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En su dictamen, la comisión investigadora recomendó a la Legislatura que iniciara juicio político contra Aníbal Ibarra por “mal desempeño en su función ejecutiva”. Según los nueve diputados, “la falta de servicios” del jefe de Gobierno “concurrió al desencadenamiento, a la magnitud y a las consecuencias” del incendio del 30 de diciembre pasado, que ocasionó 194 muertes.
Para la comisión, el gobierno porteño incurrió en el delito de “omisión en el ejercicio del poder del policía” por no haber controlado en forma debida a los boliches y locales bailables. Consideró que Ibarra no hizo lo necesario por apagar al “focazo de corrupción” que él mismo había denunciado en noviembre del 2003, cuando pasó a disponibilidad a 300 inspectores y a 200 empleados del área de Verificación y Control. Y afirmó que en las actuaciones de los organismos oficiales en la noche del incendio hubo “desarticulación, caos e ineficiencia lindante con el inmovilismo de las infraestructuras técnicas y humanas que debieron ser adecuadamente desplegadas”.
El informe de los diputados indica que en el caso Cromañón existió “la concurrencia (...) de la imprudencia parcial de asistentes al evento e incluso la avaricia económica de actores, gestores y agentes privados”. Según la comisión, estas intervenciones “no pueden asumir entidad determinante para diluir y menos todavía para exonerar las responsabilidades públicas por el deficiente uso de los elementos constituyentes de la capacidad de respuesta ante el desastre”. Los autores del informe sostuvieron que el gobierno fue “insensible” a “los alertas institucionales previos a la tragedia”, entre los que mencionaron el del actualmente cuestionado defensor adjunto del Pueblo de la ciudad, Atilio Alimena.