Para el Servicio Penitenciario Federal “todo preso es político”, como cantaba el Indio Solari, pero en un sentido literal. La subsecretaria de Derechos Humanos bonaerense informó a la Justicia que el director de Seguridad de la cárcel de Marcos Paz ordenó a su personal tener “trato privilegiado” con los ex miembros de fuerzas armadas y de seguridad encarcelados allí por crímenes vinculados con el terrorismo de Estado, a quienes definió como “presos políticos”. Así se lo hizo saber al juez federal Arnaldo Corazza, que investiga la desaparición del testigo Julio López, en una carta en la que describió, además, que los detenidos “tendrían acceso a un teléfono interno del complejo”. Esa carta ratificó las sospechas que tenía el magistrado desde que se hizo cargo del caso respecto de los conciliábulos que pudieran tejer allí los represores. Y le dio motivos para la requisa que se realizó el 23 de marzo, según afirmó a Página/12 el propio juez.

Los resultados de ese operativo –en el que se comprobó que usan una línea interna del penal, y se secuestraron papeles personales del ex comisario Miguel Etchecolatz y otros represores– y estos datos aportados por un organismo oficial confirman que los módulos 1 y 2 de Marcos Paz se parecen mucho a una cárcel VIP, tal como vienen denunciando diversas organizaciones de derechos humanos. De hecho, una carta personal secuestrada a uno de los represores dice: “Nos tratan con respeto, nos llaman ‘el grupo de los famosos’”. Edgardo Binstock, secretario de Derechos Humanos bonaerense, expresó a este diario que “al parecer la ideología de algunos de los que conducen esa cárcel es similar a la de los que están presos, y esto es como mínimo delicado”. Por su parte, el Ministerio de Justicia, responsable del Servicio Penitenciario Federal (SPF), informó que abrió un sumario interno tras tomar conocimiento de estos hechos.

La primera en advertir sobre los riesgos de que los represores convivan en su cautiverio fue Nilda Eloy, sobreviviente de los campos de exterminio y testigo junto a López en el juicio contra Etchecolatz. “Hay que buscar en Marcos Paz”, afirmó la mujer en uno de los primeros actos por el albañil de 77 años, desaparecido desde hace seis meses y medio. Desde entonces las abogadas Myriam Bregman y Guadalupe Godoy, que representaron a López en aquel proceso, vienen pidiendo que se investigue qué sucede puertas adentro del penal. Tanto el fiscal federal Sergio Franco como el juez Corazza solicitaron al Ministerio de Justicia nacional que tome las medidas necesarias para evitar que el ex comisario y quienes fueron miembros de su patota compartan el mismo espacio. Les inquietaba la frase del chofer de Etchecolatz, Mario Guallama, luego de que su jefe cayera preso: “Nos vamos a reagrupar y vamos a pasar al frente”.

El 14 de marzo, Corazza recibió la carta de la virtual número dos de Binstock, Sara de Cobacho. La funcionaria la elaboró luego de verificar dos denuncias anónimas recibidas en la secretaría que planteaban situaciones irregulares en Marcos Paz. “En enero de 2006 el director de Seguridad del Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, prefecto Héctor Altamirano, ordenó al personal del penal que estos detenidos debían tener ‘trato privilegiado’, extendiéndose el mismo a las visitas que reciben. Y en este sentido el prefecto habría aclarado que no eran presos comunes sino que los definió como ‘presos políticos’”, redactó Cobacho según consta en la carta a la que tuvo acceso Página/12.

La funcionaria describió que “durante el transcurso de 2006 las visitas de estos detenidos no ingresaban por la puerta correspondiente sino por la del personal, sin tener ningún tipo de requisa y sin cumplir con los horarios estipulados. Además, entraban con teléfonos celulares, cámaras fotográficas y dinero, en algunos casos sumas que superaban los mil pesos”. Cobacho admitió que hacia fines de 2006 esta situación “cambió parcialmente”, pero sostuvo que “la requisa siguió siendo incompleta y menos minuciosa que con las visitas de los presos comunes, dado que sólo se revisan bolsos y paquetes, por lo que es posible que puedan ingresar algunos de estos elementos ocultos debajo de la ropa”.

No menos llamativo es el párrafo que sigue. “Estas personas reciben asiduamente visitas de personas que se identifican como miembros de Fuerzas Armadas y de seguridad.” Ese fue uno de los objetivos del procedimiento solicitado por Corazza al SPF, los libros de guardia para revisar quiénes se acercan a llevarles cigarrillos, entre otras cosas, a estos reos. La subsecretaria también alertó que “estos detenidos no están alojados en celdas sino en los módulos 1 y 2 de la enfermería, y en este lugar la guardia se encuentra en el exterior, por lo que no existe vigilancia constante sobre las actividades de los mismos”.

La abogada Bregman destacó que algo similar sucede con el represor Alfredo Astiz, detenido en la base naval de Zárate, porque “tiene acceso al río y sale a una oficina del 4º piso Hospital Naval”. Según la letrada, “esto es lo que pasa con las prisiones en bases militares, y por eso insistimos en que a los represores hay que darles cárcel común y efectiva”.

¡Aló Marcos Paz!

La carta de Cobacho concluye que los represores detenidos en Marcos Paz “tendrían acceso a un teléfono interno que permite comunicarse con otros internos del penal” y del que “sería factible realizar llamadas al exterior”. Esto fue comprobado durante el operativo del 23 de marzo y está siendo analizado por el juez Corazza. Sus investigadores buscaban determinar de qué manera se comunican los represores con el exterior, dado que nada surgía de la intervención de las líneas telefónicas públicas para los presos. Durante la requisa fueron secuestradas tarjetas para cargar teléfonos celulares pero no encontraron ningún teléfono móvil, lo cual indujo a los querellantes a sospechar que estaban avisados. Incluso, hay quienes hablan de un aviso con “tres días” de anticipación. Sin embargo, Etchecolatz no imaginaba que los efectivos del SPF, de la SIDE, la federal y la bonaerense se iban a llevar su agenda personal. “Se puso como loco en ese momento”, reconstruyó este diario. Los organismos de derechos humanos que siguen el caso emitieron aquel día una dura queja contra la Policía Federal, a la que acusaron de haber filtrado el dato.

Al día siguiente de que recibió la carta de Cobacho, el juez Corazza la envió por fax al Ministerio de Justicia de la Nación, según consta en la foja 1026 del expediente. Los funcionarios del ministro Alberto Iribarne dijeron a Página/12 que a partir de entonces se inició “un sumario interno”. Y recordaron que en noviembre pasado el director del SPF Hugo Soza impartió directivas para “determinar la posible tenencia de elementos no permitidos, tales como teléfonos celulares, atento a las amenazas denunciadas por medios periodísticos, por parte de aquellos detenidos por violaciones a los derechos humanos alojados en el Complejo Penitenciario Federal II”. Pero los hechos relevados por la gente de Binstock demostrarían que algo falló en la cadena de mandos.

“Nos informaron que tenían un trato privilegiado y sin control, y cierta libertad de movimientos, por lo tanto es clara la vinculación con el caso López, porque desde el inicio el tema central acá fue Etchecolatz y su entorno”, indicó el secretario de Derechos Humanos bonaerense. Ayer, el ministro Iribarne aseguró que “ratificando el criterio presidencial de cárcel común para los detenidos por crímenes de lesa humanidad, Marcos Paz estará pronto en condiciones de alojar a 70 represores”. Para la abogada Godoy, “esto es un diálogo de sordos porque desde hace años venimos reclamando cárcel común, pero todo indica que en Marcos Paz persisten privilegios”.