Con el sonoro aplauso de los industriales argentinos, en particular aquellos que corresponden a los sectores identificados como “sensibles”, los gobiernos de Argentina y Brasil firmaron ayer un protocolo para regular el comercio bilateral, habilitando la imposición de cupos y aranceles especiales en casos en que las importaciones de un país amenacen severamente la producción del otro. El Mecanismo de Adaptación Competitiva, que ayer los dirigentes de la Unión Industrial Argentina celebraron como un recurso para “revitalizar el proceso de reindustrialización que inició el Gobierno”, reivindica los acuerdos entre privados como un instrumento para solucionar controversias. Sólo si esta instancia se agota infructuosamente, se llegaría a la aplicación de las salvaguardas, que hasta ahora habían sido duramente resistidas por la administración de Luiz Inácio Lula da Silva.

El acuerdo que los técnicos de ambos países terminaron de pulir a las 7 de la mañana de ayer y dio lugar a un contacto telefónico de los presidentes de ambos países poco después, fue saludado por las empresas argentinas pero criticado por los industriales brasileños (ver aparte), quienes prevén la posibilidad cierta de que se restrinjan sus ventas a partir de la instrumentación del nuevo sistema. Las reacciones son previsibles, si se atiende a que la imposición de salvaguardas fue promovida por la Argentina para evitar la avalancha de productos made in Brazil. Sin embargo, la nueva mecánica no es de aplicación automática y sólo quedaría habilitada en caso de que los empresarios competidores hubieran agotado sin éxito la instancia negociadora.

El punto de partida para abrir el proceso es un “aumento sustancial” en las importaciones de un país que provoquen un “daño importante” o “amenaza” de tal a los productores del otro y que la solicitud sea presentada por un núcleo que represente no menos del 35 por ciento de la industria afectada. Bajo la fiscalización de la Comisión de Monitoreo del Comercio Bilateral, que ya existe desde el año 2003, importadores y exportadores involucrados serán citados con el fin de que consensúen una fórmula de autorregulación en un plazo de treinta días, prorrogables por otros treinta.

De no haber acuerdo, los industriales afectados pueden solicitar a su Estado el inicio de proceso de investigación que, en caso de permitir la constatación de un daño o amenaza de tal, desembocará en la imposición de un cupo anual, más un arancel equivalente al 90 por ciento del arancel externo común para aquellos bienes que excedan esa cuota. Esta restricción al comercio tendrá vigencia por un plazo máximo de tres años, prorrogables por otro más.

Una cuestión alentadora para los productores locales –tal como ayer celebraba el dirigente de la Unión Industrial Argentina, Ignacio de Mendiguren– es que toda esa investigación la realizará el Estado del país afectado, el que tendrá la potestad de imponer el cupo y arancel de castigo. A cambio de este amparo, los defendidos deberán iniciar un proceso de reconversión para mejorar su posición competitiva con auxilio de su gobierno, una buena intención que no está claro cómo se traducirá en los hechos ni cómo se juzgará su cumplimiento.

A favor de los exportadores brasileños existen al menos dos circunstancias. Una es que finalmente se acordó una instancia de apelación, que puede dejar sin efecto la Medida de Adaptación Competitiva: un grupo de tres expertos (un argentino, un brasileño y otro de un tercer país) podrían ser convocados para avalar o rechazar la salvaguarda. El segundo punto que en el actual marco operaría a favor de la industria del país vecino es que durante los procesos se tendrá en cuenta el “desvío del comercio”, es decir, el aumento de compras desde un tercer país.

Este último punto contempla lo que ya se esbozó en el último tiempo en el comercio bilateral. En virtud de los acuerdos privados entre productores, se restringió la compra de productos de línea blanca o textiles brasileños. Pero, al mismo tiempo, aumentó el ingreso de heladeras chilenas o mexicanas y prendas asiáticas. El trabajoso acuerdo entre estados sirve para subsanar aunque sea en parte un bache legal del Mercosur, que no prevé compensación de asimetrías ni amparo contra la competencia lapidaria.