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A poco más de un mes de la revuelta que terminó con el incendio de 15 vagones ferroviarios y de la estación de Haedo –en medio de la protesta de los usuarios por las condiciones del servicio privatizado en manos de TBA–, el juez federal de Morón, Germán Castelli, dictó el procesamiento de 20 personas, por delitos cuyas condenas van desde los 3 a los 30 años de prisión. Página/12 recogió, a través de familiares y abogados, las historia de tres de los procesados, dos de ellos presos –un estudiante de Educación Física y un cartonero– en la cárceles de Ezeiza y Marcos Paz, y la de un joven menor de edad (internado en un instituto) a quien acusan de portar una “botella de combustible” a 20 kilómetros del lugar de los incidentes. Además de la odisea de un joven sobreviviente de la tragedia de Cromañón que estuvo 17 días detenido en una comisaría sin que se le comprobara ningún delito, aunque, igual que la mayoría de los primeros 86 “demorados”, aún sigue vinculado a la causa judicial.

El otro tren
Mirta Alguernes estaba preocupada porque su hijo no había regresado a su casa en el barrio Arco Iris de Merlo. Había salido temprano, en la mañana del 1º de noviembre, para entregar, en el último plazo que tenía, un currículum en el gobierno porteño para ver si conseguía –como estudiante de primer año del profesorado de Educación Física– una vacante para las colonias de verano y después tenía turno para que lo atendieran en un hospital odontológico. Pero el llamado al teléfono celular de su hijo inquietó aún más a la desesperada madre: “‘Hola comisaría’, me respondían y cortaban. Así varias veces”, contó Mirta a Página/12.
Su hijo de 19 años –del que prefiere preservar su nombre “por temor”– está desde el 17 de noviembre detenido en la cárcel de Ezeiza acusado de varios delitos por los disturbios en Haedo: “Robo, resistencia a la autoridad y daño agravado en perjuicio de bienes de uso público”.
El estudiante viajaba en un tercer tren –además de los dos formaciones varadas en Haedo– que quedó parado a unas seis cuadras de esa estación, en medio de una extensa y abandonada playa de maniobras y los derruidos talleres ferroviarios, y desde donde sólo se puede salir caminando por las vías electrificadas. “Estuvieron parados 20 minutos allí, con el tren desbordado de personas, sin que les abrieran las puertas y viendo a lo lejos cómo se quemaban los vagones en la estación. Se imagina el pánico de la gente frente a esa situación. Cuando pudieron bajar, él fue hasta la estación a ver qué pasaba”, relata su madre.
“La policía lo detuvo a dos cuadras de la estación de Haedo y después de revisarle la mochila y ver varios atados de cigarrillos –siguió Mirta–, el policía lo acusó de haber saqueado el quiosco del andén, pero después se dio cuenta que eran sólo marquillas vacías que mi hijo guardaba porque era una promoción (de una tabacalera) para canjear por una entrada a un recital.” Pero el joven no fue liberado: “Lo acusan de robar un equipo de música que no figura en la causa, no está secuestrado. Si existió o si robaron de algún lado, desapareció igual que el celular de mi hijo, con el que me contestaban en la comisaría y nunca me devolvieron”, agrega Mirta.
“Mi hijo reconoce que sacó la garrafa de un bar del andén con otra persona por temor a que explotara porque el negocio se estaba quemando. Además estaba muy indignado porque cuando llegaron los primeros policías uniformados y de civil, empezaron a disparar balas de gomas a toda la gente. El tiene las marcas de tres perdigones en las piernas”, insiste su madre. “Según el juez, él fue reconocido por los policías que, después de ver los videos periodísticos, lo identificaban con nombre y apellido al verlo en la foto que la misma policía le tomó después de detenerlo. Así consta en la misma causa”, agrega su abogado, Omar Dib.
Después de varios días preso en una comisaría, el joven fue liberado, pero el 17 de noviembre una comisión policial lo fue a buscar a su casa y lo llevó detenido al penal de Ezeiza. “En esos días que estuvo en libertad hasta rindió exámenes del profesorado, pero el juez no le da la excarcelación por ‘temor a la fuga’”, cuanta Mirta. “Lo que pasa –insiste Dib– es que a pesar de no tener acreditado ninguno de los delitos, el juez en cada auto de procesamiento carga a los acusados de todos los delitos que investiga la causa y las penas van desde 3 hasta 30 años de prisión.”

El cartonero
“Mi hijo estaba cartoneando”, relata Graciela Taborda a Página/12. Graciela tampoco quiere dar el nombre de su hijo por temor “a que se agrave la situación que él está viviendo”. El joven de 21 años había salido como todos los días a cartonear –desde su casa en Rafael Castillo, en La Matanza– con su hermano de siete. Lo detuvieron a tres cuadras de la estación de Haedo arriba de un carro tirado por un caballo. Lo acusan de robar una silla de ruedas, varios chalecos antibala de la policía provincial y material ferroviario.
Preso en la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz, su detención tiene ribetes tragicómicos. “Ve que varios jóvenes escapan de la policía empujando una persona visiblemente consternada en una silla de ruedas y le piden que lo cargue en el carro para sacarlo de la zona. Lo suben y desaparecen. Cuando la policía se acerca, el supuesto ‘inválido’ salta del carro y huye”, cuenta Dib, que también defiende su caso.
“Debajo de la silla había un chaleco antibala –sigue Dib–, pero lo acusan del robo de varios, como de media docena, que igual que la silla de ruedas tampoco consta en la causa. Lo mismo que sucedió en otros casos, la policía afirma que el secuestro de los elementos fue filmado por un camarógrafo de Canal 13, al que después le habrían robado el casete, pero en el expediente no existe ninguna denuncia del robo del casete ni declaración alguna del camarógrafo.” El juez Castelli estaría por desestimar “por falta de pruebas” el robo de los chalecos antibala, pero igual lo procesó por supuesta participación en los enfrentamientos con la policía.
“Me enteré cerca de las doce de la noche, a pesar de que mi hijo había dado un número de teléfono a la policía para que me avisaran. Cuando llegué, el chiquito estaba parado en la vereda de la comisaría de Haedo y me dijeron que el otro quedaba detenido”, explica Graciela. El carro estaba a varias cuadras de la comisaría, hasta donde los vecinos lo habían llevado y le dieron agua al caballo. En él volvieron hasta Rafael Castillo, pero sin su hijo mayor.

