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A la enésima denuncia por irregularidades graves, luego de permanecer inconmovible en el cargo durante más de 21 años, Néstor Marchant, el controvertido director del neuropsiquiátrico de mujeres Braulio Moyano, fue relevado de sus funciones por decisión de las autoridades del gobierno porteño. “Por la gravedad de la denuncia, y por los antecedentes que viene acumulando el Moyano, la única decisión posible era la intervención”, le dijo a Página/12 el secretario de Salud porteño, Donato Spaccavento, quien estuvo acompañado por el director de Salud Mental y flamante interventor en el Moyano, Pablo Berretoni. La gota que rebasó el vaso fue una denuncia periodística de la supuesta existencia de una red de prostitución que funcionaba a partir de la explotación de algunas pacientes del Moyano y la violación de otras internas, caso por el cual están sumariados dos enfermeros y dos empleados de la cocina del hospital. El sumario por la red de prostitución se sumó a una causa, con varias denuncias paralelas, que lleva el juez federal Ariel Lijo, quien el 1º de este mes había allanado el neuropsiquiátrico por una investigación sobre la utilización en los pacientes de medicamentos no aprobados.
“El sistema médico y las políticas públicas tienen como norte excluyente la defensa de los derechos y la integridad de los pacientes”, afirmó ayer el vicejefe del Gobierno porteño, Jorge Telerman, quien encabezó el anuncio oficial sobre la intervención por 180 días de la dirección médica del hospital. Una medida similar, limitada al área administrativa, ya estaba en marcha. “Este gobierno ha tomado la decisión política, después de 21 años en que prácticamente no hubo una política definida en materia de salud mental, de llevar el tema a fondo y de tomar las riendas del Moyano”, aseguró Spaccavento. Las denuncias por irregularidades en el neuropsiquiátrico y los cuestionamientos a Marchant, por determinadas prácticas médicas, arrecian desde 1998, pero ningún gobierno se decidió por lo que parecía la única salida: el desplazamiento de Marchant, quien cuenta con el apoyo de la comisión gremial interna de ATE, encabezada por el delegado general Hugo Muñoz.
En agosto de 1999, la ex defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires Alicia Olivera había cargado contra Marchant y Muñoz, y también contra las autoridades del gobierno porteño de entonces, argumentando que “hay muchos responsables” sobre la situación en el Moyano. En ese momento se investigaba la muerte de unas 15 pacientes por falta de atención médica. Spaccavento reconoció que “no será fácil” la tarea que debe desarrollar el interventor Berretoni: “En el hospital hay focos de gran conflicto, pero nosotros estamos dispuestos a llegar al fondo del problema”. En el gobierno vislumbran una dura pelea con el delegado Muñoz, cuyos allegados anunciaban un paro de actividades para responder a la decisión oficial de desplazar a Marchant.
Telerman se comprometió a realizar, en 180 días, “una investigación a fondo que permita poner en claro la situación y resguardar los derechos de los pacientes. Spaccavento insistió en que “no se trata de una resolución abrupta o espasmódica; esto es resultado de varios análisis que hicimos sobre distintos sumarios en trámite, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos que son investigados”. Aclaró que desde el Gobierno sólo están en condiciones de decidir “el relevo del director del Moyano”, pero “por ahora” no pueden accionar “contra los empleados sospechados de participar en hechos irregulares”.
En el Moyano se alojan, en este momento, 1100 pacientes, de los cuales “algunos tienen más de nueve años de internación y otros 40 y hasta 45 años”, explicó Berretoni, quien hoy tomará posesión del cargo. En estos momentos, el 40 por ciento de las instalaciones están clausuradas por tareas de reparación, lo que agrava la situación, por el hacinamiento de los internos. Spaccavento aseguró que “no sólo los pacientes son víctimas de cierto tipo de violaciones a su intimidad y de la falta de parámetros mínimos de salud, sino que también los trabajadores del hospital Moyano son víctimas de un sistema que no les permite trabajar con eficiencia”.
Para el funcionario porteño, el problema central es “la ausencia de un sistema de salud mental, lo que hizo que el Moyano se haya transformado en un asilo, en un lugar donde la gente ha ido a depositar a sus familiares, por situaciones sociales o judiciales que se prolongaron más de lo esperado. En el Moyano hay muchas personas que deberían estar en su casa y ser pacientes ambulatorios. Para salvaguardar la salud de los pacientes es preciso cumplir con la ley 448, votada hace dos años por la Legislatura, y que sigue sin aplicarse”.
La nueva denuncia sobre el Moyano dice que hubo casos de violación de pacientes y que existe una red de prostitución de la que son víctimas las internas. El relevado director del Moyano, Néstor Marchant, admitió la presencia, dentro del hospital, de mujeres que ejercen la prostitución, pero sostuvo que son “personas que vienen de afuera y que pueden ingresar porque es un hospital de puertas abiertas”. Marchant negó que exista una organización delictiva que haya montado un prostíbulo en el cual se explote a las pacientes y dijo que lo denunciado por Canal 9 fue “un operativo de prensa” que respondería a “intereses de personas que se quieren quedar con los hospitales” públicos.
Fuentes oficiales, que cuestionan a las removidas autoridades del hospital, coinciden en que “hay intereses creados muy poderosos que son los que hacen que se trate de impedir una investigación a fondo para terminar con las irregularidades en el Moyano; hay una organización casi mafiosa que impide que se acabe la corrupción”. La legisladora macrista María Soledad Acuña consideró “deplorable” el estado del Moyano y recordó que esa situación la viene denunciando “desde hace un año y hasta el momento no se hizo nada”.