La investigación por el crimen de Jorge Sayago sigue generando polémica a miles de kilómetros de distancia. Tanto en Las Heras, norte de Santa Cruz, como en Buenos Aires, se escucharon críticas y reclamos sobre la marcha de la instrucción que lleva adelante la jueza Graciela Ruata de Leone. Uno de los que transmitió su preocupación fue el tío de Sayago, Víctor Alvarez, quien ayer fue recibido por el ministro del Interior, Aníbal Fernández. “No tenemos confianza en que se esclarezca el hecho. Hay que cambiar la cúpula (de la policía de Santa Cruz). Hasta el momento no hay ningún detenido que esté fehacientemente involucrado en el hecho”, dijo Alvarez. Evidentemente, no se mostró muy conforme con las decisiones que hasta ahora tomó la jueza (que detuvo a cinco personas y, tras tenerlo un día y medio detenido, liberó a un menor de 14 años).

En paralelo con la visita del tío de Sayago a la Casa Rosada, un grupo de delegados petroleros –asesorados por abogados vinculados con los partidos de izquierda– se presentó en el Ministerio de Trabajo para reclamar el cumplimiento del acuerdo que permitió levantar el corte de ruta de 18 días. Los petroleros, encabezados por Luis Guineo (delegado de la empresa Bolland) y Rubén Uribe (delegado en Oleosur), se entrevistaron con Carlos Molina, un asesor del jefe de gabinete del ministerio, Norberto Sciaravino. La reunión terminó sin ningún avance concreto, según los miembros del cuerpo de delegados disidentes del sindicato petrolero.

Como producto del fracaso de la negociación, partidos de izquierda y movimientos piqueteros opositores convocaron para el 13 de marzo a una jornada nacional de lucha “en apoyo al reclamo de los trabajadores de Las Heras y contra la represión y la cacería de brujas”. La convocatoria se reforzó por dos hechos recientes que causaron cierta irritación entre los disidentes. Guineo –después de Mario Navarro, el dirigente más conocido del conflicto de Las Heras– recibió un telegrama de la empresa en la que trabaja en la que lo instan a presentarse en 24 horas o pedirán su desafuero como delegado gremial.

La otra novedad que molestó a los gremialistas fue el testimonio público del menor de 14 años que había sido detenido el último viernes, supuestamente imputado como partícipe del homicidio de Sayago. “El chico de 14 años salió por Telefé totalmente golpeado. Dijo que le quieren hacer decir cosas. Apareció con un moretón en la cara. Y ya había denunciado que venía orinando sangre”, afirmó la abogada Claudia Ferrero, miembro de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL). Ferrero está cerca del Partido Obrero, que a su vez tiene algo de presencia en la zona norte de Santa Cruz (especialmente en Caleta Olivia).

La actuación de la policía el día de los allanamientos y las detenciones se convirtió en un tema ineludible para todos los actores del caso. Incluso la propia jueza –que hasta ayer mantenía a los cinco detenidos encarcelados en diversos destacamentos de Puerto Deseado– remitió al fiscal un pedido del jefe de policía de la provincia, Wilfredo Roque, para que se investigara la actuación de los uniformados el día de los allanamientos.