Las leyes de reparación histórica a los presos políticos y a los familiares de los desaparecidos incluyeron a las víctimas del último período militar, pero no a las de las dictaduras anteriores o a los detenidos en períodos democráticos por la aplicación de planes “antiterroristas”. Aunque desde el año ‘92, cuando salió la primera ley de reparación histórica, el Congreso recibió tres proyectos para incluirlos, ninguno fue aprobado. En febrero, la última de las iniciativas presentadas pareció estar cerca de convertirse en ley, al conseguir la media sanción del Senado, pero luego quedó varada en Diputados, donde ahora permanece sin fecha de tratamiento. Los que esperan su sanción son en su mayoría antiguos militantes de la resistencia peronista, parte de una generación que fue perseguida durante dos décadas y que hoy –ya todos tienen unos 70 años– reclaman al Estado un reconocimiento económico y simbólico.

Amelia Rearte integra el grupo de militantes y familiares que se están movilizando para que el proyecto salga del freezer. “Cuando se creó el fondo de reparación histórica para los luchadores, en 1992, el espíritu de los legisladores fue muy amplio, ya que no le fijaron fecha de inicio ni de término. Pero después un decreto presidencial lo limitó, acotando su aplicación a los detenidos o desaparecidos entre 1974 y 1983, con lo cual toda la franja de la resistencia peronista quedó afuera.”

Amelia es la mujer de Gustavo Rearte, uno de los principales referentes de la resistencia peronista, fundador de la primera Jotapé y protagonista de la toma del frigorífico Lisandro de la Torre. Llega acompañada por Roberto Contursi, Beatriz Grecco y Norma Morello. Roberto es el mayor: ya ha cumplido 88. Los viejos peronistas lo recuerdan bien porque, tras la caída de Perón, el departamento de los Contursi se convirtió en un improvisado centro de apoyo para los presos y sus familiares. Estaba en el barrio de Almagro, en un primer piso a la calle en el que en los tiempos iniciales de la resistencia, todavía no tan oscuros como los que vendrían después, Contursi tenía un loro en el balcón que silbaba la Marcha peronista, desafiando la prohibición de la Libertadora.

Beatriz y Norma eran mucho más chicas en aquel 1955: tenían 15 años. A la primera, hija de un militante peronista, le tocaría pasar por varios allanamientos y ver su casa semidestruida por una bomba. Norma pasaría por la prueba más dura: en 1971, cuando era maestra rural e integrante de las Ligas Agrarias, fue secuestrada. Su caso se convirtió en una de los primeras detenciones sin proceso de la dictadura de Alejandro Lanusse.

“Militaba en la Iglesia. Todo mi camino político fue por el lado de lo social, del descubrimiento de la pobreza, del feudo que era el lugar donde vivía, Corrientes”, recuerda. En esa provincia, Norma fundó junto al obispo Devoto el Movimiento Rural Católico. “En el ’71 elegí ir a dar clases a la estancia La Marta, de uno de los terratenientes más fuertes de la región.” La escuela quedaba en un paraje al que sólo se llegaba a caballo, en el medio del campo; allí estaba cuando un operativo del Ejército desembarcó una noche y la sacó del aula donde dormía. El primer mes estuvo desaparecida. La torturaron para que diera los nombres de sus compañeros de militancia y, si finalmente la pasaron a una comisaría, fue por la presión de las masivas movilizaciones que se realizaron en su apoyo. En esos años se generalizarían los “operativos rastrillo”, que consistían en cerrar militarmente varias manzanas y hacer allanamientos sin orden judicial para arrestar a los militantes populares. Cuando liberaron a Norma, seis meses después de su captura, tampoco habría ningún proceso legal. “Me soltaron así como me habían llevado. En teoría, nunca había estado presa.”

Volvería a ser detenida en 1976, esta vez por dos días, de donde partiría junto a su familia al exilio. Su caso roza el delirio en que puede convertirse ser argentino: sin posibilidad legal de una reparación por el primer secuestro, cuando se presentó a hacer los trámites por su segunda desaparición, en la Secretaría de Derechos Humanos (que comandaba entonces Alicia Pierini) le pusieron como requisito que le pidiera a la policía “el registro” de su detención.

A los 67 años, Norma trabaja como maestra para ganarse la vida. “Lo que nosotros estamos pidiendo es una cuestión de dignidad histórica. ¿Por qué unos merecieron reconocimiento y otros no?”, pregunta. Amelia completa la idea: “Queremos una ley que diga que estuvimos, que construimos algo para nuestros nietos y nuestros hijos”.

El proyecto de ley propone “incorporar a las leyes 24.043 y 24.442, que benefician a detenidos puestos a disposición del Poder Ejecutivo durante la última dictadura, a las víctimas de desaparición forzada ente el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983. Desde este planteo, puntualiza:

- Incluir a los militares que por no haber aceptado incorporarse a la rebelión contra el gobierno constitucional fueron víctimas de difamación, marginación y/o baja de la fuerza.

- Extender el beneficio a quienes estuvieron detenidos, procesados, condenados o a disposición de la Justicia o de los Consejos de Guerra por el Plan Conintes y otros similares.

- Incluir a quienes hubieran sido detenidos “por cualquier normativa que pueda ser definida como detención de carácter político”.

De manera simultánea a este proyecto, también se están tramitando otros a nivel provincial. Un antecedente favorable es la reciente sanción por parte de la Legislatura bonaerense de un subsidio que el gobernador Felipe Solá se comprometió a no vetar. Otro proyecto de este tipo está en estudio en la ciudad de Buenos Aires. Firmada por el diputado Miguel Talento, la iniciativa recuerda que “la legislación ha reconocido la lucha de los ex combatientes de Malvinas y de los detenidos-desaparecidos en el último proceso militar, pero no rindió homenaje a aquellos que lucharon contra la proscripción política y la ruptura del orden democrático en períodos anteriores”. El texto recuerda que “el Estado tiene la obligación de reconocer su accionar ilegal”, así como también “indemnizar a las víctimas que causó tal accionar ilegítimo”.