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Más de tres mil desocupados del Conurbano y distintas localidades del interior del país marcharon a la Plaza de Mayo para pedir planes de empleo y asistencia alimentaria. Los piqueteros coparon el microcentro porteño desde temprano, con cortes de calles y manifestaciones frente a las oficinas de gobierno. Consiguieron que se los recibiera en la Casa Rosada y aunque no obtuvieron definiciones de fondo, quedaron abiertas vías de negociación. Ayer fue el día en que los piqueteros volvieron a la plaza, pero la protesta los mostró divididos: los desocupados, que acaban de romper su organización nacional, llegaron en grupos autónomos, se reunieron con los funcionarios por separado y al terminar la tarde cada cual se fue por su lado. “Estamos conformes”, dijo Nina Pelozzo, la mujer de Raúl Castells, al salir de la Casa de Gobierno. “Duhalde es más de lo mismo, nos quieren condenar a la miseria”, consideró en cambio José Villalba, del Polo Obrero.
Las organizaciones que se movilizaron ayer son cinco: el Movimiento de Raúl Castells (MIJP); el Teresa Rodríguez (que encabeza Roberto Martino), el Tierra y Liberación (vinculado al Partido Comunista), el Teresa Vive (del MST) y el Polo Obrero (del partido ídem).
Hasta hace diez días, con excepción del MIJP de Castells, todos convivían en un solo frente, el de la Asamblea Nacional Piquetera; ahora, luego de una fuerte disputa interna, se partieron en dos bloques.
Uno de ellos es el que se movilizó, mientras que en el otro quedaron la Federación de Tierra y Vivienda (cuyo titular es Luis D’Elía) y los desocupados de la Corriente Clasista y Combativa (que preside Juan Carlos Alderete). Para terminar de complicar el mapa de siglas y sectores, tanto los desocupados que están con Castells como los que siguen a Alderete reivindican su derecho a identificarse como integrantes de la Corriente Clasista y Combativa.
En el Gobierno, aunque un poco mareados, dicen que el criterio será “recibir a todos cada vez que sea necesario”. Ayer hubo reuniones en tanda, porque el bloque que protagonizó la protesta tenía a su vez diferencias internas y sólo había acordado que todos confluirían el mismo día frente a la Casa Rosada. “Pero una vez allí, cada uno hizo sus gestiones por separado”, explicó a Página/12 Raúl Castells. Su grupo llegó primero a las calles del centro, encabezado por Nina, la mujer de Castells; el dirigente cumple prisión domiciliaria y no puede salir de su casa.
Los desocupados del MIJP pasaron por el Ministerio de Trabajo y luego se concentraron frente a la Casa Rosada. Allí los recibió el viceministro del Interior Carlos De la Rosa junto a Diana Conti, reciente incorporación de Juampi Cafiero en la vicejefatura de Gabinete.
Pidieron tres cosas: la libertad de Castells y Emilio Alí, 24 mil planes de empleo y alimentos. Les respondieron que estudiarían cada caso. Después mantuvieron una audiencia con el hombre de confianza de Chiche Duhalde en Desarrollo Social, Leonardo Di Pietro, que acaba de asumir como secretario de Políticas Sociales.
Di Pietro recibió también a al segundo grupo de manifestantes (el Polo Obrero y los demás movimientos) con un petitorio no muy distinto, consistente en alimentos y planes de empleo. Los manifestantes relataron que en los últimos 15 días cientos de miles de personas dejaron de recibir comida y en Desarrollo Social no los desmintieron. “Tenemos un diagnóstico similar sobre lo que está pasando”, dijo el secretario.
Al margen de la división interna y de la carrera por reacomodarse de cada sector, las organizaciones de desocupados están soportando además una presión común: en diciembre, cuando Adolfo Rodríguez Saá anunció que se crearía un millón de puestos de trabajo, la reacción inmediata de la gente en los asentamientos, villas y barrios más pobres del país fue la de organizarse para acceder a esos planes. Cientos de miles de personas han armado listados y reunido documentación para acceder a un plan de 200 pesos. Ayer Nina Pelozo entregó a los funcionarios los papeles de 24 mil aspirantes repartidos en 19 provincias. El Polo Obrero también reclamó que el número prometido por Rodríguez Saá se mantenga. Y aunque por separado, todos plantearon que la asistencia no se distribuya a través de las gobernaciones ni utilizando el aparato del Estado “para evitar el clientelismo de los punteros políticos”.
El gobierno de Eduardo Duhalde, que conoce mucho mejor que el de la Alianza cuán tensa está la cuerda, tomó nota e invitó a todos a sumarse a la concertación. “La situación de los presos tendrá que resolverla el Congreso, a través de la ley de amnistía que mandó Rodríguez Saá”, repasaban ayer en la Casa Rosada. “De los pedidos de comida va a ocuparse Chiche y con respecto a los planes de empleo, en Trabajo van a revisar toda la documentación que nos entregaron.”
Aunque todavía no está claro si el millón de subsidios va a hacerse efectivo, la intención es mantener los planes que ya se entregaron. En el Gobierno dicen que son unos 256 mil y que estarán vigentes por tres meses, hasta marzo. Después, se supone, todos los programas van a ser reemplazados por una asignación cuyas características se definen por estas horas.