Mientras tenía el beneficio de la prisión domiciliaria, el represor Miguel Etchecolatz gozaba de buena salud y de la compañía de una pistola Browning 9 milímetros siempre cargada. Recién cuando se supo que cumplía su detención armado fue a parar a la cárcel de Marcos Paz. El ejemplo fue reflotado por María Isabel Chorobik de Mariani, en un pedido que le llevó al juez Arnaldo Corazza para que revocara el arresto domiciliario de ocho represores acusados por secuestros y desapariciones en la Comisaría 5ª de La Plata durante la última dictadura. Mariani, que es querellante, pidió que no se aplicara ese privilegio en forma automática por el solo hecho de que alguien supere los setenta años, ya que la ley prevé que los jueces evalúen cada caso. Reclamó, incluso, que se tenga en cuenta el contexto de intimidaciones, agravado desde la desaparición de Julio López, testigo del juicio al ex comisario de la policía de Ramón Camps.

El planteo de Mariani, representada por el abogado Alejo Ramos Padilla, dice que la posibilidad de la prisión domiciliaria, prevista para mayores de setenta años o quienes padezcan una enfermedad incurable en su fase terminal, “es una facultad del juez y no una regla”. La regla, puntualiza, es que la “la prisión debe cumplirse en establecimientos carcelarios” evitando que se convierta en una pena inhumana o degradante. Según se desprende de la ley 24.660, explica, los jueces deberían hacer una evaluación, médica y psicológica, para justificar en cada caso por qué deben aplicarse unas u otras condiciones de detención. Esa verificación, advierte, por lo general no se hace.

Chicha Mariani pidió, en concreto, que sean enviados a una cárcel común los ex policías Osvaldo Sertorio, Rodolfo González Conti, Juan Fiorillo y Luis Vicente Patrault y los ex coroneles del Ejército Reinaldo Tabernero, Rodolfo Aníbal Campos y Alejandro Arias Duval. Ni en éstos ni en muchos otros casos, alertó, “se analizó de manera concreta las situación de salud del detenido y si estaba en condiciones de sobrellevar la prisión que había sido impuesta”.

La semana pasada la Cámara Federal de La Plata cuestionó la aplicación automática de la prisión domiciliaria. En esa decisión se basó Mariani. Recordó que el voto del juez Leopoldo Schiffrin advertía que, “de seguirse la mera constatación de la edad para acceder al beneficio, se podría hacer acreedora del mismo una persona con un estado de salud que en nada se diferencia del resto de los detenidos” en “perjuicio” del “principio de igualdad”. El camarista también sostuvo que los jueces “deben extremar la prudencia” y tener en cuenta “la naturaleza de los delitos imputados”.

A los 83 años, Chicha, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, sigue buscando a su nieta Clara Anahí, que era una beba de tres meses cuando fue secuestrada en medio de un operativo en el que mataron a su madre, Diana Teruggi. El hijo de Mariani, Daniel, fue asesinado ocho meses más tarde. Durante el juicio a Etchecolatz, en el que también fue querellante, la mujer recibió amenazas. En este punto, volvió a citar a Schiffrin, quien vinculó los arrestos domiciliarios con “una maquinaria destinada a obtener impunidad”, que “está en movimiento” y “que opera con la intimidación como un medio para alcanzar su finalidad”.