No se hicieron nombres ni trascendieron precisiones. La reunión de ayer por la tarde en Brasilia entre el embajador argentino Juan Carlos Lohlé y el diputado brasileño Colbert Martins no aportó demasiados datos sobre los militares argentinos que estarían involucrados en el contrabando de armas hacia ese país. Martins, miembro de la Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) del tráfico de armas, afirmó a Página/12 que la supuesta participación de los militares argentinos surge de las escuchas telefónicas, aunque “desconoce la cantidad y los nombres” de involucrados, pero que él mismo había “anticipado” extraoficialmente a diplomáticos de nuestro país estos aspectos de la investigación antes de que saliera a la luz en la prensa de Brasil. La ministra de Defensa, Nilda Garré, habló con Lohlé y dialogó telefónicamente con el vicepresidente brasileño, José Alencar, sobre la cuestión.

La reunión que fue pedida –según aseguró Martins– por el diputado brasileño el primero de diciembre pasado se concretó ayer, luego de varias postergaciones, por la tarde, en la residencia de Lohlé en Brasilia. Ambos fueron muy cautos en sus declaraciones y coincidieron en que durante la charla no se hizo mención a los nombres de los militares argentinos involucrados en el tráfico de armas, del que también habrían participado miembros de las fuerzas armadas de Uruguay, Paraguay y Surinam.

Fuentes diplomáticas afirmaron que Lohlé le reiteró a Martins la preocupación del gobierno argentino por la venta ilegal de armas y su “plena disposición” a colaborar con Brasil en la neutralización de ese tráfico, para lo que requirió “información concreta”. Pero Martins, el único legislador que participó del encuentro, no aportó demasiados datos, más allá de los que ya habían trascendido a través de la prensa de su país. Señaló que delincuentes brasileños hablaron de militares argentinos involucrados en el tráfico de armas, en conversaciones captadas mediante escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia. Pero negó que de esas grabaciones surjan referencias a oficiales de alto rango del Ejército argentino o sus nombres.

Desde Brasil, Martins afirmó a Página/12 que le trasmitió al embajador Lohlé que desconocía “los nombres y la cantidad” de militares argentinos involucrados en la investigación, pero no descartó que el presidente de la CPI, el diputado Moroni Torgan, maneje esa información. Una nota publicada por el Jornal do Brasil, que citó como fuente a Torgan, mencionó que serían seis los oficiales de nuestro país que estarían investigados.

El legislador también confió a Página/12 que tres días después de solicitar la entrevista con el embajador argentino en su país se encontró en Washington con otro “diplomático argentino que trabaja en una comisión contra el lavado de dinero en la Organización de Estados Americanos” (OEA), a quien le comentó los mismos datos que le transmitió ayer a Lohlé. Es decir, que había militares argentinos en actividad que eran investigados por una comisión parlamentaria brasileña por tráfico de armas. Sin embargo, cuando trascendió la información por la prensa, ningún organismo del Gobierno admitió conocer ese dato.

Al término de la reunión, la ministra Garré se comunicó con Lohlé para conocer los detalles. Luego también dialogó telefónicamente con el vicepresidente de Brasil, José Alencar, que tiene a su cargo el área de defensa, para pedirle oficialmente cualquier información que involucre a nuestro país en el tema. Pero Alencar le aseguró que desconoce detalles de la investigación que lleva adelante el Parlamento como otro poder independiente del Estado. En tanto, voceros de Defensa adelantaron que aportarán a la Justicia argentina toda la información oficial que reciban, “porque hasta ahora son todos trascendidos”. Ya trabajan junto al Registro Nacional de Armas (Renar) para saber si alguna de las armas judicializadas en el país –secuestradas en procesos penales– es de origen militar, para ejercer un control estricto sobre el arsenal de las Fuerzas Armadas. Por su parte, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió ayer a la Cancillería que solicitara al embajador en Brasil el envío de toda la información que posea sobre las denuncias contra seis militares por supuesto contrabando y venta de armas. Además, el abogado Ricardo Monner Sans presentó un escrito en el juzgado de Marcelo Aguinsky para que reactivara una causa de 2002 en la que ya se denunciaba la participación de militares argentinos en el contrabando de armas a Brasil.