El caso del bidón
Fue uno de los argumentos más fuertes que se esgrimieron desde el Gobierno para justificar su versión que detrás de los hechos había “grupos políticos organizados”: un joven había sido detenido con “una botella de nafta en su mochila dispuesto a quemar vagones ferroviarios”. Aunque la detención se produjo después de los incidentes y en la estación de Moreno, una de las cabeceras del ramal eléctrico del ex ferrocarril Sarmiento, a unos 30 minutos de tren (si el servicio anda bien) de Haedo.
Según el relato de su abogada, María Fernanda Pereyra, el menor iba “al centro” y esquivó los controles del pago de boletos sorteando altas vallas con alambres de púa para acceder al andén y subirse a un tren que ya no saldría porque el servicio había sido suspendido por los incidentes en Haedo. Los guardias privados de TBA lo persiguieron y lograron atraparlo a pesar de la veloz carrera que intentó para escaparse después de que comprobara que la formación no arrancaría como él tenía previsto. “Los guardias privados lo condujeron a un cuartucho en la estación ferroviaria –continuó su relato la abogada–, y allí lo interrogaron y maltrataron. Cambiaron su morral tejido, como el que usan muchos jóvenes, por una mochila en la que había un envase de plástico supuestamente con algún tipo de combustible. No sólo lo maltrataron sino que le rociaron el cuerpo y la cabeza con ese combustible.”
“Nosotros nos dimos cuenta cuando lo llevaron al interrogatorio en el Juzgado de Morón –continúa Pereyra–, le vimos los ojos irritados y tenía en toda su ropa un olor extraño. Le preguntamos qué le había pasado y nos contó incluso que un policía le hizo lavar bien la cara ante la irritación que le produjo ese combustible. Pedimos que se pericie la remera que llevaba puesta y hasta un mechón de pelo, y se abrió una causa paralela por apremios ilegales. El juez no se expidió sobre ninguno de estos temas, pero igual dictó su procesamiento y lo internó en un instituto de menores”, a pesar de los informes favorables elaborados por varios asistentes sociales que avaló el asesor de menores del departamento judicial de Morón. Ahora, el chico está internado en el instituto Roca.
“El juez tomó la determinación sobre la base de los testimonios de los guardias privados y de la policía, que aunque coinciden en los trazos gruesos, existen no pocas contradicciones. El chico jamás aceptó que él llevaba ese combustible, ni tampoco dijo que alguien le haya pagado para intentar incendiar un vagón de tren. A nadie se le ocurre ir a quemar un tren rociado de combustible, salvo que también le quieran adjudicar un ataque suicida tipo Al Qaida”, argumentó la abogada defensora.

De Once a Haedo
Cyntia volvió a revivir la pesadilla del 30 de dicembre de 2004. Dejó a su hija de cuatro años en su casa en Pontevedra, partido de Merlo, y salió desesperada a recorrer comisarías y hospitales para tratar de encontrar a su esposo Gerardo Hernández, uno de los sobrevivientes de la tragedia de Cromañón. “Fui a varias comisarías, incluso a la de Haedo, donde había estado detenido, y me decían que ahí no estaba. Hasta que lo ubicamos en la comisaría de El Palomar, adonde ya habíamos llamado y también nos habían negado que estuviera”, cuenta Cyntia, aún indignada, a este diario. Allí, Gerardo permaneció 17 días detenido sin que se le comprobara delito alguno, aunque todavía no está totalmente desvinculado de la causa.
Gerardo ya había avisado por teléfono al trabajo que llegaría “otra vez” tarde por problemas en los trenes. Pero nunca llegó. Su cuñado, que trabaja en la misma empresa le avisó a Cyntia, que salió en su búsqueda. “Me imaginé que se había descompuesto. No sabía cómo podía reaccionar si había quedado en medio de ese incendio con todo lo que ha pasado y por lo que todavía está con tratamiento psicológico”, explica Cyntia a Página/12. A Gerardo, de 25 años, lo detuvieron caminando por las vías a varias cuadras de la estación, le revisaron la mochila en la que tenía ropa de trabajo. “A mi cuñada le mostraron una mochila en la comisaría de Haedo y le dijeron que le encontraron monedas tiznadas. Después dijeron que llevaba sólo efectos personales, pero igual lo dejaron preso”, explica Cyntia.
En la comisaría, Gerardo se descompuso. “Lo tuvieron que llevar al (hospital) Posadas, donde tiene toda su historia clínica. Sufrió un episodio de claustrofobia, no soportaba más la situación. Ahora lo liberaron, volvió a declarar y el juez le dijo que le iba a dar la falta de mérito, pero todavía tiene que ir nuevamente al juzgado. Sigue muy nervioso, no es justo por lo que tuvo que pasar”, sentenció Cyntia.