Buenos Aires no va a estar bueno para los 2000 empleados públicos que a partir del martes se quedan sin trabajo. Para la gestión de Mauricio Macri, se trata de contratos políticos, designaciones realizadas en el último año, cuyos servicios no son considerados necesarios por los ministros de cada área. Para los gremios ATE y Sutecba, en cambio, los afectados son trabajadores que en su mayoría venían cumpliendo tareas desde hace años, en condiciones de precarización laboral, y que fueron incorporados al régimen público, con aportes jubilatorios y sociales, en 2005 y 2006. Ayer, afiliados a ATE se movilizaron frente a la sede del gobierno porteño. Al igual que el Sutecba, impulsan medidas de fuerza progresivas a partir del miércoles. Pese a eso, desde el macrismo aseguraron ayer a este diario que la decisión “no será revisada”. Y suben la apuesta: aseguran que “se estudiarán otros 18.000 contratos que fueron renovados por sólo tres meses”, por lo que en marzo podría haber más cesantías.

En la ciudad hay unos 20.500 trabajadores contratados bajo el régimen de los decretos 948 y 959. “Mediante esa modalidad se incorporó a los trabajadores que venían prestando servicio con contratos precarios, algunos desde hace 10 o 15 años”, explicó a Página/12 Alejandro Amor, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba).

Según el gremio, los trabajadores a los que no se les renuevan los contratos que finalizan el 31 de diciembre trabajan en jardines maternales, hogares de la tercera edad, comedores, centros culturales, Espacios Verdes, Dirección de Rentas, en la radio Ciudad y en el canal Ciudad Abierta.

“En su mayoría son trabajadores que cobran haberes de entre 900 y 1300 pesos y muchos cumplen funciones en programas sociales”, agregó Rodolfo Arrechea, vocero de ATE Capital. “No vamos a defender a ñoquis, pero tampoco vamos a permitir que cesen los contratos de compañeros que cumplen tareas en distintas áreas”, agregó.

Uno de los sectores afectados fue la Dirección de Reciclado, donde fueron cesanteados 36 de los 96 empleados que trabajan en el sector. “Yo trabajo desde 2003 en las investigaciones sobre el circuito de la basura que han sido publicadas y que hoy les sirven a los nuevos funcionarios para su trabajo”, relató a Página/12 Félix, antropólogo, uno de los trabajadores despedidos. La Dirección de Reciclado fue tomada ayer por el personal del sector, como protesta por los despidos.

La cesantía alcanza también a muchos trabajadores que integraron el Plan Jefes y Jefas de Hogar, que cumplían tareas dentro del gobierno porteño por 150 pesos y que fueron incorporados al régimen de contratos a partir de una ley sancionada por la Legislatura, en 2006.

Desde la Legislatura, la diputada kirchnerista Gabriela Cerruti salió a criticar la medida del macrismo. “Durante mi gestión, en los últimos dos años, se incorporaron 1200 personas al Ministerio de Derechos Humanos y Sociales”, admitió la legisladora, ex titular de esa cartera. “Pero ingresaron para trabajar en planes sociales como el programa Ciudadanía Porteña, los paradores de mujeres o la casa para tratamiento de adictos al paco”, precisó. Cerruti cuestionó la “lógica empresaria por la que se rigen (Mauricio) Macri, (el jefe de Gabinete Horacio) Rodríguez Larreta y (el ministro de Hacienda Néstor) Grindetti”.

Una delegación de trabajadores de ATE fue recibida ayer a la tarde por colaboradores del secretario general del gobierno porteño, Marcos Peña. “Nos escucharon y prometieron dar una respuesta”, relató el diputado Martín Hourest, del bloque Igualdad Social, que integró la comitiva. “El gobierno dispuso el cese de contratos sin definir previamente la planta óptima de trabajadores que necesita”, cuestionó luego el legislador, en diálogo con este diario. Hourest recordó que tanto Rodríguez Larreta (promotor del cese de los contratos) como Grindetti habían asegurado en la Legislatura, cuando defendieron el proyecto de presupuesto, que los contratos “no serían tocados”.

ATE convocó para el miércoles a un plenario de delegados, donde anunciará las medidas a adoptar, que serán “paros escalonados y una movilización para el viernes, con cortes de calles”. El Sutecba ya anunció un paro de tres horas para el miércoles, de cuatro horas para el jueves y de todo el día para el viernes, con una movilización para las 11 de la mañana a la sede del gobierno porteño.

Pese a esos anuncios, un ministro del gobierno directamente vinculado con la decisión de recortar el personal ratificó la medida. “Vamos a eliminar los contratos políticos. La evaluación que hicieron los ministros indica que el personal al que no se le renueva el contrato no es necesario”, aseguró. Tal afirmación hace prever que el conflicto será duro y se extenderá durante el verano, Por lo pronto, ya fue postergado el comienzo de las colonias de vacaciones para el 7 de enero.