El juez federal de Rawson, Jorge Pfleger, tiene en sus manos un informe que busca demostrar que las tareas de inteligencia interior detectadas en la base Almirante Zar fueron una práctica institucionalizada en la Armada, de la que participaron muchas dependencias de distintos puntos del país. El circuito incluye, además de Trelew, Puerto Belgrano, Mar del Plata, Zárate, Ushuaia y Buenos Aires. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que hizo la denuncia que marcó el comienzo de la investigación judicial, presentó ayer un análisis pormenorizado de 100 documentos con órdenes y reportes de espionaje ilegal. Entre los documentos que ahora estudia el juzgado algunos salieron de la base chubutense en 2003, cuando estaba al mando del capitán de navío Gustavo Leopoldo Ottogalli, actual subsecretario de Relaciones Institucionales de la Marina.

El dato acerca de Ottogalli estaba inmerso entre las carpetas que desbordan el juzgado de Pfleger. Según allegados a la causa, como comandante de la Fuerza Aeronaval 3, entre 2003 y 2004, habría firmado dos documentos de inteligencia ilegal. Esto lo convierte en un candidato a ser citado a indagatoria. Hasta ahora fueron llamados a declarar como sospechosos cinco marinos de la base de Trelew implicados en el espionaje y dos jerarcas ya desplazados de sus cargos: el ex comandante de Operaciones Navales Eduardo Avilés y el ex director de Inteligencia Naval Pablo Rossi. Todos faltaron a la audiencia y tendrán una nueva oportunidad en los próximos días. Para entonces, Pfleger habrá dejado el caso, porque fue ascendido al Superior Tribunal y habrá un subrogante.

Para evaluar el alcance de las operaciones de inteligencia política de la Armada, los investigadores buscan reconstruir la ruta de la información secreta. El CELS, que es querellante, le entregó a Pfleger un análisis minucioso de los circuitos. “Las acciones de inteligencia no estaban reducidas a una pequeña oficina en Trelew. Eran una práctica cotidiana y asentada hacia el interior de la Armada, que involucra a los más altos niveles de inteligencia y a las distintas secciones del país”, explicó Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS. “La información circulaba de arriba hacia abajo y viceversa y en forma transversal”, le dijo a Página/12. “Por ahora no hay pruebas contra el jefe de la Armada (Jorge Godoy), pero la cadena de responsabilidad llega muy cerca”, añadió.

El informe del organismo muestra dos estructuras paralelas en la fuerza implicadas en la información de inteligencia. Una, jerárquica, tiene vértice en la Dirección de Inteligencia Naval (DIA) en Buenos Aires, le sigue la Central de Inteligencia Principal (CEIP) en Bahía Blanca y abajo las secciones de inteligencia de todo el país. Esas reparticiones, a la vez, están ligadas a una estructura de oficinas intermedias no operativas sino de “control político”: la DIA depende de la jefatura de la Marina, la CEIP responde al Comando de Operaciones Navales, en Puerto Belgrano, y la sección de inteligencia de Trelew depende de la Base Almirante Zar.

- Uno de los documentos que está en la causa es una orden que sale del comando de Puerto Belgrano hacia las secciones de inteligencia de Us-huaia, Mar del Plata, Zárate y Trelew. Pide que informen “diariamente” sobre “actividades previstas por parte de elementos ajenos a la Armada relacionados con el 24 de marzo”. Es un mensaje que circuló encriptado.

- Otra orden, también de Puerto Belgrano y con los mismos destinos, solicita que cuando “se produzca una medida de fuerza por personal civil ARA (gremios: ATE, Pacifa, UPCN) en reclamo de mejoras salariales u otras causas, se informará por este medio a 10.00 el grado de acatamiento de la medida, detallando fuerza efectiva, presentes y ausentes”.

- Otros dos documentos van y vuelven entre la DIA, en Buenos Aires, y base Almirante Zar con datos sobre los funcionarios de Derechos Humanos de Chubut Sergio Velázquez y Marcelo Alde como “responsables de una filmación frente a la base aeronaval Almirante Zar”, dicen los papeles.

- Entre temas de espionaje político local, un parte de la base de Trelew avisa que “el intendente electo, Horacio Gómez, estaría padeciendo una enfermedad terminal, cirrosis hepática” y “le quedarían seis meses de vida”. El informe avanza sobre los candidatos a reemplazarlo.