“¿Quién es usted?”, le preguntó el fotógrafo, que notó cierto misterio. “El futuro 5 de Boca”, respondió el visitante. Tenía traje oscuro y caminaba al lado de la jueza de Instrucción de Pico Truncado, Graciela Ruata de Leone. Era una presencia extraña, en una ciudad chica como Las Heras, donde todos se conocen y hasta los turistas que se quedan varios días van conociendo las caras. Pero la incógnita duró muy poco. Se trataba de Ricardo Napolitani, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Napolitani hoy ocupa temporariamente la presidencia del cuerpo, el equivalente a la Corte Suprema de la provincia. Su llegada a esta localidad, donde no hay demasiado para hacer salvo extraer petróleo, reflejó hasta qué punto el Poder Judicial de Santa Cruz está siguiendo de cerca la investigación por el asesinato del policía Jorge Sayago. La visita de Napolitani se produjo justo cuando muchas fuentes vinculadas con el caso –un colaborador directo de la jueza y varios policías– anticipan una serie de detenciones inminentes.

Los investigadores aseguran que están buscando elementos de prueba para que la jueza, luego de las capturas, no se vea obligada a dictar la falta de mérito. En la tarea no sólo están actuando los policías de Las Heras. En los últimos días llegaron a la ciudad miembros de la Brigada de Investigaciones, con asiento en Caleta Olivia. Durante la semana posterior al enfrentamiento en la comisaría hubo también un grupo de integrantes de la SIDE, que no pasaron totalmente inadvertidos. También llegaron a la ciudad dos autos Wolkswagen Polo gris, con vidrios polarizados, que transitan por la ciudad sin patente. Página/12 observó a uno. Esos autos quedaron bajo la lupa tras una denuncia por “apremios ilegales y coacción agravada” presentada por los delegados. El escrito sostiene que la víctima fue Héctor Cabana, de la empresa Cóndor, cuyo trabajo consiste en constatar si los caños de extracción de crudo son lo suficientemente herméticos (ver nota aparte).

Según fuentes judiciales, las pruebas más contundentes son los relatos de los testigos. Algunas declaraciones fueron muy detalladas. El fiscal Sergio Gargaglione pidió a la jueza que ordenara más testimoniales. Gargaglione, un ex redactor de La Plata que estudió Derecho mientras ejercía el periodismo, pidió que se cite a un policía de Las Heras de apellido Centurión. Hasta ahora las revelaciones más importantes surgieron de los testimonios de Elba Muñoz, jefa de enfermeras del hospital, y del albañil Roberto Ramírez. Muñoz habría identificado a un joven de 30 años, cercano al ex intendente Francisco Vázquez (PJ), cuando intentaba tirar una molotov bajo la ambulancia que llevaba a Sayago gravemente herido. Ramírez, por su parte, fue el primero que dijo en público que los manifestantes que usaron armas de fuego eran “gente del pueblo” y no “infiltrados”.

Esa hipótesis se ha convertido en la explicación indiscutida de la refriega ante la comisaría y el crimen de Sayago. Siguiendo esa línea, los policías que llevan adelante la investigación, en coincidencia con las fuentes judiciales, aseguran que la mayoría de los agresores que usaron armas de fuego o participaron de la refriega eran “familiares de petroleros, vecinos de los barrios cercanos, algunos obreros del petróleo, la mayoría jóvenes, aunque también viejos”. Entre ese grupo habrían habido muy pocos miembros del cuerpo de delegados: la mayoría decidió permanecer en la entrada del pueblo, sobre la ruta 43, para impedir que los manifestantes llevaran hasta la comisaría un camión de transporte de gas. Los más exaltados querían hacerlo explotar. Esa amenaza pudo evitarse. A pesar de no haber participado en la refriega ante la comisaría, los delegados podrían ver complicada su situación judicial. Sucede que la familia del policía muerto ya anunció que presentará una querella como particular damnificado contra los “autores materiales e intelectuales” del asesinato. La cuñada de Sayago estuvo ayer en Las Heras, visitó la comisaría donde sucedieron los hechos y repartió en los comercios de la ciudad una carta de su sobrina Marcia. La carta está pegada en muchas vidrieras de la localidad.

Pero la querella de los familiares no será la única. Ayer, en un acto con policías en la Unidad Regional Norte de la policía, ubicada en Caleta Olivia, el gobernador Sergio Acevedo dijo que la administración provincial hará su propia acusación. “Quien es el autor o responsable de la muerte del comisario Sayago debe recibir toda la sanción de la ley. Hay algunos que mienten y dicen que la policía tuvo alguna responsabilidad. No fue así. Incitan y siembran el odio como si vestir un uniforme no fuera motivo de orgullo”, dijo Acevedo. Sin hacer ningún gesto, circunspectos, lo escuchaban el jefe de la policía, Wilfredo Roque, y los efectivos de la comisaría de Las Heras.