Un proyecto de reforma a la Justicia penal será enviado a la Legislatura bonaerense por el gobernador Felipe Solá para ser tratado antes de fin de año, en sesiones extraordinarias. La iniciativa presentada ayer busca instrumentar “un nuevo modelo de Justicia penal sustentado en el pleno derecho de las garantías y de los derechos humanos, mayor eficacia y celeridad, desformalización y oralidad plena en todas las etapas del proceso”. Se quiere poner fin a situaciones como el “alto nivel de encarcelamiento preventivo prolongado”, derivadas de la existencia de “una organización judicial rígida y estanca con características propias del siglo XIX, con preponderancia del expediente escrito y falta de control de gestión”. Lo que se busca son juicios “cortos y con mayor eficiencia” y la multiplicación de los órganos de juzgamiento. En ese sentido, los 70 tribunales orales conformados cada uno por tres jueces se convertirán en “órganos unipersonales”. De ese modo serán 210 tribunales que podrán actuar para juzgar delitos con penas menores a 20 años de prisión. El tribunal colegiado se mantendrá sólo en los casos más graves.

El proyecto fue presentado por Solá, a quien acompañó el ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco. Al justificar las razones del cambio, recordaron que en la provincia hay 24.481 personas privadas de su libertad a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF). De ese total, 11.107 de los detenidos están procesados, sin sentencia, y sólo 4157 están condenados. El dato más grave, en cuanto a la demora en la provisión de justicia, lo configura el hecho de que hay 492 personas que han sido sobreseídas y que siguen en la cárcel por cuestiones burocráticas. El resto son 6346 internos que tienen sentencia en primera instancia y otros 2379 en segunda instancia. En ningún caso la sentencia está firme.

El proyecto propicia, entre otras, las siguientes reformas:

- Juicios cortos y con mayor eficiencia. Dar mayor celeridad a los procesos mediante la reestructuración del sistema de recursos y “un profundo cambio” en los métodos de organización y administración de la labor judicial.

- Multiplicación de órganos de juzgamiento. Los tribunales criminales de tres jueces se convertirán en unipersonales. De los 70 actuales se pasarán a 210. Sólo habrá tribunales colegiados para los delitos con penas graves, mayores a los 20 años de prisión.

- Simplificación de la revisión de sentencias. Esto se hará al suprimirse el recurso de casación e instaurarse un recurso amplio contra las sentencias definitivas ante las Cámaras de Apelación de cada distrito.

- Agilización de las apelaciones durante el proceso. Las apelaciones de prisión preventiva, excarcelación o nulidades serán resueltas en forma unipersonal por los jueces de la Cámara respectiva.

- Nuevo modelo de organización funcional. Creación de la Secretaría Administrativa de Gestión para coordinar las áreas administrativas comunes, centralizadas y compartidas de los distintos órganos.

- Refuerzo de la estructura orgánica. Se incorporarán 45 nuevos jueces penales, ocho nuevas salas de Apelación y se cubrirán todas las vacantes en salas de Apelación actualmente desintegradas. Se crearán 144 nuevos cargos de defensores oficiales en toda la provincia para equilibrar fuerzas con los fiscales.