La Cámara de Diputados buscará hoy modificar la ley de financiamiento de los partidos políticos en uno de sus aspectos más polémicos: el control sobre los aportes de terceros en concepto de publicidad durante las campañas electorales, y establecerá penas más duras para quienes no la respeten. El proyecto tiene consenso mayoritario de los principales bloques partidarios y pasaría rápidamente al Senado en busca de su promulgación.

Después de varios meses de debate que hasta contemplaron la posibilidad de postergar la modificación, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados acordó un dictamen consensuado que establece la responsabilidad directa de los encargados políticos y económicos de los partidos y frentes electorales en el control y el seguimiento de “los gastos y donaciones de campaña surgidas de empresas, agencias de publicidad o particulares”. Un tema que había provocado más de un dolor de cabeza cuando los partidos debían rendir sus balances de ingresos y egresos de campaña una vez superados los vahos eleccionarios.

En las modificaciones introducidas en el artículo 49 de la ley se afirma que “será excluyente la participación de los responsables políticos y económicos de los partidos” para la contratación de publicidad electoral, y quedan “expresamente prohibidos” gastos de publicidad de campaña a cuenta de terceros.

No pocos partidos habían argumentado en sus balances de las campañas que se produjeron gastos por fuera de las estructuras partidarias, sobre las que aseguraban no tener decisión ni control económico. A partir de esta modificación, nadie podrá encargar una campaña publicitaria a favor de un candidato, alianza o partido sin el consentimiento de las estructuras económicas de los partidos.

A su vez, serán los partidos los que cargarán con los costos políticos y jurídicos si no les cierran las cuentas. Las penas para los responsables políticos y económicos de los partidos que no cumplan con la ley irán desde los 6 meses hasta los 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y partidarios. Hasta ahora, la Justicia había sido más benévola con las sanciones.

La jueza con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, decidió no sancionar a los responsables de las arcas del Frente para la Victoria y el Frente para la Lealtad que gastaron en la última campaña presidencial más dinero que el autorizado por la ley.