Luego de los hidrocarburos y de la metalúrgica de Vinto, el gobierno de Evo Morales se dispone a recuperar las acciones de la Empresa Nacional de Telefonía (Entel), que hoy se encuentra en manos de la italiana Euro Telecom. Para ello, el presidente boliviano promulgó un decreto en el que crea una comisión conformada por los ministros de Presidencia, Hacienda y Obras Públicas y los viceministerios de Coordinación Gubernamental y Telecomunicaciones, para que en treinta días recobren el 51 por ciento de la empresa que se encuentra en manos de la transnacional italiana. En principio, el gobierno no parece dispuesto a pagar los 320 millones de dólares de capital actualizado que tiene Entel. La compañía es líder en servicios de larga distancia, telefonía móvil e Internet en el país y, obligada por Morales, actualmente encara un proceso de expansión que la llevará a prestar servicios en 500 poblaciones más.

La estrategia parece otra. Cuando Jerges Mercado era viceministro de Electricidad y no ministro de Obras Públicas se refirió a las auditorías técnicas y financieras realizadas por el Estado a las empresas capitalizadas. Ese día se estaba yendo del gabinete y como no tenía que guardar más secretos, reveló que algunas empresas capitalizadas mintieron sobre los montos de inversión en el país o simplemente no cumplieron con los contratos firmados en 1995, durante la primera administración de Gonzalo Sánchez de Lozada. A ello se suma el deseo de Euro Telecom de abandonar el mercado boliviano y las continuas denuncias de reducción de capital de la empresa. Datos estatales constatan que la compañía italiana se ha llevado más de 600 millones de dólares de Bolivia. Con todos estos datos, el gobierno de Morales confía en una negociación rápida, barata y eficiente. Al monto económico que pidan los italianos habrá que restarle los 25 millones de dólares que Impuestos Internos quiere cobrarle a Entel por supuestos tributos impagos.

Euro Telecom International se adjudicó el 51 por ciento de las acciones de Entel en el llamado proceso de capitalización impulsado por el primer gobierno de Sánchez de Lozada (1993-97). En ese momento, Bolivia entregó sus empresas estratégicas (telefonía, ferrocarriles, electricidad, aviación e hidrocarburos) a empresas transnacionales a cambio de promesas de inversión. Los empresarios se quedaron con la mitad más uno de las acciones y el resto fueron a un fideicomiso de asociaciones de fondos de pensiones, que manejan los recursos de las jubilaciones de todos los bolivianos y aportan dinero para el pago de subsidios como el bono de vejez (Bonosol) y el de educación primaria (Juancito Pinto).

Con la nacionalización de los hidrocarburos, esta estructura no se modifica, ya que la estatización del petróleo y el gas sólo recupera la propiedad de los carburantes y no así de los medios de producción. Sin embargo, los planes del gobierno son ir más a fondo en otras nacionalizaciones. Con ello, Bolivia deberá encarar una reforma en pensiones para recuperar lo que queda de las antiguas empresas estatales. Mercado ya anunció la refundación de la Empresa Nacional de Electricidad para que administre las redes del extremo sur y norte del país (que podrían incluir la exportación de electricidad a Brasil y Chile) y, con los gobernadores de Santa Cruz, Oruro y Cochabamba, se viene hablando de la posibilidad de que ellos se hagan cargo de la recuperación de los ferrocarriles, hoy en manos de la chilena Cruz Blanca.

En el tema de la aviación todo parece más complicado. La línea de bandera, Lloyd Aéreo Boliviano, está prácticamente en la quiebra y desde el gobierno ya se habla de crear otra con el apoyo económico de Venezuela. El objetivo es claro y fue trazado por el vicepresidente Alvaro García Linera: actualmente el Estado controla el 18 por ciento de la economía. El objetivo es que hasta 2010 controle entre el 30 y el 40 por ciento de todo el Producto Bruto Interno de Bolivia.