“Si quieren marginarnos y ponernos fuera de la ley, por lo menos que lo digan abiertamente.” Vilma Ripoll repetía la frase ante quien se le cruzara en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso durante la última sesión de la Cámara de Diputados. La dirigente del MST fue la avanzada de un grupo de partidos de izquierda que reclamaba a los legisladores cambios a las modificaciones que los bloques mayoritarios quieren imponerle a la Ley de Financiamiento de los partidos políticos. La convocatoria, que reunió a 14 organizaciones sin representación parlamentaria, afirma que el proyecto los “asfixia económicamente” y que es “antidemocrático” porque “lleva a la liquidación de distintas expresiones políticas y al silenciamiento de sectores ideológicos”. La iniciativa establece que el 80 por ciento del dinero que el Estado destina a los partidos lo recibirán sólo quienes superen el 2 por ciento del padrón nacional. Y emplea el mismo criterio para ceder gratuitamente los espacios televisivos. Las organizaciones que no alcancen ese piso electoral podrían perder la personería jurídica.

El proyecto del ex duhaldista Jorge Landau estaba incluido en el temario de la sesión del miércoles pasado en la Cámara baja. Pero la extensa jornada legislativa provocó el éxodo de los legisladores, dejó a la sesión sin quórum ya en la madrugada del jueves y sin tratamiento a la propuesta. Durante todo ese día, Ripoll buscó en los pasillos y despachos de la Cámara el apoyo de distintos diputados para modificar el proyecto. Durante la semana, 14 apoderados de partidos de izquierda (entre ellos, el PO, el MST, el PC y PH), se habían autoconvocado para discutir las consecuencias que les acarrearía el proyecto que tiene el aval de los partidos mayoritarios.

La iniciativa establece que del dinero que el Estado destina a los partidos políticos, el 20 por ciento se repartirá por igual entre todos los que participen del proceso electoral, aunque el 80 por ciento restante sólo lo recibirán quienes superen el 2 por ciento del padrón electoral nacional. Además, emplea el mismo criterio para el reparto gratuito de los espacios televivos que el Ejecutivo distribuye en las campañas electorales. Estas modificaciones vuelcan el grueso de los recursos estatales en un puñado de partidos.

“El argumento que esgrimen es eliminar las ‘cooperativas electorales’, esos sellos que lucran con el alquiler de sus personerías. Pero no pueden decir eso de los partidos de izquierda, que tenemos una historia, que se sostienen con el aporte de sus afiliados y no reciben dinero de los empresarios”, afirmó Ripoll a Página/12.

Marcelo Ramal, del Partido Obrero, también embistió contra el proyecto. “Quieren asfixiar a las organizaciones de izquierda a las que les niegan hasta el financiamiento estatal, pero no cuestiona el aporte que hacen a los partidos mayoritarios los grandes grupos empresarios travestidos en fundaciones”, sostuvo.

Esta semana, los partidos de izquierda volverán a reunirse para decidir –en base a un borrador que elaboraron los humanistas– los pasos a seguir. Aunque insistirán ante los diputados, los senadores y hasta solicitarían una entrevista con el ministro de Interior, Aníbal Fernández, para pedirle al Poder Ejecutivo que “vete los artículos discriminatorios” de la ley, si ésta llega a ser sancionada por el Parlamento.

Sin embargo, muchos de los apoderados partidarios comenzaron a preocuparse por otra legislación que los pondría en el umbral de marginación política. La semana pasada el Senado eliminó las internas abiertas y obligatorias, sancionada en medio del clamor por “que se vayan todos” tras la crisis de 2001. Esa ley suspendía transitoriamente un artículo de la Ley electoral que establece el piso del 2 por ciento de los votos del total del padrón electoral para conservar la personería jurídica. Quienes no alcancen ese piso en las próximas elecciones perderían el reconocimiento legal.