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Telecom reclamó ayer formalmente al Gobierno un ajuste de “emergencia” del 30 por ciento en los abonos residenciales, más la aplicación de un índice que preserve de la inflación ese nuevo valor del servicio. La aspiración de la telefónica, al menos en el segmento residencial, está a tono con la que también plantearon a la comisión revisora de las privatizaciones las distribuidoras eléctricas y gasíferas y otras varias concesionarias de servicios públicos, acatando la instrucción oficial de poner por escrito la suba pretendida. Aunque partiendo de cuadros económicos y condiciones contractuales diferentes, la mayor parte de las empresas elabora su estrategia en base a ejes comunes: el futuro aumento no alcanzará para cubrir nuevas inversiones ni repago de las deudas; el Estado debería resignar parte de la carga impositiva que afecta a las tarifas y la renegociación contractual definitiva será competencia del próximo gobierno.
A diferencia de Aguas Argentinas, que postergó su presentación formal hasta el martes, o Edesur, incluida en la mayoría que cede al Estado la misión de difundir el tema, Telecom se ocupó ayer de dar a conocer una síntesis de sus planteos a la comisión renegociadora que preside Roberto Lavagna. Estos se fundan en el criterio de que el precio del servicio ajustado debe traducir la inflación minorista pero, al mismo tiempo, excluir al segmento de clientes con menor capacidad de consumo.
En función de ese parámetro, el paper elevado al Gobierno prevé aumentar en 3,99 pesos el precio del abono residencial, lo que entraña una suba promedio cercana al 30 por ciento. Este incremento sería mayor para los comercios y profesionales, mientras que no sufrirían ninguna modificación las tarifas hoy subsidiadas de “teléfonos públicos sociales”, jubilados y bajos consumos, categoría de usuarios a la que se añadirían los beneficiarios del plan Jefes y Jefas de Hogar. Este capítulo es, en definitiva, similar al de los concesionarios de luz y de gas, que también impulsan una “tarifa social”, con el propósito de sincerar el panorama de ingresos, cada vez más afectado por la morosidad.
Otro concepto reiterado entre las privatizadas es que el Estado debería resignar parte de la carga tributaria contenida en las tarifas para evitar que éstas suban o para moderar ese incremento, las telefónicas y eléctricas entre ellas. Pero es poco probable que Economía admita resignar recaudación. Sólo cuando Lavagna calcule cuánto dejará de percibir por el Impuesto a las Ganancias que las privatizadas dejaron de tributar, le quedarán pocas ganas de pensar en resignar impuestos por alguna vía.
Tampoco es muy factible que el Gobierno propicie subas de la magnitud pretendida por las empresas, aunque los funcionarios reconocen que es imprescindible superar cuanto antes el congelamiento tarifario. El argumento de Telecom es el siguiente: “Nuestro aumento es muy inferior al que tuvieron desde enero los alimentos, que subieron un 59 por ciento”. Por ahora, Economía especula con habilitar en lo inmediato aumentos que no vayan más allá del 10 por ciento y, en todo caso, autorizar un adicional en unos meses, a contramano de los requerimientos empresarios.
Según pudo conocer Página/12, Transportadora de Gas del Norte se animó ayer a pedir un 39,4 por ciento de aumento, porcentaje similar al de GasNor y apenas superior al que, en promedio, calculan las distribuidoras para los clientes residenciales. Los concesionarios de trenes urbanos prefieren no poner una cifra para eludir el costo político de tomar la iniciativa de reclamar un aumento. Pero sus técnicos especulan que, además del subsidio que volvieron a cobrar desde hace un par de meses, los boletos de las primeras secciones deberían encarecerse alrededor del 50 por ciento.
En ningún caso las nuevas tarifas servirán para sostener, dicen las compañías, los planes de inversiones previstos sino, apenas, para garantizar el mínimo mantenimiento. Este ajuste será resuelto por el Gobierno luego de que en setiembre se debata en audiencias públicas, poco seductoras para las adjudicatarias: saben que en ese ámbito no sólo se analizará cuánto se encarecieron sus costos tras la devaluación sino cuánto ganó cada una hasta diciembre. En algún momento Economía tuvo la idea de discriminar según el volumen del negocio de cada una. Pero ahora cobró fuerza una idea casi opuesta, de admitir un aumento limitado y casi homogéneo para todos los servicios.
Ni Eduardo Duhalde ni las empresas quieren avanzar mucho más allá, reformulando los contratos para ajustarlos a la era de la pesificación, previendo alguna indexación y planes de inversión mucho más flexibles. Esta es una misión que uno y otros reservan al próximo gobierno.