernando de la Rúa.
“Dije mi verdad y mantengo intacta mi solvencia moral”, dijo Branda el jueves ante los periodistas apenas terminó de dar su testimonio ante la Comisión Bicameral encargada de entregar una opinión al presidente Néstor Kirchner sobre su continuidad en la conducción del Banco Central.
El martes 2 de agosto Rafecas procesó a Branda y a otros cinco ex senadores (Emilio Cantarero, Remo Constanzo, Augusto Alasino, Alberto Tell y José Genoud), al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, al ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes y al “arrepentido” Mario Pontaquarto por considerar que estaban involucrados en el pago y cobro de coimas para que se aprobara la Ley de Flexibilización Laboral. Branda no había sido una de las primeras figuras del escándalo por los sobornos en el Senado pero, a partir de ese momento, todas las miradas se concentraron en él: era el único de los involucrados que seguía ocupando un cargo público.
Cuatro días después de que se conociera la resolución de Rafecas, Página/12 informó que el Gobierno quería removerlo de su puesto en el Banco Central y para eso había habilitado en el Congreso el proceso de su destitución, que ya había sido reclamada por legisladores de la oposición y por el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido.
El jueves, el ex senador fue a defenderse ante la Comisión Bicameral y dijo que su procesamiento era “una novela” armada por Rafecas. Se presentó ante los legisladores con una hoja en la que figuraban las llamadas realizadas o recibidas por los involucrados en el caso y mencionó que a él sólo lo comprometía una comunicación que había hecho el 26 de abril por la noche desde su celular a su casa. Esa llamada dice más de lo que Branda quisiera y es una de las pruebas que el juez evaluó al resolver su procesamiento, pero no la única. Una lectura detallada del expediente permite establecer otros indicios.
- La posición estratégica de Branda dentro del bloque: “Alasino y Constanzo eran nada menos que presidente y vicepresidente del bloque del PJ desde hacía varios años, mientras que Branda, como él mismo admitiera, fuera así referenciado por Tell y así figura en los registros oficiales al respecto, para ese entonces era presidente de la omnipresente Comisión de Legislación Penal de la Cámara alta, esto es, aquella por la que pasan (y pueden detenerse sine die, en la jerga habitual cajonearse) absolutamente todos los proyectos relevantes que llegan a esa instancia legislativa”, señaló Rafecas en el fallo del 2 de agosto, que tiene más de mil páginas.
El propio Branda admitió en su indagatoria que la comisión que presidía “tenía una función filtro: todo lo que se trataba tenía que pasar primero por ahí”. El juez estimó entonces que si hubo sobornos, los nombres mencionados (más Tell, que presidía la Comisión de Trabajo)”necesariamente deberían haber tenido que ver” y que resultaba que la prueba reunida señalaba, precisamente, que ellos habían sido “los cohechados” (sobornados).
“Este punto de partida resulta importante para comenzar el análisis de la responsabilidad penal de estos coimputados –señaló Rafecas–. Si el oficialismo quería obtener el voto favorable del bloque opositor en el Senado no era necesario convencer uno por uno a los integrantes de dicho bloque. Para ello había autoridades, para ello había una mesa chica de conducción del bloque, para ello estaba además el presidente de la comisión respectiva: es decir, para ello estaban Augusto Alasino, Remo Constanzo, Ricardo Branda y Alberto Tell. Primera pieza del rompecabezas.”
- El comportamiento de Branda ante el proyecto de Reforma Laboral: El juez lo calificó como “llamativo”. Rafecas recordó que a medida que pasaban los días y se aproximaba el momento del tratamiento del proyecto en el Senado, el actual vicepresidente segundo del Banco Central se mostraba como un “férreo opositor” a la iniciativa. “Participé en reuniones en el gremio de camioneros con (Hugo) Moyano para juntar voluntades para votar en contra la ley, de ahí que me decían moyanista”, aseguró Branda, que en su indagatoria se encargó de remarcar que hasta último momento mostró resistencias y que pertenecía a un grupo de senadores “díscolos” que quería votar en contra (“aunque luego hubo un cambio en su versión y tan sólo querían abstenerse”, señaló el magistrado).
