Parece matemática pura, pero tanto o más grande es el peso simbólico de la cifra: la suma de las penas por cometer 7 asesinatos, 152 casos de lesiones y 407 secuestros, torturas y desapariciones en la ESMA, englobados como genocidio y terrorismo totalizan 17.000 años de cárcel. Esa es la condena que pidió la fiscal de la Audiencia Nacional de España, Dolores Delgado, para el represor Ricardo Miguel Cavallo, que está preso en una cárcel común en las afueras de Madrid, desde junio de 2003. Es uno de los escalones previos al juicio oral, que comenzará en la segunda mitad de este año. Por segunda vez, después del proceso contra Adolfo Scilingo, se aplicará para estos casos la jurisdicción universal. Es decir, no sólo se juzgará al marino por los crímenes cometidos contra ciudadanos españoles sino por su participación en “el plan de exterminio y represión”, señaló la fiscalía.

Hasta el 24 de agosto de 2000 Cavallo vivía en México como un empresario exitoso y era el director del Registro Nacional de Vehículos (Renave). Aquel día fue detenido en Cancún, cuando intentaba huir hacia Argentina luego de que el diario mexicano Reforma revelara su pasado como represor, con una foto en la portada y el relato de sus víctimas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El ex capitán de corbeta pretendía refugiarse en Buenos Aires, donde tendría el amparo de las leyes de punto final y obediencia debida, que todavía estaban en pie.

El trámite de la extradición, impulsado por el juez español Baltasar Garzón, duró tres años. Cavallo estuvo preso durante ese lapso en México y después fue trasladado a España, donde el magistrado lo procesó por genocidio, terrorismo y torturas. Lo responsabilizó en aquel momento por 248 desapariciones y 128 secuestros (16 de mujeres embarazadas que dieron a luz en el centro clandestino). El expediente está en la etapa que antecede al juicio oral, en que la fiscalía y los abogados querellantes formalizan la acusación.

La fiscal Delgado evaluó en su escrito que Cavallo no sólo cometió delitos aberrantes por sí mismo, sino que participó de un plan criminal, propio de una organización terrorista que buscaba destruir a distintos grupos en Argentina. Sostuvo que debe ser condenado como responsable de todos los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA entre 1976 y 1980, el tiempo que cumplió funciones en ese campo de concentración, donde integró el grupo de tareas 3.3.2. “Allí hubo más de 4000 casos, pero los que fueron identificados con prueba sólida son 407, en base a los cuales la fiscalía pidió la pena”, explicó a Página/12 el abogado Carlos Slepoy, que impulsa los juicios contra los represores argentinos en España (ver aparte).

Con estos elementos, la fiscal acusó a Cavallo del delito de genocidio en concurso con terrorismo, por los que pidió un castigo de 13.362 a 17.010 años de cárcel. La cifra sube cuantos más casos son calificados como terrorismo. Como condena alternativa la funcionaria judicial planteó la imputación por delitos de lesa humanidad, que reduce la pena sólo unos años. En España el cumplimiento real de una pena no puede superar los 30 años. Si el tribunal que sustanciará el juicio sigue el criterio de Delgado, marcará una diferencia en relación con la condena que recibió Scilingo, que no fue por genocidio sino por crímenes contra la humanidad.

A Cavallo sus víctimas lo conocían como “Sérpico” o “Marcelo” y también usaba al alias de “Miguel Angel”, recuerda Delgado en sus conclusiones. En su escrito de unas 200 páginas detalla que en su paso por la ESMA actuó en tareas de inteligencia, en las decisiones sobre secuestros y desde 1979 “participó en las torturas sistemáticas”. En enero de ese año quedó como responsable del sector denominado “Pecera” del centro clandestino de detención, donde sometía a trabajos forzados y de servidumbre a los detenidos. Participó, además, en operaciones secretas en el exterior. Un año después, fue destinado al Centro Piloto de París, armado por losmilitares argentinos para contrarrestar la supuesta campaña “antiargentina”, el eufemismo que usaban para descalificar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos del terrorismo de Estado.

El documento incluye los relatos de más de 30 sobrevivientes de la ESMA que identificaron a Cavallo como represor. Algunas fueron víctimas directas, otras lo vieron secuestrar y torturar (ver aparte). Hay testimonios que describen cómo el marino llevaba a las víctimas a la casa de su familia y luego las regresaba al cautiverio, como los casos de Enrique Fukman, Ana Testa y “la Gallega” Villaflor. Federico Gómez, hijo del empresario desaparecido Conrado Gómez, lo señaló ante el juez Garzón como integrante de la banda que secuestró a su padre y se apropió de sus bienes, como la finca de 26 hectáreas de Chacras de Coria, en Mendoza. El abogado Slepoy especificó que en el expediente hay “indicios muy fuertes respecto de 20 crímenes cometidos por Cavallo en forma directa”.

El ex capitán ya pidió varias veces ante los tribunales porteños ser extraditado a la Argentina, donde pese a no contar ya con el amparo de las leyes de impunidad, especula con condiciones de detención vip, un privilegio que no existe en España. Allí solicitó que lo pasen del centro penal de Soto del Real (a 30 kilómetros de Madrid) a un penal militar, pero se lo negaron. Cavallo es investigado en la megacausa sobre los crímenes de la ESMA, que intruye el juez Sergio Torres desde que el Congreso anuló las leyes de punto final y obediencia debida. Hasta ahora el magistrado nunca accedió a traerlo al país. Pero mantiene informados a sus pares europeos sobre su investigación. La causa española, por otro lado, siempre estuvo más avanzada. El año pasado la Defensoría General de la Nación solicitó, a pedido del padre del ex militar, su “repatriación”. La Audiencia Nacional de España incluso paralizó el proceso en su contra para determinar qué causas tenía abiertas y lo reanudó en diciembre. Todo indica que el represor, a las puertas del juicio oral, repetirá el reclamo.

En las próximas semanas los abogados de la querella presentarán su propia acusación, que según adelantó Slepoy, estará en sintonía con la de la fiscalía. En el juicio oral, que prevén que comenzará después de mitad de año y duraría un mes, intentarán que declaren sobrevivientes de la ESMA, el fiscal del Juicio a las Juntas Julio Strassera, así como Hugo Cañón, quien como fiscal impulsó las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en Bahía Blanca, y el periodista José Vales, cuya investigación permitió la detención de Cavallo en México.