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El secretario de Hacienda, Oscar Lamberto, les sugirió a los ministros de la Corte Suprema la necesidad de implementar una poda presupuestaria del 13 por ciento en el Poder Judicial, la misma proporción que el año pasado se recortó en el Ejecutivo y que este gobierno apunta a mantener. Los supremos escucharon las explicaciones atentos, pero plantearon que quieren mantener por lo menos el mismo presupuesto cercano a 600 millones de pesos del año pasado al menos durante el primer semestre. El funcionario de Economía también deslizó la posibilidad de que los jueces empiecen a pagar impuesto a las Ganancias, del que están exentos. Lo único que el tribunal prometió es que seguirá fallando a favor del corralito.
Como el ministro de Economía Jorge Remes Lenicov finalmente no fue a la reunión, le tocó a Lamberto explicarles a los jueces de la Corte cómo se está armando el presupuesto mientras el FMI exige un ajuste muy fuerte antes de acceder a prestar cualquier ayuda financiera. Les transmitió, junto al secretario Legal y Técnico de la cartera Eduardo Ratti, que sería bienvenida una reducción de las partidas para Justicia, por lo menos en un 13 por ciento, como parte del recorte del gasto público que encara el Gobierno, según reflejaron en el ministerio de Economía.
Mientras en el cuarto piso del Palacio de Justicia se celebraba la reunión, en la que estaban siete de los nueve jueces –Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, Antonio Boggiano, Augusto Belluscio y Gustavo Bossert–, un grupo de deudores de créditos inmobiliarios que no fueron alcanzados por la pesificación hicieron un “llaverazo” frente a los tribunales denunciando discriminación.
Lamberto explicó ante la Corte que el esquema presupuestario prevé el mantenimiento de las rebajas salariales vigentes, que el año pasado acató también el Poder Legislativo. E incluso añadió que está en estudio un proyecto que prevé que los magistrados comiencen a pagar impuesto a las ganancias, a pesar de que están exentos por la intangibilidad de sus haberes.
Los cortesanos exhibieron el borrador del Presupuesto 2002 que había sido acordado en agosto, que preveía 589 millones (sin contar los gastos de la Corte que sumaban un millón aparte), unos 20 millones más que la cifra que se manejó durante el año pasado. Un 90 por ciento del paquete es lo que se destina al pago de salarios. Siempre remisos a los recortes de sueldos hicieron saber, además, que no quieren moverse de esos números por lo menos durante la primera mitad del año. Eso tendría como efecto, por ejemplo, el congelamiento de las vacantes. Sólo si hay una caída grande en la recaudación estarían dispuestos a revisar su postura. De todos modos, la Administración General de la Corte sigue analizando otras alternativas como impulsar que los jueces que están en edad de jubilarse lo hagan. Al final del encuentro Nazareno, presidente de la Corte, dijo que aún no se llegó a ningún acuerdo. “Vamos a seguir estudiando el tema”, sostuvo.