Esa tonada encantadora y el famoso mate con peperina entre las sierras dejaron de ser sinónimo de sosiego y bellezas naturales. Desde el lunes a la madrugada, Córdoba vive su situación institucional más grave de los últimos años. Un gobierno ¿electo? deslegitimado, otro saliente sospechado y en el horizonte inmediato la perspectiva de un Ejecutivo debilitado. La pelea por el poder político en Córdoba tiene ahora tres frentes: el mediático, el jurídico y la calle. Así, la jornada de ayer fue a puro vértigo. Tras varios días de bajísimo perfil en los que no había dicho nada sobre la polémica elección, el gobernador José Manuel de la Sota habló por cadena desde la TV. En el mensaje pidió “un escrutinio incuestionable, que consagre a mi sucesor y que sea aceptado por todos”. Mientras, los seguidores de Luis Juez se movilizaron al Correo y a Tribunales, donde el candidato opositor presentó su denuncia a la Justicia firmada por los apoderados de su partido en los que detalla cuáles son las supuestas irregularidades que lo llevan a hablar de fraude.

Desde entonces, la madrugada del lunes, toda la provincia habla de lo mismo: si hubo fraude, si corresponde revisar las urnas voto por voto. Con Córdoba más polarizada que nunca, las declaraciones parecen propias de una guerra. “Como aprendiz de Nerón está queriendo prenderle fuego a esta ciudad y dividir la provincia de Córdoba”, dijo Schiaretti sobre Juez. “Vicegobernador (por Schiaretti), no tenga miedo, abra las urnas, contemos voto por voto. Lo desafío: si usted me ganó en buena ley, quiero ir a saludarlo a su casa”, replicó el intendente y supuesto derrotado.

Poco antes de que De la Sota rompiera su mutismo, el juecismo había lanzado el gesto de protesta más fuerte para exigir la apertura de urnas. Con el peso que significaba el 42,45 por ciento que obtuvo el domingo, el intendente electo de la capital, Daniel Giacomino, anunció que no asumirá su cargo hasta que no se revise voto por voto. Giacomino hizo el anuncio acompañado por legisladores y concejales electos por el Frente Cívico y Social. Ellos tampoco asumirán, dijeron, hasta que no se haga el recuento. “Está en juego la legitimidad de la elección”, dijo Giacomino.

El mensaje en cadena de De la Sota tuvo una rápida respuesta del propio Juez. Tras escucharlo en televisión, Juez lo criticó con palabras muy duras. “Me avergüenza el gobernador que tengo, que apele al miedo, al temor, prácticas fascistas si las hay como ninguna. ¿Qué más temor pueden tener los vecinos si todavía no saben quién es su gobernador?”, dijo. Un rato antes, el jefe de campaña de Schiaretti y principal operador de De la Sota, el diputado Carlos Caserio, había responsabilizado a Juez si llegaba a haber algún “lastimado”. Caserio también había convocado a los simpatizantes del PJ a concentrarse frente a la gobernación.

El temor a un choque callejero había surgido a partir del mediodía. A esa hora la capital estaba atenta a lo que pasaba en dos partes de la ciudad: los seguidores de Juez se movilizaron al Correo y luego a los Tribunales, alrededor de la Casa de Gobierno comenzaban a juntarse los militantes del PJ. “No hay ninguna elección que justifique un cordobés lastimado”, advirtió en ese momento Caserio. Las marchas habían sido cuestionadas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Armando Andruet. A través de una solicitada que apareció ayer en los diarios cordobeses, el magistrado exhortaba a mantener la “paz social”.

A partir del predicamento que tiene el Frente Cívico y Social en la capital, el propio Juez tenía previsto encabezar una nueva marcha ayer a partir de las 18. Al final decidió postergarla para mañana. “Queremos hacer algo más organizado”, dijo José Segura, jefe de prensa del juecismo. Los que no suspendieron su acto fueron De la Sota y Schiaretti. Anoche, desde los balcones de la gobernación, el gobernador reclamó a la Justicia que “no se deje atropellar” y que “falle de acuerdo a su leal saber y entender”. “No queremos que haya ninguna pretendida pueblada que condicione el accionar de nuestros jueces”, aseguró.

Con palabras casi calcadas a las de su jefe político, Schiaretti también acusó a Juez de incitar a la “rebelión popular”. “Este acto lo han hecho espontáneamente los intendentes para defender nuestro legítimo triunfo. Le acabo de proponer al señor Juez que deje de incitar a la rebelión popular y que vayamos a la Justicia. Juez quiere anular la elección, incendiar la ciudad y la provincia”, afirmó.

Mientras los rivales se cruzaban acusaciones, la pelea seguía en la Justicia. Desde el máximo órgano del Poder Judicial, el juez Andruet se manifestó “ingratamente sorprendido” por la demora en el escrutinio. Le pidió informes a la jueza electoral, Martha Vidal, para que informe si hubo irregularidades y explique las razones del atraso en el conteo de votos. “Yo no me hago cargo de ningún papelón”, dijo Vidal y pareció responsabilizar al Correo Argentino. El secretario del juzgado electoral, José Pérez Corti, informó que hoy comenzará el recuento definitivo pero sin abrir las urnas, como exige el juecismo: se revisarán las actas firmadas por fiscales y presidentes de mesa.

Juez y su entorno están seguros de que hubo fraude. Para probarlo presentaron una denuncia ante la Justicia firmada por los apoderados del partido. En el escrito se consigna:

- que al final del escrutinio aparecieron 166 mesas más que al inicio del comicio no estaban registradas (el juzgado electoral había informado la existencia de 5986 mesas, al final del comicio el sistema informático mostraba 6152);

- que durante el escrutinio se extraviaron cuarenta telegramas con resultados;

- que en las actas figuraban votos para gobernador de partidos que supuestamente presentaban sólo candidatos vecinales;

- que el 2,05 por ciento de las mesas aún no fueron escrutadas a pesar de que ya se cerró el conteo.

Con su estilo tan particular, Juez reclamó al juez Andruet que “no mariconee” y ordene el recuento “voto por voto”. “Usted es responsable de la jueza electoral, que ha actuado con negligencia, desidia, malicia”, dijo.

Poco más tarde, el Tribunal Superior de Córdoba –el máximo órgano judicial de la provincia– emitió una acordada en donde llamó a “preservar la paz social”. En esa dirección, cuestionó la convocatoria a manifestaciones públicas a propósito del resultado de las elecciones.