La normalización del PAMI quedaría relegada una vez más en la Cámara de Diputados. Las disidencias en el bloque oficialista habrían postergado su tratamiento en el recinto –hasta ayer a la noche no había sido incluido en el temario de la sesión de hoy– a pesar de que tiene dictamen de mayoría. Los legisladores del Frente para la Victoria retomaron la propuesta original para la conformación del futuro directorio del organismo que establecía cuatro lugares para los hombres designados por el Ejecutivo, dos para los trabajadores en actividad y otros dos para la representación de las organizaciones de jubilados. La disputa en el seno del oficialismo enfrentó a cegetistas y referentes de la CTA por las sillas en el directorio en representación del sindicalismo. La oposición, que presentó otros tres dictámenes en disidencia, se juntó ayer para unificar criterios: defenderían en el debate un directorio “más equitativo” y que el síndico del organismo sea designado por la Auditoría General de la Nación y no por el Ejecutivo.

Todo estaba listo para que los diputados avanzaran en la normalización del PAMI. Pero las diferencias entre legisladores oficialistas surgieron por las sillas correspondientes a los representantes de los trabajadores en actividad. El abogado laboralista de la CGT, Héctor Recalde, defendió a rajatabla que esos lugares le corresponden a la “única central obrera con personería jurídica”. Pero los diputados del Frente para la Victoria ligados a la CTA lograron modificar el texto por “personería gremial”, lo que le abre las puertas a la otra central –a la que Gobierno hasta ahora no le otorgó reconocimiento jurídico– de ocupar uno de los sillones en el directorio. La disidencia interna habría sido el motivo principal por el que se tachó el tema en la reunión de Labor Parlamentaria de ayer.

Con todo, no sería la única dificultad con la que se encontraría el oficialismo. La oposición se encargó de cuestionar duramente la conformación del directorio del PAMI. La diputada María América González reclamó de viva voz en la Comisión de Previsión Social una mayor representatividad de los jubilados. “Esto es la estatización del PAMI”, dijo la legisladora del ARI para ejemplificar lo que a su criterio es una “supremacía” de los hombres designados por el Ejecutivo en las decisiones del PAMI, “un ente jurídico no estatal”, según el proyecto.

Desde el oficialismo hubo varios argumentos para defender la conformación que propone el Gobierno. “No es la primera vez que el Gobierno tiene que acudir en salvataje del PAMI”, fue uno de ellos, recordando que tras la última crisis institucional el Poder Ejecutivo tuvo que asumir las deudas del PAMI: siete meses de endeudamiento con los prestadores que aún no fue saldado. El otro lo plantean en voz baja: “La experiencia de la frustrada última normalización demostró que debemos tomar medidas firmes para acotar el poder que (Luis) Barrionuevo y (Enrique “Coti”) Nosiglia todavía tienen en el PAMI”.

Pero la oposición, que en este tema tenía coincidencias importantes pero estaba dividida, parece haber encontrado un atajo para saldar diferencias. Ayer por la tarde se reunieron diputados del ARI, la UCR, el socialismo y legisladores independientes –a los que también se podría sumar parte del Peronismo Federal– para hacer una propuesta única: un representante más para los jubilados y que el síndico del PAMI sea nombrado por la Auditoría General de la Nación. Además pedirán que se redacte un informe previo vinculante si el Congreso vuelve a discutir una intervención del instituto. Aunque el debate quedaría postergado hasta que el oficialismo resuelva su interna.