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Por Guillermo Zysman
Desde Casilda

Una movilización que había sido planeada por organizaciones productivas, sociales y gremiales como protesta pacífica contra el sistema financiero terminó por desatar una furiosa jornada en esta localidad, 50 kilómetros al oeste de Rosario. Mientras el grueso de la marcha, encabezada por el intendente Eduardo Rosconi, protestaba frente a las entidades bancarias, un grupo comenzó a arrojar piedras y baldosas. Los frentes de los cinco bancos de la ciudad quedaron destrozados. Las sedes de la AFIP –ente recaudador provincial–, la Empresa de Energía y locales de atención de empresas de servicios públicos privatizados sufrieron severos daños y fueron incendiados.
La minúscula presencia policial fue reforzada y comenzaron los enfrentamientos. Cinco manifestantes resultaron heridos, alcanzados por las balas de goma y los gases lacrimógenos; otros dieciséis fueron detenidos. Nadie en esta región –que llegó a tener a principios de los ‘90 las tierras más cotizadas del país– había previsto la dimensión del fenómeno ya bautizado como el “Casildazo”. El jefe comunal dijo que la situación “se nos escapó de las manos”; los organizadores acusaron a “grupos infiltrados” y el ministro de Gobierno dijo que “hubo algo más que una simple protesta”. Los más osados analizaban la pueblada al ritmo de la interna peronista. Pero la mayoría encontró explicaciones más simples: la crisis que arrasó prósperas industrias metalmecánicas, despojó de sus campos a chacareros y secó el comercio local.
Hace tiempo que las fuerzas productivas, sociales, políticas y gremiales de esta hermosa ciudad de 35 mil habitantes tomaron nota de la situación. Quienes años atrás eran confiados productores de cereales y dueños de rentables fábricas de maquinaria agrícola, cayeron luego en el endeudamiento y desfinanciamiento a medida que la convertibilidad no terminaba nunca y la economía se abría a la importación sin barreras. El año pasado se sucedieron numerosas marchas –sin incidentes– contra la “banca usuraria”, señalada por estos sectores como el principal responsable de la caída en picada de Casilda.
Nada hacía prever el desenlace de ayer. Los 45 efectivos avocados al dispositivo de seguridad reflejaron la escasa importancia que le asignó la cúpula policial a la jornada. Los mismos bancos desobligaron a sus empleados a las 9 de la mañana para cerrar las puertas. Desde temprano más de siete mil personas se concentraron en el corazón de la ciudad para hacer una recorrida por los bancos. La intención del comité de crisis que organizó la movilización en el que confluyen empresarios, chacareros, desocupados, gremios y hasta los propios funcionarios, era repudiar tanto las últimas medidas económicas como la presión que viene ejerciendo desde hace años el sistema financiero.
Pasadas las 9.30 comenzó la primera recorrida, liderada por Rosconi y un grupo de concejales frente a los bancos Galicia y Credicoop, que sólo recibieron huevazos ante la mirada de la policía. Pronto los ánimos se exacerbaron: a sólo cuadras un grupo comenzó a arrojar rulemanes de tractores contra el Banco Bisel, blanco de las críticas de los casildenses. Los cinco efectivos de la Unidad Regional IV poco podían hacer frente a la avalancha de cascotes que ya habían destrozado el extenso frente vidriado. Minutos más tarde llegaron agentes del Cuerpo Guardia de Infantería de Rosario y otros refuerzos que dispararon gases lacrimógenos y balas de goma.
Casi simultáneamente otro desprendimiento de la marcha se apostó frente a la sucursal del Banco Nación, el Galicia y el Nuevo Banco de Santa Fe. Ambas sufrieron el destrozo de sus frentes; en la primera lograron hacer añicos el cajero automático. El Credicoop, para el cual los casildenses sienten especial apego –”porque nunca ejecutamos ninguna propiedad” explicó uno de sus empleados a Página/12–, queinicialmente se había salvado pero no pudo zafar cuando la violencia apoderó totalmente de las calles de Casilda.
Devastados los cinco bancos de la ciudad la protesta –ya reducida– llegó a las oficinas de la Empresa Provincial de Energía, filial de Telecom, la AFIP, Aguas Provinciales y la Administración Provincial de Impuestos (API). En el ente recaudador nacional prendieron fuego a numerosos archivos y computadoras; en la API las llamas arrasaron con la vieja casona y en la sede de Aguas Provinciales el incendio se llevó toda la oficina. Cuando los más ofuscados intentaban prender fuego a una camioneta de la empresa, llegaron los bomberos que también sufrieron los efectos de los gases lacrimógenos de la brigada antimotines.
La violencia comenzó a ceder cerca de las 13.30 cuando la presencia policial se había reforzado. Más tarde la ciudad comenzó a recuperar su habitual fisonomía mientras los lugareños intentaban explicar las razones de la pueblada. “La situación se nos fue de las manos, nunca nos hubiéramos imaginado que algo así podría pasar en una ciudad pacífica y tranquila como la nuestra”, confesó a este diario un consternado Rosconi quien en ningún momento deslizó la hipótesis de los infiltrados.
El presidente del Centro Económico local, Hugo Racca, razonó distinto: “Esto fue obra de un grupo de gente que vino de (la localidad vecina de) Chabás para aprovecharse de la protesta en beneficio de algún sector político. Nos sentimos usados y lamentamos que de ahora en más la gente seguramente no va a salir tanto a las calles”.