A partir del hallazgo de armas de guerra en poder de tres represores que gozan de prisión domiciliaria y de otro arma en el dúplex de Prefectura que ocupó Héctor Febres hasta el día de su muerte por envenenamiento, la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos exigió ayer que procesados o condenados por delitos de lesa humanidad sean trasladados a unidades custodiadas por el Servicio Penitenciario Federal “con las mayores medidas de seguridad y sin ningún trato de privilegio”.

A partir de un pedido del abogado Alejo Ramos Padilla, el juez federal de La Plata Arnaldo Corazza allanó las casas de los represores de la comisaría 5ª Osvaldo Sertorio, Rodolfo Aníbal Campos y Horacio Elizardo Luján. En los tres casos el resultado fue positivo: se encontraron escopetas, fusiles y revólveres, varios con la numeración limada. Ramos Padilla solicitó entonces que se les revoque el beneficio de prisión domiciliaria a todos los procesados por delitos en la comisaría 5ª, grupo que también integran Rodolfo González Conti, Juan Fiorillo, Luis Vicente Petraul y Alejandro Agustín Arias Duval.

Ante los hallazgos de los arsenales, sumados a la desaparición no esclarecida de Jorge Julio López y la muerte de Febres, la fundación considera que “la cárcel ordinaria y efectiva debe garantizar la seguridad de los testigos y funcionarios que tienen a su cargo el juzgamiento de represores y de los militantes sociales” que impulsan los juicios.

Los abogados también solicitan a los jueces que allanen “todos los domicilios donde cumplen arrestos domiciliarios” y trasladen a los represores a “unidades de máxima seguridad”. Enfatizan la necesidad de controlar especialmente a los militares y policías detenidos en el interior del país, “alojados en unidades militares que confunden la restricción de la libertad con hoteles donde conviven con sus camaradas de armas e influyen con su ideario antidemocrático”.

La semana pasada, los presos en la causa Esma fueron trasladados a la prisión de Marcos Paz.