La Justicia de Tucumán hizo lugar a un recurso de hábeas corpus colectivo presentado por un abogado particular y le exigió al gobierno de Jorge Alperovich que garantice a los presos “condiciones de habitabilidad dignas, alimentación adecuada, asistencia médica oportuna e integral” y que el personal penitenciario se abstenga de propinar “tratos crueles, inhumanos y degradantes” contra los internos. El juez penal Alfonso Zóttoli declaró la “emergencia edilicia y sanitaria” del Servicio Penitenciario e intimó al director general de Institutos Penales, Ernesto Salas López, para que en carácter de “muy urgente” y con un plazo máximo de treinta días tome cartas en el asunto.

La causa se inició en febrero. Luego de recorrer cuatro cárceles, el abogado Miguel Gustavo Morales denunció que en el penal de Villa Urquiza los internos habían comido “arroz con gusanos”, “carne podrida” y habían descubierto “gasas con sangre” entre los alimentos. Calificó de “irrespirable” el aire por las “pésimas condiciones” de los baños y agregó que durante tres días el penal careció de agua. Internos de la unidad 5 denunciaron el maltrato al que son sometidos por el suboficial principal Madrid y por “un tal Sánchez”, en tanto en las unidades 1 y 2 se quejaron por no poder ir al baño por las noches.

A partir de la denuncia y las medidas de prueba ordenadas por los jueces subrogantes Lidia de Nucci y Juan Pisa, el Servicio de Bromatología municipal constató la “presencia de parásitos” en una polenta, calificada como “alimento contaminado no apto para el consumo”. Se constataron las “malas condiciones de higiene” de los baños, con “pérdida de líquidos, agujeros y manchas en los pisos”. En el caso del interno Cristian Seu Paz, que por orden judicial debía recibir asistencia médica, se verificó que ese servicio “carece de efectividad”. El único punto denunciado que el juez Zóttoli no dio por probado fue el maltrato de los dos agentes citados.