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Habrá gendarmes patrullando en el conurbano bonaerense, pero sin meterse demasiado en las villas miseria porque no conocen el territorio. Los hombres de la Prefectura estarán a cargo de puestos fijos, como las entradas a la provincia de Buenos Aires sobre la General Paz. Y lo más urticante: la Policía Federal hará inteligencia criminal, o sea que investigará a las grandes bandas y a distintas vertientes del delito, algo que seguramente va a irritar a la Bonaerense. Puede llevar a que, por ejemplo, haya un informe de la Federal que diga “la banda de piratas del asfalto que robó siete camiones está protegida por efectivos de tal brigada bonaerense” y posiblemente exista un informe de respuesta en que se mencione que “en verdad la Federal quiere arreglar con esa banda”. Más allá de estos choques, lo concreto es que los gobiernos nacional y bonaerense resolvieron poner en marcha un “comité de crisis” para afrontar la difícil situación de seguridad que se vive en el Conurbano. Oficiales de la Bonaerense dicen que es una virtual intervención y, en privado, hacen trascender que “todo esto cae mal, muy mal”. Especialistas en seguridad –como el comandante retirado Osvaldo Laborda– sostienen, en cambio, que el patrullaje de fuerzas distintas, saturando el Conurbano, va a producir un efecto de disuasión en buena parte de los delitos. La clave estará en los resultados: en especial si hay menos muertes, menos secuestros, menos desapariciones, menos casos Diego Peralta.
La decisión del gobernador Felipe Solá de pedir oficialmente la participación del gobierno nacional en lo referente a la seguridad se debe a varias causas:
- El factor decisivo es que aumentó la sensación de inseguridad. Desde el asesinato del ex presidente de la UIA en Avellaneda, hasta la muerte de Diego Peralta, pasando los numerosos casos de secuestros, el tema de la seguridad viene subiendo en la preocupación de los ciudadanos.
- Hay una latente polémica sobre si los últimos hechos tienen alguna relación con una especie de boicot de efectivos de la Bonaerense contra el ministro Juan Pablo Cafiero.
- También se produjo un debate sobre el efecto de la interna política del PJ en la inseguridad: no faltan quienes afirman que hay un intento de hacerle la vida imposible a Solá después de su anuncio de que se postulará como candidato a gobernador en 2003.
- El proceso de internas abiertas, la confrontación presidencial y la enorme crisis social son todos factores que preanuncian que los problemas de seguridad pueden hacerse todavía más graves en el próximo período.
En ese marco, tras una reunión de varias horas entre el presidente Duhalde, el ministro de Justicia y Seguridad interior, Juan José Alvarez; el gobernador Solá y el ministro bonaerense de Seguridad, Cafiero, se hizo el anuncio de la virtual declaración del estado de crisis en la provincia más populosa del país. Las medidas que se anunciaron son las siguientes:
- Las fuerzas de seguridad federales –Gendarmería, Prefectura y Policía Federal– van a trabajar en el distrito bonaerense.
- La Gendarmería y la Prefectura harán patrullajes y van a instrumentar controles fijos en distintos puntos.
- La Policía Federal no entrará a la provincia de Buenos Aires para evitar que crezca la confrontación que existe entre la Federal y la Bonaerense. Sin embargo, la Federal hará trabajos de inteligencia criminal en el distrito provincial.
- Unos dos mil presos serán trasladados desde comisarías del Gran Buenos Aires a nuevas unidades carcelarias y también al Servicio PenitenciarioFederal. Esto descomprimiría la situación en las comisarías y va a dejar en libertad a numerosos efectivos de la Bonaerense que se dedicarían a patrullar.
Aunque no se anunció todavía, también está el plan de cerrar numerosas comisarías en el Conurbano. La idea es que hoy en día no se necesitan tantos edificios a los que hay dedicar gente para las tareas burocráticas y de custodia. No tiene sentido –se argumenta– una comisaría a 14 cuadras de otra por cuanto los vehículos y las comunicaciones permiten cubrir áreas más grandes. Con menos comisarías, pero más gente patrullando, se ganaría en seguridad, dicen en el gobierno bonaerense.
Tampoco se anunció, pero está en marcha, la inminente instalación de sofisticado software que permite establecer on line un mapa de criminalidad. Si se determina que en un barrio hay 50 robos de autos en una semana y en el de al lado 5, se le preguntará al comisario qué está pasando: o hay una banda o hay complicidad policial o actúa algún otro fenómeno. Lo mismo respecto de los homicidios, secuestros y demás delitos. Se supone que esto permitiría actuar con más precisión para prevenir.
Las resoluciones de los gobiernos nacional y bonaerense no serán fáciles de instrumentar y sin dudas producirán dificultades y tensiones entre las fuerzas. Por ejemplo, cuando se produjeron los saqueos de diciembre, los jefes de la Gendarmería advirtieron que para esa fuerza sería complejo intervenir: “No conocemos los barrios del Gran Buenos Aires, están llenos de callecitas que no figuran en los mapas, no sabemos dónde están verdaderamente los peligros y el mundo de las villas miseria nos resulta desconocido. Además, nuestros hombres tendrían que sobreponerse a trabajar con la sensación de que en cualquier momento les pueden disparar de atrás”. Por todo ello, inicialmente, la idea es que los gendarmes patrullen las calles y avenidas asfaltadas, sobre todo en el primer cordón, que es donde se producen buena parte de los robos, asesinatos y secuestros.
La Prefectura tiene aún menos experiencia en este terreno y trabajará en especial en los llamados puestos fijos, como podrían ser las entradas y salidas a la ciudad de Buenos Aires. Esto releva de esa tarea a efectivos bonaerenses que pueden patrullar dentro de la provincia.
Las disputas entre las fuerzas son un gran peligro y van a poner a prueba la voluntad política que existe en esta operación. Aunque nunca trascendió mucho, se sabe que la Bonaerense y la Gendarmería se han enfrentado varias veces y a los tiros en las autopistas de la provincia. Es que los gendarmes hacían la custodia y chocaban con policías bonaerenses alrededor del negocio y el arreglo con los piratas del asfalto. También se recuerdan otros cruces en el tema de robo de autos: la Gendarmería despotricaba contra los bonaerenses por la enorme cantidad de coches robados y los bonaerenses acusaban a los gendarmes de dejar pasar esos coches hacia el Paraguay. Eso es muy probable que se repita: una fuerza le echará la culpa a la otra de lo que pase.
La Bonaerense queda en una situación más que incómoda (ver aparte). La decisión tomada ayer registra un antecedente que permite visualizar lo que puede suceder. Hace dos meses, la Gendarmería participó durante un mes en la seguridad del Ferrocarril Mitre. Según la empresa, los delitos se redujeron notablemente porque se alteró lo que venía sucediendo: los arreglos de policías federales con delincuentes quedaron en suspenso, los ladrones, buscas, pasadores de droga y quinieleros clandestinos de las estaciones no conocían a los gendarmes, no sabían qué tácticas iba a poner en marcha y todo cambió porque los gendarmes aparecieron como un cuerpo extraño. El fenómeno fue que buena parte de los delincuentes se pasó a otros trenes por un tiempo. Es muy probable que eso se repita: habrá zonas en las que la presencia de nuevas fuerzas aumente la seguridad y tal vez la inseguridad cambie hacia otras zonas. La estrategia oficial será ir avanzando paulatinamente en unos y otros lugares, aunque el fantasma de la crisis, la desocupación y la desigualdad de oportunidades limita mucho la posibilidad de conseguir resultados espectaculares.