Rafecas también consideró las imágenes de televisión que registraron el momento en el que Branda fundamentó su voto –“intentando explicar lo inexplicable”, agregó el juez– en la sesión del 26 de abril de 2000. Al tomar la palabra, el ex senador tenía sobre su banca un discurso escrito preparado de antemano pero decidió no leerlo y ni siquiera pedir que lo agregaran a la versión tipográfica. “No voy a pedir la inserción del discurso que tenía sino que voy a decir que voy a acatar disciplinadamente la posición del bloque y a votar afirmativamente”, dijo Branda esa noche. Lo curioso es que cuando Rafecas le preguntó acerca del contenido de su escrito, el acusado respondió que fundamentaba el voto “a favor” de la ley, pero que decidió que con sus explicaciones orales había sido suficiente y no quería extenderse demasiado para no quitarles el tiempo a los demás expositores. Esta última explicación no tiene demasiado sentido, ya que pedir la incorporación de un escrito al diario de sesiones demora sólo unos pocos segundos. “¿Cuándo tuvo tiempo para redactar aquel discurso a favor de la ley?”, se preguntó el juez, dado que el propio acusado había reconocido que su cambio de postura había sido a último momento: “Antes de bajar al recinto hubo un pedido del bloque en ese sentido y de tal forma se adhirió”, dijo. Esta es la “segunda pieza del rompecabezas”.
- Las llamadas: “Bueno, ahora andate que en cualquier momento vienen los muchachos”, le dijo Cantarero a Pontaquarto –según el relato de este último– después de que el ex secretario parlamentario le entregara 4 millones 300 mil pesos/dólares en su departamento.
El análisis de las llamadas telefónicas de los acusados le permitió al juez concluir que, efectivamente, al menos cuatro legisladores habían estado esa noche en ese lugar.
Constanzo no sólo registra llamadas de su celular en la celda 52 (que corresponde a la ubicación de la casa de Cantarero) sino que además, según figura en el informe, se comunicó, desde el teléfono particular de Cantarero, con varios abonados de Río Negro, entre ellos, su hijo y algunos dirigentes del PJ provincial. Respecto de Branda, la pericia revela una llamada que realizó a las 23.30 desde su celular a su departamento del barrio de Las Cañitas. En ese momento el vicepresidente segundo del Banco Central estaba en la celda 52, es decir, en la zona que corresponde al departamento de Cantarero. Además, es una prueba de que Branda no se fue “directamente” a su casa después de la sesión, como le dijo al juez. Una hora y media después de que se aprobara la ley, estabaen Callao y Posadas, demasiado cerca de la casa de Cantarero, la que, según dijo, nunca conoció. “Los ‘muchachos’ –dedujo el magistrado– no eran otros que los otrora poderosos conductores del bloque, Alasino, Constanzo, Branda y Tell (al menos).”
El tribunal detectó que Branda y Constanzo también estuvieron en el departamento de Cantarero en la noche del día siguiente, cuando se habría continuado con el reparto del dinero. “Ambas presencias refuerzan mutuamente la convicción de su ida al lugar donde estaban las resultas del botín para terminar personalmente los asuntos vinculados con la empresa criminal en común. Recuérdese al respecto que la presencia de Branda y Constanzo en esa zona era absolutamente inusual según nos dicen los registros de llamadas obrantes en autos”, señaló Rafecas. Y concluyó: “Está completa la tercera pieza del rompecabezas”.
- Sol Rodríguez: Ese era el nombre de la titular del teléfono celular con el que Branda hizo las llamadas de los días 26 y 27 de abril. Rafecas rastreó a esa persona hasta Villa Gesell, donde viajó con su secretario Marcelo Sonvico y su prosecretaria. El marido de Rodríguez, Hernán García, había sido empleado de Branda en el Senado. Sacaba fotocopias y servía café. García relató que el ex senador le había pedido el nombre de su mujer para sacar un celular. Ella accedió y firmó los papeles. La cuenta llegaba al despacho del formoseño en el Senado.
- Conclusiones: “Si unimos estas piezas independientes entre sí y las relacionamos con el relato de Pontaquarto, por un lado, y con las ‘huellas dactilares’ dejadas por doquier por Cantarero y Constanzo, más las circunstancias previas y posteriores que contextualizaron la sanción de la Ley de Reforma Laboral, nos encontramos con un conjunto de pruebas e indicios graves, precisos y concordantes que nos permiten afirmar la responsabilidad penal de los acusados en los ilícitos investigados”, sostuvo el juez.
Al concluir el análisis de la participación de Branda y sus compañeros de bloque en el cobro de las coimas, Rafecas señaló: “Es cierto que no se ha podido establecer, y tal vez no podamos hacerlo nunca, cómo los cohechados se repartieron los 4 millones 300 mil pesos. Especialmente porque no se puede descartar que hayan sido más los senadores que fueron cohechados (sobornados). Pero de modo alguno este déficit de información impide sostener la imputación ¿o es que acaso, en otros delitos de índole patrimonial no ocurre asiduamente esto y nada impide la condena? Tres hampones roban un banco, obtienen un botín y son pescados días después pero el botín no aparece. Aquí tampoco sabemos cómo se lo repartieron, pero sí sabemos que el desapoderamiento tuvo lugar. En el caso que nos ocupa cambian las circunstancias, no hay armas, hay personajes de camisa y corbata, hay discursos ampulosos, pero los móviles y las resultas son iguales”.