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De ahora en adelante la Auditoría General de la Nación (AGN) controlará los gastos del Poder Judicial. Así lo establece un convenio que firmaron ayer el presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Petracchi, y el titular del organismo fiscalizador, Leandro Despouy. En su plenario, además, el cuerpo de consejeros resolvió suspender al juez federal de Reconquista, Eduardo Fariz, y mandarlo a juicio político.
El acuerdo entre el Consejo y la AGN abarca el control de “la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, técnica y normativa de la Administración del Poder Judicial”. Incluye también “un plan de trabajo anual, cuyo contenido ha sido propuesto por el Consejo y se encuentra a consideración de la Auditoría”, informaron los consejeros.
En el Consejo de la Magistratura señalaron que es la primera vez que la Justicia “invita a un organismo auditor externo a realizar una amplia gama de tareas”. La Corte, que también preside Petracchi, firmó el año pasado un pacto similar, pero nunca se terminó de especificar la letra chica de lo que se debería auditar. En el Consejo está todo listo para que el nuevo esquema de control sea puesto en marcha. Los informes realizados se comunicarán a la comisión administradora del órgano judicial y serán publicados en Internet.
En cuanto a Fariz, el juez santafesino, el Consejo votó por unanimidad su enjuiciamiento. Está acusado por numerosas irregularidades en expedientes, algunos sobre narcotráfico, y por situaciones de acoso laboral.