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La Justicia alemana reclamó la extradición del ex jefe de la Policía Federal Juan Bautista Sasiaiñ y del coronel Pedro Durán Sáenz, quien comandaba el centro clandestino de detención El Vesubio. Ambos represores están involucrados en la desaparición de la joven Elizabeth Kässemann, secuestrada entre el 8 y el 9 de marzo de 1977 en Buenos Aires y maltratada brutalmente tanto antes como después de su asesinato. El gobierno de Alemania, que es querellante en la causa, hizo el planteo contra los militares tanto por la vía diplomática como por la judicial.
Elizabeth vivió en Argentina desde 1968, cuando vino para hacer su tesis de sociología, pero había nacido en Gelsenkirchen, al oeste de Alemania. Después de su detención, fue conducida a un cuartel militar en Palermo y luego al centro clandestino de detención El Vesubio. El 26 de mayo de 1977 el general Carlos Guillermo “Pajarito” Suárez Mason informó públicamente de un “enfrentamiento” en el que murieron 16 personas, entre ellas, cuatro mujeres. Una de ellas era Elizabeth. Su padre, el teólogo Ernst Heinrich Friederich Kässemann, viajó a Buenos Aires para recuperar los restos de su hija, a los que pudo acceder sólo después de pagar 22 mil dólares.
El cuerpo se convirtió en una triste evidencia del padecimiento de la joven. La autopsia de médicos forenses de Tübingen demuestra que le dispararon a corta distancia y por la espalda. El cadáver no tenía ojos ni cabello y en una de las manos tenía un agujero como de un clavo bien grueso.
El pedido de captura y extradición fue realizado ante la Justicia por el representante del gobierno germano, Alberto Zuppi. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral es quien tendrá que resolver sobre los reclamos de captura de Sasiaiñ –que actualmente cumple arresto domiciliario por robo de bebés– y Durán Sáenz, señalado como el responsable directo de la muerte de Elizabeth.
Durán Sáenz fue citado a principio del año pasado por la Cámara Federal de La Plata en la causa en la que se investiga el destino de los desaparecidos de la zona. El represor se negó a declarar y en ese momento los presentes en la sala de audiencias comenzaron a gritarle e insultarlo. “Cobarde, asesino, torturador, violador”, se escuchaba. Testimonios de sobrevivientes de El Vesubio señalan que eran habituales los abusos sexuales de las prisioneras por parte del jefe del centro.
Por el secuestro y asesinato de la joven alemana, el juez penal de Nuremberg-Furth, Hans Strohmeier, pidió en marzo la extradición de Suárez Mason. Como en esta oportunidad –y a diferencia de lo que hicieron los otros países que reclamaron extradiciones de militares– el gobierno alemán también se presentó ante la Justicia argentina para que formalice el arresto, mientras la Cancillería daba curso al trámite por la vía diplomática.
El entonces juez federal (ahora camarista) Gabriel Cavallo accedió a la demanda pero cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó el trámite en base al principio de territorialidad, dispuso la liberación de Suárez Mason –que de cualquier manera estaba y sigue preso por robo de bebés–. Como abogado de Alemania, Zuppi cuestionó la inconstitucionalidad de las facultades de la Cancillería para cerrar una causa sobre extradición sin que esa determinación pudiera ser revisada por un juez y argumentó por la inconstitucionalidad del indulto que el ex presidente Carlos Menem otorgó al represor. “Esta disposición es contraria a expresas disposiciones de la Constitución argentina y del derecho internacional público”, afirmó el abogado. Actualmente el pedido de extradición de Suárez Mason está ante la Corte Suprema.