La Cámara Federal dio ayer el paso que faltaba para que el caso por las coimas en el Senado durante el gobierno de la Alianza llegue a juicio oral. Los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun rechazaron la impugnación que los defensores hicieron de los escritos acusatorios de la fiscalía y de la Oficina Anticorrrupción (OA) y dejaron cerca del banquillo a seis ex senadores, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex jefe de la SIDE Fernando De Santibañes y el “arrepentido” Mario Pontaquarto.

Con esta resolución de la Cámara el juez federal Daniel Rafecas ya está en condiciones de mandar el expediente a un tribunal oral. El magistrado, de hecho, dispuso en febrero la elevación de la causa, pero no la había enviado fácticamente a juicio porque estaba esperando el fallo que se conoció ayer.

Es que los abogados de los ex senadores Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo, Ricardo Branda, Emilio Cantarero y José Genoud y de Flamarique, De Santibañes y Pontaquarto habían presentado varios recursos para evitar que el caso llegara a la instancia oral. Entre otras cosas, habían impugnado las acusaciones con las que el fiscal Federico Delgado y el titular de la Oficina Anticorrupción, Abel Fleitas, pedían que el proceso se llevara a cabo. Si la Cámara Federal les daba la razón a las defensas, algunos acusados podrían haberse visto beneficiados con la prescripción. Por el contrario, este fallo es un impulso para el expediente, que Rafecas mandará al tribunal oral antes de fin de mes. Luego, el juez se centrará en analizar la responsabilidad del ex presidente Fernando de la Rúa, que volverá a declarar la semana próxima. En sus escritos, Delgado y Fleitas habían considerado probado que el 18 de abril de 2000 el ex secretario parlamentario Pontaquarto retiró cinco millones de pesos/dólares que fueron repartidos entre los senadores para que votaran a favor de la ley de Reforma Laboral. Según las acusaciones, 4 millones 300 mil pesos fueron entregados al peronista Cantarero, en su departamento, el 26 de abril por la noche y los otros 700 mil los recibió al día siguiente el radical Genoud en su despacho del Congreso.

Las defensas se quejaron porque el fiscal y la OA ratificaron la hipótesis de que la plata de los sobornos salió de la SIDE, hecho que fue relativizado en un fallo anterior la Cámara Federal. La mención al origen del dinero no es casual. Si se tratara de fondos del Estado, los acusados podrían sumar el delito de malversación de caudales públicos o peculado al de cohecho, que es por el que están procesados.

Farah e Irurzun coincidieron en respaldar los escritos impugnados. “Por un lado, no han redundado en una sorpresa inaceptable en lo que se refiere a defensa en juicio y, por el otro, permiten un conocimiento amplio del tribunal en lo que se refiere al único hecho objeto del proceso, sin perjuicio de lo que llegue a probarse respecto de la advertencia latente de los acusadores en lo que se refiere al origen del dinero”, señaló el primero en su voto. En definitiva, el tribunal oral estará habilitado para condenar a los acusados –o al menos al ex jefe de la SIDE– por peculado. En el mismo sentido, los camaristas consideraron que no era motivo para anular las acusaciones el hecho de que se mencionara una reunión en la Casa Rosada en la que se habría acordado el pago de las coimas. Ese encuentro aún está siendo investigado por Rafecas, pero para Farah e Irurzun la referencia no está fuera de lugar ya que se vincula con “la unicidad del hecho, que fue confirmado globalmente por el Tribunal”.

“La Cámara Federal podría haber rechazado los planteos de nulidad formalmente pero, en cambio, analizó todos los argumentos y los respondió. Esto implica, de acuerdo con la jurisprudencia de la Cámara de Casación, que tampoco el tribunal oral podrá dar marcha atrás con estas decisiones”, analizó ayer un funcionario judicial que conoce bien la investigación.