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Los departamentos de Nueva York apenas le van a alcanzar para pagar un pedacito. La Cámara Federal confirmó un procesamiento contra María Julia Alsogaray y un embargo record en su historial, que fijó en 32 millones de pesos. El tribunal ratificó su responsabilidad, como ex interventora de ENTel, en un pago millonario a la empresa Meller S.A por servicios que no prestó. Este expediente se hizo famoso también porque provocó la destitución de los ex jueces de la Corte Suprema, Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano. Todavía falta un trecho para que la investigación llegue a juicio oral, pero la ex funcionaria ya tiene por lo menos otros tres en camino, un escenario que eleva sus posibilidades de volver a la cárcel.
Con este nuevo fallo la Sala I de la Cámara dejó en firme el que dictó, en julio, el juez federal Ariel Lijo. El más grave de los delitos que le imputan es negociaciones incompatibles con la función pública, que prevé hasta seis años de cárcel. Los otros dos son incumplimiento de sus deberes y abuso de autoridad. También quedaron procesados, con iguales imputaciones, Gustavo Daneri y Gustavo Cresta, ex funcionarios de ENTeL en liquidación. A los miembros del tribunal arbitral que respaldó el pago a Meller –Guillermo Fanelli Evans, Ernesto Schorr y Yolanda Eggink– se les adjudicó prevaricato, es decir, fallar intencionalmente contra derecho. Los empresarios quedaron con falta de mérito.
El embargo de 32.269.424 pesos no sólo fue para María Julia. La misma cifra se impuso a cada uno de los involucrados. A la ex secretaria de Recursos Naturales, la Cámara de Casación le había ordenado devolver 700 mil dólares después de que fue condenada por enriquecimiento ilícito en 2004.
En la causa Meller se investiga si los funcionarios que llevaron adelante la liquidación de ENTel comprometieron los intereses del Estado al reconocerle a la empresa más dinero que el que le correspondía y pagárselo en efectivo y no con bonos, como disponía la ley. Meller S.A. tenía la concesión para la publicación anual de las guías telefónicas y percibía a cambio un porcentaje de la publicidad. En 1994 reclamó el pago de deudas supuestamente impagas y pidió que ENTel rindiera cuentas del cobro de publicidad, pero la empresa estatal decía carecer de documentación y reconoció la deuda. El fallo recuerda que Meller exigió, según su propia liquidación, “la suma de 43.664.235 pesos”.
La Procuración del Tesoro de la Nación formuló “gravísimos reparos” y el caso terminó en la Corte, que respaldó a la empresa. El fallo sentó las bases de la acusación que terminó por disolver a la mayoría automática.
Los jueces Gabriel Cavallo, Horacio Vigliani y Eduardo Freiler le aconsejaron a Lijo que profundice la pesquisa para establecer el fraude al Estado. Le señalaron la necesidad de rescatar documentación que Telefónica dio por extraviada. Faltan papeles por 400 millones de pesos, ligados a diversas operaciones. Según el tribunal, Alsogaray, Cresta y Daneri “actuaron como auténticos representantes de la pretensión privada”.
Alsogaray tiene varias causas encaminadas a juicio oral: por la venta de terrenos de Radio Nacional, por posibles sobreprecios en la remodelación de la Secretaría de Medio Ambiente y por irregularidades en el Plan del Manejo del Fuego. Como ya tuvo una condena a tres años, si suma otra lo más probable es que se unifique a la anterior y no sea menor a ella. Eso eleva sus posibilidades de volver a prisión.