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Hoy comenzará el juicio oral y público al piquetero Raúl Castells por haber encabezado una manifestación en un local de McDonald’s. Se le imputa el cargo de “tentativa de extorsión”, por el cual estuvo detenido durante casi dos meses hasta que la Cámara de Casación consideró que no había peligro de que se fugue y decidió su liberación. En reclamo de su absolución, el Movimiento de Jubilados y Desocupados (MIJD) anunció una movilización hasta el Palacio de Tribunales con la participación de numerosas organizaciones sociales.
Los jueces Leonardo de Martini, Guillermo Yacobucci y Ricardo Rongo estarán a cargo del proceso que enfrenta el dirigente desde hace un año. Concretamente los incidentes se produjeron para Navidad del año pasado, cuando la agrupación que lidera Castells irrumpió en el local de Corrientes y 9 de Julio, y reclamó cincuenta mil cajitas felices para niños carenciados. Inmediatamente la empresa presentó una denuncia y el juez porteño Facundo Cubas ordenó su detención porque se había obstaculizado el ingreso, aunque el piquetero sostiene que permanecieron en la calle y en ningún momento se afectó la circulación del local.
Apoyado en los antecedentes penales de Castells, Cubas rechazó el pedido de excarcelación y el dirigente fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz, donde comenzó una huelga de hambre que al extenderse durante casi dos meses deterioró fuertemente su salud y tuvo que ser internado en la Clínica de Quilmes. Finalmente, en tercera instancia, sus abogados consiguieron liberarlo. La decisión estuvo a cargo de la Cámara de Casación, que consideró que no había peligro de fuga.
En los últimos cinco años, Castells acumuló cinco causas. Fue acusado de extorsión por un pedido de comida al hipermercado Wal Mart de Avellaneda en 1999, del que quedó sobreseído. Luego siguieron dos procesos por instigación a cometer delitos, coacción agravada y usurpación de propiedad, uno de ellos por la toma de la Municipalidad de Lomas de Zamora en 2001. Y el año pasado estuvo preso por la ocupación del casino Gala en Resistencia. Frente a ello, el dirigente sostiene que es “un perseguido político” y, en este sentido, señala que esta causa fue motorizada cuando anunció su incursión en la política. Efectivamente, Castells estrenó en octubre su candidatura como senador por la provincia de Buenos Aires, junto a su esposa, Nina Peloso, quien se postuló para la Cámara baja. El resultado fue lapidario: no lograron superar el 0,28 por ciento.
Ayer, el dirigente volvió a salir al cruce. “El tribunal no aceptó ninguna de las doce pruebas que pedimos. La condena ya está firmada”, disparó y una vez más rechazó los cargos al sostener que sólo “se pidieron alimentos para los chicos, sin ingresar al local”. Este será el argumento principal que esgrimirá su abogado defensor, quien consideró que no hubo extorsión ya que en ningún momento el dirigente forzó la entrada. Según estimaron fuentes judiciales, cabe la posibilidad de que el proceso se extienda hasta el año que viene. Para hoy, está prevista una marcha hacia Tribunales a las 9 en reclamo de su absolución.