El Departamento de Estado norteamericano ya tiene en sus manos el pedido de extradición de la Justicia argentina contra Guido Alejandro Antonini Wilson, el empresario venezolano acusado de haber intentado ingresar al país una valija con 800 mil dólares no declarados. Las autoridades chequearán ahora si los documentos cumplen con todos los requisitos para enviarlos a un juez de Miami, quien deberá resolver sobre la solicitud de captura. Pero será la administración Bush la que tendrá la última palabra, porque la ley norteamericana reserva al Poder Ejecutivo la decisión.

Los papeles fueron entregados por un funcionario de la embajada argentina en Washington. Aunque la Cancillería los había enviado el sábado, la gestión pudo concretarse recién ayer, porque el lunes en los Estados Unidos hubo feriado por el Día del Trabajo.

El pedido de la jueza en lo Penal Económico Marta Novatti se formalizó luego de que el FBI ubicara al empresario en su casa, en el exclusivo barrio de Key Biscayne, Miami.

En el expediente judicial, Antonini Wilson está imputado por el presunto delito de contrabando en grado de tentativa. El portador de la maleta habría dicho, al cruzar los controles de ingreso al país, que llevaba libros y después que se trataba de 60 mil dólares; pero cuando abrieron la valija había casi 800 mil, que quedaron incautados por personal de la Aduana como una violación al régimen de equipaje. Para cuando la Justicia entendió que el caso debía investigarse como un supuesto contrabando agravado por el que se debía interrogarlo, Antonini Wilson ya había dejado el país legalmente rumbo a Montevideo. Recién fue localizado el pasado 23 de agosto.

Antonini Wilson vino al país en un vuelo contratado por la empresa estatal Enarsa. Fue un funcionario de confianza del ministro de Planificación Julio De Vido, Claudio Uberti, quien aceptó que subiera al avión por pedido de Daniel Uzcátegui, hijo del vicepresidente de la petrolera venezolana Pdvsa. Por las repercusiones del hecho, tanto Uberti como el vicepresidente de Pdvsa tuvieron que renunciar. Además de la causa que llevan Novatti y la fiscal María Luz Rivas Diez, en el fuero federal hay otra que investiga lo actuado por los funcionarios públicos. Las hipótesis de este segundo expediente van del supuesto lavado de dinero a presuntos sobornos.